La Corte le declaró una guerra abierta a CFK

La Corte Suprema de Justicia le declaró una guerra abierta a Cristina al anular la partición del bloque de senadores del Frente de Todos para quitarle una banca al oficialismo en el Consejo de la Magistratura y dársela a Juntos por el Cambio, que festejó la decisión suprema. El fallo que firmaron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda hace lugar a un planteo opositor, viola la división de poderes y obliga a la Vicepresidenta a dar una respuesta contundente justo cuando el Poder Judicial comienza a “rodearla” con la amenaza de reabrir causas de persecución que están cerradas como Dólar Futuro, el Memorándum con Irán y el caso Hotesur - Los Sauces. Además, suenan de fondo los clarines judiciales en el caso Vialidad, donde los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se condene a Cristina a 12 años de prisión y se la inhabilite para siempre a ejercer cargos públicos. A esto se suma el retaceo de recursos por parte del máximo tribunal del país a quienes deben investigar el atentado contra CFK.

La jugada de los cortesanos sorprendió a propios y extraños en el Consejo porque muchos la interpretaron como innecesaria. Si la Corte no tomaba esta decisión, a partir del 18 de noviembre el Consejo de la Magistratura iba a comenzar una nueva etapa con otra conformación. Al menos, eso es lo que estaba en los cálculos de quienes integran el órgano que selecciona y sanciona jueces, que debe renovarse a partir de esa fecha. Ya fueron electos 12 de sus nuevos 20 miembros. Solo restan los 8 representantes del Congreso, 4 por el Senado y 4 por Diputados. Es en esa designación donde metió bocado el Alto Tribunal este martes. Y como son los presidentes de cada cámara los que designan por nota a sus representantes el gran interrogante ahora es si el Parlamento enviará a sus consejeros o ante esta provocación suprema cambiarán su postura. Las consecuencias de la resolución que firmaron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda son incalculables aún. Lo que está en juego no es solo la paralización de un órgano clave para el Poder Judicial.

El fallo de la Corte tiene distintas aristas. Una jurídica, otra institucional y finalmente, una política.

En materia jurídica, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda anularon la división del bloque de senadores del Frente de Todos que realizó CFK y que en su momento le dio como resultado una banca más al oficialismo en el Consejo de la Magistratura en detrimento de la oposición. Esta había sido una respuesta de la Vicepresidenta a la toma por asalto del Consejo que había realizado el Tribunal Supremo el 16 de diciembre de 2021. Entonces, la Corte Suprema estableció que la conformación del órgano de selección y sanción de jueces que funcionaba desde el 2006, de 13 integrantes, era inconstitucional. Es decir, que funcionó 15 años en contra la Constitución. Así, cambió su estructura, la elevó a 20 miembros, y ubicó como presidente del Consejo al presidente de la Corte.

Según la ley derogada que la Corte puso en vigencia corresponden dos consejeros de la Magistratura al bloque con mayor representación en el Parlamento, uno a la primera minoría y uno a la segunda minoría. En ese entonces el Frente de Todos tenía un bloque de 35 miembros, el radicalismo uno de 18 y el PRO uno de 9. La jugada del Frente de Todos, ante la maniobra ilegal de la Corte, fue dividir en abril de 2022 su bloque en dos, uno de 21 y otro de 14 miembros respectivamente, con lo que se quedó con 2 consejeros por el bloque mayoritario (María Inés Pilatti de Vergara y Mariano Recalde) y uno por la segunda minoría (Martín Doñate). El senador del PRO Luis Juez judicializó esto y ahora la Corte falló en su favor.

El mensaje para CFK de los supremos fue directo. La Corte dijo que “el accionar de la Presidencia del Senado constituye un apartamiento de las reglas que esta Corte estableció en su sentencia del 16 de diciembre para la conformación de un órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura”.

Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda afirmaron que CFK constituyó “ficticiamente” un bloque en el Senado, que “desconoce el principio de buena fe”, que ese accionar fue “manipulativo”, que “no debe admitirse su validez”, que se trató de un “artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo”.

Para la Corte todo fue irregular, pero “por ineludibles razones de seguridad jurídica, se declara la validez de los actos cumplidos por el Consejo de la Magistratura de la Nación con la participación del senador Claudio Martín Doñate”. Esta "vuelta en el aire" para validar un acto supuestamente nulo al menos hacia atrás expone la falta jurídica del Alto Tribunal. Es una contradicción.

