Las facturas (no solo) a la Corte Suprema

Escasea la pedagogía del lawfare. Que se comprenda que el lawfare no es una cuestión judicial, que es una política económica. Que el objetivo final no es el encarcelamiento de opositores sino su proscripción política, que las causas judiciales armadas son un método de distracción y justificación de su verdadera esencia: la implementación de políticas económicas de miseria planificada, imposibles de imponer sin la demonización de los que tienen ideas contrarias y el miedo de los que quieran enfrentarla.

Sin la cobertura de la Corte no hay (en presente, sí) lawfare, pero apuntar exclusivamente a los tribunales es quedarse en el plano corto. Los resultados del lawfare no están sólo en los expedientes judiciales sino, esencialmente, en las facturas de luz, en el precio de la comida y los medicamentos, en los balances de bancos, financieras, cerealeras y empresas de telecomunicaciones, en las cuentas en guaridas fiscales. La Corte no tiene que dar respuesta sólo de las prisiones preventivas, de las causas armadas, del espionaje ilegal, sino también de las tarifas, los precios, el endeudamiento y la fuga.

Esta Corte Suprema integrada por dos jueces (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) que aceptaron violar la Constitución para asumir el cargo, otro (Ricardo Lorenzetti) que fue el titiritero del lawfare y un cuarto (Juan Carlos Maqueda) nombrado por un senador en el ejercicio de la Presidencia, no sólo ofició de paraguas de la persecución judicial sino que habilitó la convalidación de los tarifazos -incluidos los ataques a los jueces y fiscales que intentaron frenarlos- y el festival de espionaje ilegal desatado durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Esta Corte viene convalidando sistemáticamente las políticas neoliberales y desmantelamiento de derechos humanos fundamentales, y lo hace en plena articulación con los intereses del neoliberalismo global a los que solo les interesa violar nuestra soberanía", dijo el documento que firmaron los organismos de DDHH, la CTA y algunos gremios de la CGT que participaron de la movida. Da en el punto.

La participación de los sindicatos es clave. La persecución contra dirigentes gremiales tuvo el mismo objetivo que la de la proscripción de políticos partidarios: la eliminación de derechos sociales y económicos. A los armados de causas contra la familia Moyano o lo que se vio en el video de la "Gestapo" antisindical hay que sumarle los intentos de desplazar al camarista laboral Enrique Arias Gibert por convalidad una paritaria bancaria, el agravio del propio Macri contra Héctor Recalde al señalarlo como el jefe de la mafia de los abogados laboralistas y la amenaza del ex presidente por cadena nacional contra el dirigente docente Roberto Baradel.

Macri tenía claro que en los sindicatos podía encontrar resistencia a sus políticas económicas y el lawfare fue la táctica para intentar neutralizarlos. Que la CGT no apoyara la movilización es también todo un mensaje, casi en línea con la élite empresarial con la que parte de su conducción ya tuvo sus arrumacos.

El reclamo ayer fue a la Corte, al Poder Judicial. Pero lo que subyace implícito es un reclamo económico y los medios de comunicación del establishment lo entendieron. Por eso calificaron una convocatoria crítica como un ataque, un hostigamiento, un avasallamiento. Porque saben, en definitiva, que el reclamo real es contra ellos, sean los dueños de los medios o quienes los financian para determinar su línea editorial. Y saben, también, que no hay Reforma Judicial viable sin una democratización del sistema de medios. Es un sistema que se retroalimenta.

Vale siempre un ejemplo: Paolo Rocca no pone publicidad en Clarín y sus satélites para vender más caños sin costura. Ese dinero no es para hacer marketing. El dinero en los medios compra sobre todo silencios y, en menor medida, opinión publicada disfrazada de opinión pública. “Por suerte la opinión pública todavía no se ha dado cuenta de que opina lo que quiere la opinión privada”, sintetizó el gran Quino.

