La cuestión central para una democracia amenazada

La pretensión de que “la política” no se concentre en la cuestión electoral, dada la extrema gravedad de la situación económico-social que atravesamos es una expresión de voluntarismo “políticamente correcto”. Las direcciones partidarias están comprometidas en la competencia electoral; casi podría afirmarse -teniendo en cuenta el abundante testimonio al respecto que provee la comparación política- que esa es la única función central en la que los partidos no pueden ser reemplazados. Todas las otras funciones que históricamente desempeñaron los partidos están hoy en manos de poderes no electivos, de los medios de comunicación, de los grupos corporativos de presión, en fin: de sectores cuyas funciones políticas no están regladas y constituyen funciones “de facto” cuyo ensanchamiento debilita la democracia.

Lo que sí podría exigírseles a los partidos es que los rituales preelectorales se articulen con la grave situación social que vivimos. Es decir que la escena electoral se concentre en dirimir cómo sale la Argentina de esta grave situación social, que converge, además, con una no menos grave situación institucional. Parte del núcleo institucional ha dejado de ser, en nuestro caso, un aporte para enfrentar dificultades socioeconómicas y se han convertido en parte central del problema. La escena se ha superpoblado de actores que toman decisiones autoritarias en aspectos especialmente sensibles para nuestra convivencia social. Solamente con estudiar el comportamiento del gran empresariado frente al drama de una inflación disparada alcanza para diagnosticar la gravedad del cuadro. Un alto empresario dijo públicamente y en tono jocoso que su reacción frente a la inflación desenfrenada es la de remarcar de modo sistemático el precio de los productos de su actividad empresarial.

Cualquier intervención estatal para morigerar las gravísimas consecuencias económicas de la situación es resistida de modo enérgico y a veces violento. La “libertad” es entendida por un puñado de actores económicos poderosos como la conversión del mercado en un ámbito de la guerra de todos contra todos, situación contra la cual surgió la moderna teoría del estado. La ausencia de reglas o -lo que es su equivalente- la impotencia del estado para hacerlas cumplir, ha colocado a nuestro país en una grave situación; una situación que ha desbordado el límite de la guerra económica y financiera y ha devenido una toma por asalto de las reglas institucionales por parte ya no de un poder fáctico extraño a las instituciones democráticas sino del poder judicial cuyo rol en el Estado es justamente hacer que rijan las leyes y la constitución.

Solamente con observar el comportamiento de los cuatro miembros residuales (el término está usado, en este caso, por las contingencias a través de las cuales se generó esa situación y no por otras razones que bien podrían ser sumadas). Cuando parecía que habíamos visto todo (leyes derogadas y reemplazadas por la corte, manipulación de la conformación del Consejo de la Magistratura, en clara rebeldía contra la constitución, entorpecimiento de la aplicación de límites a las ganancias empresarias en rubros considerados de alta sensibilidad social como el caso de las tarifas para el uso de las tecnologías comunicación y complicidad manifiesta con mafias que negocian fallos, con empresarios extranjeros que organizan la rebelión contra el poder democrático …más un largo etcétera. Y ahora la frutilla del postre: la Corte decide por sí y ante sí que dos provincias del país no puedan hacer su elección como estaba prevista en ejercicio de la autonomía de las provincias que es el corazón del espíritu de la constitución nacional. Curiosamente se trata de dos provincias cuyos resultados, según todas las previsiones, sería favorable al peronismo.

En Argentina se avanza con pasos sólidos y veloces en la dirección de un golpe de mano como los que han jalonado nuestra historia durante gran parte del siglo pasado. Lo que antes se ejecutaba desde los cuarteles militares, ahora se ejecuta desde la sede del máximo tribunal judicial, con el concurso de la estructura del poder material dominante entre nosotros, reducido en número pero poderoso en recursos. Y esto ocurre en la misma semana en que una colaboradora de un importante dirigente de Juntos por el Cambio se presenta en la justicia para denunciar que su celular (comprometido como estaba en una sucesión de revelaciones que comprometen a ese espacio político con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner) fue “limpiado” en un operativo dirigido por una de las principales figuras de esa agrupación, la señora Patricia Bullrich.

Estamos ante el fenómeno de un comportamiento mafioso de parte de un sector políticamente influyente desde la escena electoral y de la cabeza del poder judicial. Todo esto en el contexto de una grave crisis económico-social sobre cuyas causas se puede (y se debería) discutir mucho, pero que en ningún caso puede desligarse del acercamiento del ex presidente Macri con el FMI y la contracción de una deuda sin antecedentes mundiales en la historia y cuyo empleo no tuvo nada que ver con ningún interés de la nación y de su pueblo y sí con maniobras de fugas de divisas por parte de grandes grupos económicos y financieros.

El cuadro es revelador: muestra la trama central de las fuerzas que resisten cualquier intento de fortalecimiento institucional y de recuperación social de nuestro país. Y la dirección -más consciente y deliberada o menos según los actores- es la de terminar con la etapa política que se abrió en la Argentina con la grave crisis de fines del año 2001. Una crisis que desbordó a los grupos más poderosos, que no lograron, como en otros casos, controlarla y superarla. Esa etapa es la que procura ser cerrada definitivamente. Y los protagonistas de la intentona no son solamente ciudadanos argentinos económicamente poderosos sino agencias extranjeras que ven con preocupación cualquier posibilidad de decisiones de orden geopolítico que no coincidan con los intereses de la que todavía es la principal potencia mundial.

Todo esto empieza a girar en torno a una “baraja electoral” que todavía no se ha dado vuelta: la candidatura presidencial de Cristina Kirchner. Se trata de la principal dirigente política con mucha distancia de quien pudiera escoltarla. Cristina sufre una persecución judicial intensa y prolongada que se materializa en una condena a la cárcel y a la exclusión política, cuyos dos pasos pendientes son la revisión de la Cámara de Casación y de la Corte Suprema.

Es decir, en estos días se resuelven situaciones de gravísima importancia institucional. Situaciones que señalan la frontera entre un país institucionalmente debilitado y asediado y un país nuevamente derrotado y reenviado a su vieja historia de golpes y autoritarismo. Un país devuelto a la experiencia de la proscripción y su legado conocido y sufrido desde 1930 hasta 1983: la ilegalidad, la persecución y la muerte.

Cristina Kirchner es, al mismo tiempo, una víctima central de este proceso de regreso a las sombras de nuestro pasado político y la principal posibilidad política y electoral de enfrentarlo con alguna probabilidad de éxito. La discusión sobre su candidatura es la cuestión política central de estos días.