En materia institucional, la Corte legisló (algo que no puede) y acusó a CFK de no cumplir su fallo con una decisión política (algo no judiciable). Básicamente, violó la división de poderes y se entrometió en una decisión parlamentaria al decirle al Congreso cómo debiera designar a sus consejeros. “Redoblan su avance contra el Congreso y se meten en el recinto del Senado para digitar la integración de los bloques legislativos. Se ve que no leyeron el artículo 66 de la Constitución Nacional donde se sostiene que ambas cámaras se dictan sus propios reglamentos constitutivos”, dijeron a El Destape desde el Poder Ejecutivo.

En esa línea también se manifestó el bloque de senadores y senadoras nacionales del Frente Nacional y Popular y de Unidad Ciudadana, que conforman el interbloque Frente de Todos. “El de hoy fue un nuevo fallo político de la Corte Suprema de Justicia que representa un claro conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Legislativo. Se demuestra así la vocación de interferir en las decisiones políticas del Congreso, arrogándose facultades que exceden al Poder Judicial y con el claro objetivo de beneficiar al macrismo en la composición del Consejo de la Magistratura”, afirmaron los legisladores nacionales en un comunicado. Y agregaron que  “el fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado”.

Los senadores también apuntaron contra el presidente de la Corte: “El juez Rosatti no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura”. Cerraron el comunicado convocando a una conferencia de prensa para este miércoles a las 12.

Desde el punto de vista político, la Corte tomó esta decisión desafiante justo cuando CFK comienza a tomar envión de cara al 2023. El último viernes, CFK dijo en un acto de la UOM: "Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría". Esta decisión suprema parece la contracara de la que tuvo la Corte en Brasil para allanarle el camino a Luiz Inacio Lula Da Silva a la presidencia al desarmar la persecución en su contra. Todo indica que la Corte argentina no pretende seguir ese mismo camino. Más bien, busca el opuesto.

Porque la Corte avanza con esta desafiante decisión justo cuando el Procurador General interino Eduardo Casal dictaminó para que se realice el juicio de Dólar Futuro, una causa paradigmática de persecución judicial que había sido cerrada por la Cámara Federal de Casación Penal por “inexistencia de delito”. Ahora es la Corte la que tiene la última palabra para definir si debe hacerse el juicio sobre ese caso que instruyó de forma escandalosa el juez Claudio Bonadío o ratifica la postura del máximo tribunal penal del país.

La resolución cortesana se dio el mismo martes en que se celebró una audiencia en la Casación Penal en el marco del caso Memorándum con Irán, donde los abogados querellantes que representan a familiares de víctimas del atentado a la AMIA y los de la DAIA pidieron que se reabra la causa. Reclamaron que se revoque el sobreseimiento de la vicepresidenta y del resto de los acusados en el caso y que se realice el juicio oral y público. También expusieron las defensas, que plantearon que los sobreseimientos estuvieron bien dictados. Este caso también había sido cerrado pero por el tribunal oral que está a cargo del debate, que consideró que no había delito y sobreseyó a todos los acusados. Esa decisión está siendo revisada por la sala I de la Casación. Lo que resuelva también escalará a la Corte.

La misma sala I de Casación debe revisar el cierre de otra causa paradigmática de persecución judicial contra CFK: la de Hotesur – Los Sauces, que también fue clausurada por el tribunal que tenía que realizar el debate.

Está claro que la avanzada cortesana no es azarosa. Tiene el sello del Lawfare. Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda tomaron esta decisión justo cuando se analizan estas reaperturas y además suenan los clarines de guerra en el caso de Vialidad, donde el TOF 2 debe definir si condena a CFK a una pena de 12 años de prisión en una causa armada y sin pruebas en su contra.

Esto sucede mientras la Corte no otorga más recursos a quienes investigan el atentado contra CFK. El viernes pasado, en el acto de la UOM Cristina fue contundente: “Estoy resignada a que la Justicia no investigue, porque me quieren acusada, no de víctima”, dijo respecto al devenir de la investigación sobre el intento de asesinato.

Festejos opositores

La oposición festejó la resolución de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. “El Partido Justicialista hizo trampa en el Senado para quedarse con un lugar en el Consejo de la Magistratura. Con Luis Juez fuimos a la Corte. ¡Ganamos!”, tuiteó Patricia Bullrich.

En una línea similar se manifestó el diputado nacional Cristina Ritondo: “La Corte terminó con la avivada del Gobierno para robarse un puesto en el Consejo de la Magistratura. Aunque les duela, ganó la constitucionalidad y perdió el modelo populista. Se viene un país mejor”.

También se manifestaron en el mismo sentido el beneficiado senador Luis Juez y el diputado Mario Negri, entre otros.

“Va a ser difícil para la Corte sacarse el mote de macrista después de esta decisión”, analizaron desde el oficialismo. El interrogante es si a los cortesanos les importa ese “desliz”.