Es difícil que la Corte Suprema cambie por una movilización. Es cierto que la multitudinaria convocatoria contra el 2x1 para genocidas logró torcerle el brazo aún en tiempos de Mauricio Macri en la presidencia. Pero quienes transitan tribunales saben que desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales los cortesanos escuchan mucho más a los miembros del establishment que lo que sucede en la calle. No sería necio apostar a que la Corte responderá con algún fallo contra el Gobierno, y menos aún que ese revés coincidirá con alguna de las visitas del staff del FMI.

Pero más que una reacción de la Corte la incógnita es como responderá el Gobierno a la marcha de ayer. El presidente Alberto Fernández repitió esta semana que las demoras en la Reforma Judicial no dependen de él sino de que el Congreso vote el proyecto que envió en 2020. Hay algo cierto, envió el proyecto. Pero luego la cuestión es más compleja. Ese proyecto apenas tocaba la superficie de la ciénaga de Comodoro Py y no generó mayor preocupación en los sectores de la familia judicial ligados al lawfare. Incluso la idea inicial de retocar también el fuero Contencioso Administrativo (donde se litiga contra el Estado) quedó abortada en medio de las negociaciones. Por otro lado, el proyecto tuvo rápida media sanción en el Senado pero quedó trabado en Diputados por un puñado de votos que el Gobierno no supo conseguir.

En el ministerio de Justicia, por su parte, aseguran que ya tienen listos una batería de proyectos para acotar la discrecionalidad de la Corte Suprema, que van en línea con la movilización de ayer así como con las recomendaciones que la Comisión Asesora de la Reforma Judicial le hizo al presidente pero que no se concretaron. Cuestiones como la reglamentación del uso del artículo 280 o del recurso extraordinario, herramientas que hoy tiene la Corte para definir un expediente sin justificar o aceptar tratarlo o no de manera discrecional, están escritas pero aún no fueron giradas al Congreso. Prima la metodología de no dar batallas que (se cree) no se pueden ganar, que no comparten todos los que integran la coalición gobernante y, de seguro, muchos de los movilizados el 1F.

“No nos dan los números” repiten en el Gobierno ante la consulta tanto de los avances de los proyectos de Reforma Judicial como, por ejemplo, de la situación del procurador interino Eduardo Casal, que lleva más de 4 años en el cargo del cuál Macri, Clarín, Comodoro Py y los estudios de abogados de la city se ocuparon de eyectar a Alejandra Gils Carbó. Es cierto, el Gobierno no cuenta con esos resortes del poder real; también que propuso a Daniel Rafecas para el cargo pero luego su pliego ni se movió.

Para las sesiones extraordinarias el Gobierno envió el proyecto para modificar la conformación del Consejo de la Magistratura. Cumplió con el fallo de la Corte, decisión que repuso una ley derogada por el Congreso mientras se debate una nueva. En la facultad de Derecho deberán enseñar como se aplica una ley que no existe más, pero mientras tanto lo concreto es que el 25% de los cargos para jueces están vacantes porque el diseño institucional del Consejo de la Magistratura, el órgano que los designa, pide una mayoría de dos tercios que la actual polarización política hace impracticable.

La traba que existe para nombrar jueces también opera para frenar sus destituciones. Que cuando se inicia un expediente judicial nadie pregunte qué pasó sino a qué juez le tocó y con eso ya puede acertar el resultado no se modificó. Tampoco los nombres que ocupan oficinas en Comodoro Py pese a que está más que probado su rol como engranaje del lawfare. Por ejemplo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, los asiduos visitantes de Macri en Olivos y la Casa Rosada, siguen en el máximo tribunal del país. Entre los fiscales la cosa no cambia: Carlos Stornelli, procesado por espionaje ilegal, sigue en su cargo. Son ejemplos, hay muchos más.

El lawfare hasta ahora sigue casi intacto, a sola excepción de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que incluye la prohibición de que los espías participen en causas judiciales y que la gestión de Cristina Caamaño por primera vez transparentó sus fondos. El lawfare sigue intacto en sus actores y sus consecuencias. Y también en su comprensión. El 1F puede ser un buen punto de partida para que esa pedagogía del lawfare cale más hondo, haga más complejo pero a su vez materialice el problema.