La Secretaría de Derechos Humanos realizó una presentación ante la justicia federal de Bariloche para ser querellante en el proceso judicial que busca determinar las responsabilidades por el crimen de Rafael Nahuel, el joven mapuche que perdió su vida violentamente en noviembre de 2017.
A través de esta solicitud, la Secretaría busca impulsar la investigación por la muerte de Rafael Nahuel y también, dar una señal de repudio a los hechos de violencia institucional.
Entre otros de los objetivos de esta propuesta, buscan contribuir a la búsqueda de Verdad y Justicia como paso fundamental para la no repetición de estos casos, y asimismo evitar que el Estado argentino sea condenado internacionalmente por violaciones a los derechos humanos.
El caso ocurrido a tan solo tres meses de la desaparición y posterior muerte confirmada de Santiago Maldonado, volvió a poner en la lupa el manejo de las fuerzas federales de seguridad por parte del ministerio que en ese momento conducía Patricia Bullrich. La por entonces ministra siempre hizo una defensa irrestricta de los prefectos, uno de los cuales le disparó por atrás al joven. Las pericias determinaron que la bala que mató a Nahuel (que estaba desarmado) era coincidente con las armas que portaba el escuadrón de prefectos, aunque otros estudios no permitieron concluir que quien le haya disparado haya sido Francisco Pintos, el principal acusado hasta el momento.
El caso
Según las pericias que constan en el expediente, Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda por una bala de un miembro del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina durante un operativo por un conflicto territorial.
El operativo que se desplegó el 25 de noviembre de 2017 estuvo a cargo de la unidad Albatros en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, cuando integrantes de la comunidad reclamaban por tierras en la zona. Fueron seis los agentes que llevaron adelante la persecución en el predio que terminó en el asesinato.
Lo último que se supo de la causa fue la anulación del procesamiento del prefecto Francisco Javier Pintos, uno de los principales acusados de matar de un disparo a Rafael Nahuel en la localidad de Villa Mascardi, en Río Negro, que había sido procesado por "homicidio calificado por el uso de armas".
En octubre de 2019, la cámara Federal de Casación Penal canceló el procesamiento dictado para Pintos, quien era integrante del grupo Albatros de Prefectura Naval. En ese momento, los magistrados aseguraron que se trató de un fallo "arbitrario" y por "esas y otras irregularidades en la valoración de los hechos y las pruebas corresponde anular el pronunciamiento de la Cámara de General Roca, apartar a sus jueces del caso y ordenar que se dicte una nueva resolución".
La Casación sostuvo que existió una agresión contra los prefectos: "Los oficiales fueron agredidos por integrantes de un grupo que días antes ya había demostrado una elevada hostilidad que incluso culminó con policías heridos de gravedad".
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