La Corte anuló la cautelar para que el Congreso nombre consejeros y criticó a juez que la dictó

Luego de tomar el Consejo de la Magistratura por asalto, la Corte Suprema de Justicia declaró este lunes la nulidad de todo lo actuado por el juez de Paraná Daniel Alonso que había dictado una precautelar con la que frenó la designación de dos nuevos consejeros por parte del Congreso de la Nación. Así, los supremos buscan allanar el camino para que se constituya de inmediato el Consejo de 20 integrantes presidido por Horacio Rosatti. En la misma resolución, el máximo tribunal fustigó a Alonso y ordenó al órgano que selecciona y sanciona magistrados que evalúe su conducta en este caso. ¿Señal de los tiempos que se avecinan en el Poder Judicial?

En una resolución de siete páginas, los supremos Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda declararon “la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Federal N° 2 de Paraná en la causa ‘Casaretto, Marcelo Pablo c/ Cámara de Diputados Nacionales y otro s/ amparo ley 16.986’”. Y ordenaron al Consejo de la Magistratura, presidido desde este lunes por el propio Rosatti, “que evalúe la conducta del magistrado”. Para los cortesanos, el juez Alonso “se alzó de manera flagrante y directa contra un pronunciamiento firme de este Tribunal pretendiendo imposibilitar su cumplimiento”.

La ferocidad con la que los cortesanos cuestionaron a Alonso pareciera buscar un "efecto disciplinador": que otros jueces no se rebelen ante su fallo sobre el Consejo de la Magistratura. Incluso, no faltan quienes interpretan que el mensaje es para todo el Poder Judicial y en todos los fallos que se avecinen.

El fallo pareciera hecho a medida de Cambiemos, la fuerza que reclama para sí los dos nuevos representantes por el Congreso que deben sumarse al Consejo de 20 integrantes. Para esos cargos ya propuso a la diputada Roxana Reyes y el senador Luis Juez, quienes firmaron uno de los per saltum que la oposición había presentado a la Corte para derribar la causa que llevaba el juez Alonso.  

Nulidad de la precautelar

En pos de frenar la designación de los dos nuevos consejeros en representación del Congreso –serían los únicos dos que faltan designar para conformar el consejo de 20 miembros- , el diputado nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, Marcelo Casaretto, había promovido una acción de amparo en la justicia federal de Paraná con el argumento de que el Parlamento estaba tratando una iniciativa de reforma del Consejo y que por ende no correspondía que la Corte reviviera una ley derogada en 2006. El juez Daniel Alonso le concedió una medida “precautelar” la semana pasada y notificó de la misma a las presidencias del Senado y de Diputados para que no nombren representantes. Iba a analizar el planteo. Esa resolución motivó tres presentaciones diferentes ante la Corte:

• Una del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que solicitó la intervención por avocación de la Corte en virtud de lo resuelto por el Juez de Paraná.
• Dos pedidos de per saltum, uno de ellos promovido por los presidentes de los bloques de Diputados y Senadores de Cambiemos, Mario Negri y Humberto Schiavoni, entre otros.

Tras designar a Rosatti al frente del Consejo y ordenar la jura de los nuevos consejeros, la Corte Suprema abordó este lunes el planteo que el 13 de abril realizó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que requería a los supremos que declaren la nulidad de todo lo actuado por Alonso.

Este mismo lunes, los supremos requirieron el expediente al juzgado federal Nº 2 de Paraná y en velocidad récord declararon la nulidad de lo actuado por Alonso. La resolución lleva la firma de Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz. El ministro supremo Ricardo Lorenzetti tuvo la delicadeza de viajar al exterior y no quedar asociado a toda esta maniobra.

“Recibido el expediente referido, esta Corte advierte que el magistrado a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Paraná actuó con ostensible ausencia de jurisdicción, creando sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por este Tribunal”, señalaron los ministros cortesanos que cuestionaron, y mucho, al magistrado.

Los cortesanos consideraron que Alonso “actuó con ostensible ausencia de jurisdicción” y tuvo una “actuación judicial deformada”. Por ejemplo, advirtieron que “con una notoria ignorancia del derecho vigente y de los precedentes de este Tribunal ha dado trámite a una acción promovida por quien manifiestamente carece de legitimación activa”.

Advertencia general

Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda enfatizaron que “el magistrado claramente se entrometió en la decisión de esta Corte”, que ordenó se reintegrara el Consejo de la Magistratura de la 20 mimebros.  “Al disponer como medida interina que las cámaras del Congreso no envíen a sus representantes al Consejo de la Magistratura, el magistrado se alzó de manera flagrante y directa contra un pronunciamiento firme de este Tribunal pretendiendo imposibilitar su cumplimiento”, indicaron.

“Este alzamiento contra el Máximo Tribunal del país conlleva un grave desconocimiento de la superior autoridad de la que esta Corte está institucionalmente investida  y, necesariamente, implica un acto que en sí mismo atenta contra una de las piedras basales del orden establecido por la Constitución Nacional”, destacaron los supremos que buscaron hacer con su señalamiento del magistrado una muestra (más) de poder.

Por ejemplo, en el considerando sexto, resaltaron que “esta Corte ha declarado en reiteradas oportunidades que, en uso de la competencia que le atribuyen la Constitución y las leyes es suprema; que esa supremacía ha sido reconocida desde los comienzos de la organización nacional y que sus decisiones son finales y que ningún tribunal, nacional o local, puede desconocer la necesidad institucional de respeto y acatamiento a sus decisiones". No obstante, cuando estos mismos jueces fallaron en el 2x1 a favor de los genocidas no mostraron la misma virulencia contra aquellos magistrados que se rebelaron ante su jurisprudencia. Más bien todo lo contrario: terminaron acomodando la situación con un nuevo fallo. Entonces, el pueblo había salido a las calles.

En esta ocasión, los jueces supremos se sienten empoderados. Y le marcan el terreno a quienes no respeten sus decisiones, aunque no sean justas. Por eso requirieron al nuevo Consejo de la Magistratura “que evalúe la conducta del magistrado” de Paraná. Es decir, Rosatti firmó un fallo en el que pide que el consejo presidido por él mismo -por decisión de la Corte- analice si un juez de primera instancia  merece ser sancionado por su accionar en una causa en la que no se manifestó en concordancia con lo que había dispuesto el máximo tribunal. Un mensaje bastante claro para el resto del Poder Judicial.