El operador judicial de Mauricio Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, diseñó una nueva maniobra al solicitar “asilo como refugiado político” en la República Oriental del Uruguay. Uno de sus anteriores experimentos lo ubicamos por el año 2008 cuando dirigió la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), organismo de Mauricio Macri en CABA, señalado por apalear a gente en situación de calle; verdadero grupo de tareas de eugenesia social clasista que funcionó en plena democracia. Y entre otros de sus sonados ensayos se le adjudica la autoría del Decreto PEN N° 83/15 que intentaba la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “en Comisión”.
La solicitud de Simón no hace más que banalizar la condición de millones de personas en el mundo que han tenido que escapar de matanzas étnicas, guerras infinitas, catástrofes naturales, zonas de hambre extrema y de toda aquella persecución que amenaza la vida de seres humanos castigados por razones políticas, religiosas o de nacionalidad. El Estatuto del Refugiado suscripto por 142 países fue receptado en la Convención de Ginebra de 1951. A través de ella los Estados miembros se obligan a garantizar la seguridad de los damnificados bajo el principio de non refoulement (no devolución) a sus países de origen. Con el fin de respaldar dicha tarea, la ONU creó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), encargado de proteger a los desplazados, refugiados y requirentes de asilo. Y mientras el Refugio tiene un carácter apolítico, al asilo si se lo vincula con la persecución política y dado el país del que se hable pueden ser normativamente asimilados o diferenciados.
Demás está decir que en la Argentina de hoy nada de ello sucede, de ahí la breve explicación que busca poner de relieve el sobreactuado pedido de Simón o la táctica de la profecía auto cumplida. “He oído por muchos lados que me quieren meter preso”, dijo ante un pasivo entrevistador/operador/periodista. Cuestión falsa porque la denominada “doctrina Irurzun” no tiene más vigencia, mucho menos de parte de un Poder Judicial complaciente ante funcionarios del anterior gobierno, como así tampoco persiste en “derecho procesal creativo” (Bonadío, dixit). Simón hubiera cumplido la tramitación de su causa en absoluta libertad ambulatoria como estipula el Estado de Derecho. (No hubiera podido salir del país sin previa autorización judicial que era lo verdaderamente importante para él).
Lo que Simón quiso evitar es una resolución fundada en la cantidad de pruebas que se acumulan en su contra por el seguro procesamiento que la jueza le iría a dictar tras el acto de indagatoria. No obstante, mientras no exista instrumento formal emanado por autoridad judicial que difunda, explique y evidencie los ilícitos Simón – PRO, “Pepín” podrá victimizarse de manera fingida. Lo que no está en el expediente no existe, se reza en Tribunales.
Ahora sí, ya no frente a hipotético riesgo de fuga o por posible entorpecimiento en la recolección de pruebas en etapa instructoria, Simón ha decidido convertirse en prófugo. Técnicamente en este momento es un “perseguido”, en debido proceso legal, pero perseguido al fin. Ahora sí irá preso de obtenerse su detención a requerimiento de la Dra. María Servini. Él mismo ha pasado a ser su auto profecía cumplida.
El resto del PRO observa con asombro la maniobra de Simón a igual tiempo que ataca a la democracia desde varios frentes y en defensa propia.
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