Dos jueces de la Corte Suprema de Justicia se excusaron de intervenir en una de las causas más grandes en que se investiga el espionaje ilegal macrista. Los ministros supremos Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda informaron el pasado 10 de diciembre a sus pares que no intervendrán en una megacausa que tiene 38 procesados y en la que también está involucrado el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto. Si Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti aceptan los planteos de sus colegas, el Alto Tribunal deberá conformarse con conjueces porque no alcanza la mayoría necesaria para emitir resoluciones.
El viernes pasado, Carlos Rosenkrantz informó a sus pares que se excusa de intervenir en este expediente que tanto preocupa al macrismo y tiene procesada a toda la cúpula de la exSIDE cambiemita. El vicepresidente supremo aparece entre los espiados por la Agencia Federal de Inteligencia macrista. Por eso, en una escueta nota, Rosenkrantz comunicó: “Dado que estoy entre los posibles damnificados por los hechos investigados en autos, y que el ejercicio normal e imparcial de la función jurisdiccional podría verse afectado por esa circunstancia, el 7 de diciembre de 2021, me excuso de intervenir en las presentes actuaciones”. Efectivamente, Rosenkrantz figura entre los espiados por la banda de espías autodenominada Super Mario Bros.
El mismo 10 de diciembre, Maqueda comunicó “que por motivos graves de delicadeza y decoro, me excuso de intervenir en el presente asunto”. No abundó en detalles pero también busca alejarse de la megacausa que tiene entre sus víctimas a CFK, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y otros dirigentes políticos, sindicales, sociales además de eclesiásticos, empresarios, periodistas y presos políticos.
Entre otras cuestiones, la Corte tiene en su poder para resolver planteos por conflictos de competencia. Básicamente, un grupo de querellantes entre los que se cuenta la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recurrió al Tribunal Superior porque consideran que el caso nunca debió salir de los tribunales de Lomas de Zamora, donde se inició la investigación. Por decisión de la Cámara Federal de Casación -con el voto de visitante de Macri, Mariano Borinsky-, el expediente pasó a Comodoro Py, donde la pesquisa prácticamente se paralizó. La Cámara Federal porteña está revisando los 38 procesamientos que dictó el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé.
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Justamente, otros de los planteos que llegó al Alto Tribunal es por la conformación del tribunal revisor de Comodoro Py para tratar esta causa. El pasado 29 de noviembre, los abogados y víctimas Rafael Resnick Brenner y Jorge Chueco interpusieron un recurso de queja para que la Corte aborde la recusación del camarista porteño Mariano Llorens, que tal como reveló El Destape es otro de los visitantes de Macri en la Quinta de Olivos. Llorens es uno de los jueces que está revisando los 38 procesamientos y la falta de mérito de Darío Nieto. En su planteo ante el máximo tribunal del país, Resnick Brenner y Chueco consideraron que Rosenkrantz debía excusarse de intervenir porque “fue víctima de acciones de inteligencia ilegal que se investigan en las presentes actuaciones”. En su escrito, los letrados adelantaron que “en caso de que el referido magistrado considere que no resulta necesaria su excusación, dejamos planteada la recusación del mismo”. Once días después de este planteo, el vicepresidente de la Corte se excusó.
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El próximo paso es que Lorenzetti y Rosatti analicen las excusaciones de sus colegas y las aprueben o rechacen. De aceptarlas, Rosenkrantz y Maqueda no podrán intervenir más y el Alto Tribunal, que cuenta con 4 integrantes desde el 1° de noviembre pasado por la partida de Elena Highton de Nolasco, quedará en este caso de alto impacto político con dos miembros para fallar cuando debe tener una mayoría de 3 votos. Por lo tanto, de mínima, se deberá convocar a un conjuez. La cifra puede ascender a tres conjueces, según la distribución de votos interna.
Los conjueces para la Corte son convocados de una lista integrada por los presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país. En total son 27 candidatos. Como cada año se renuevan autoridades, los posibles conjueces no serán los mismos en la actualidad que en marzo del 2022.
Uno de los últimos antecedentes en que la Corte resolvió con conjueces fue el caso Farmacity, en junio pasado, cuando el Alto Tribunal se completó con dos camaristas por las excusaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz: intervinieron Martín “Doctrina” Irurzun, presidente de la Cámara Federal porteña (que en el caso de los Super Mario Bros también se excusó de intervenir), y Mirta Sotelo de Andreau, presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.
La megacausa
La megacausa que protagonizaron los espías de la AFI macrista autodenominados “Super Mario Bros” se abrió a comienzos del 2020 a partir de la declaración de un narco que mencionó su vínculo con un espía de la exSIDE. Esto derivó en una serie de allanamientos en mayo de aquel año a cargo del primer juez que tuvo la pesquisa, Federico Villena, quien luego fue desplazado por la Cámara Federal de La Plata. Esos operativos fueron una caja de pandora. La investigación que tramitó en los tribunales de Lomas de Zamora y estuvo encabezada por los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide avanzó hasta delinear a los victimarios y a las víctimas.
Se trata de una de las causas más grandes de espionaje ilegal que involucra al macrismo. Entre las víctimas de la AFI y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) se encuentran: la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien fue su segundo Diego Santilli, Florencia Macri (hermana de Mauricio), sindicalistas como Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, exdiputados como Nicolás Massot, empresarios, periodistas, exintendentes, eclesiásticos y dirigentes kirchneristas detenidos como Amado Boudou o el actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini.
La causa tiene un capítulo penitenciario donde constan escuchas ilegales realizadas desde la AFI macrista con connivencia del SPF. Con esas escuchas se armaron causas como la Operación Puf con la que se buscó derribar el D’Alessiogate apenas salió a la luz. En la investigación surgieron referencias a trabajos realizados para el “1”, que podría ser Macri.
Por el espionaje en las cárceles hasta la Universidad de Buenos Aires se presentó como querellante y fue aceptada. Varios docentes que dictaban clase en prisión fueron espiados.
El sucesor de Villena en esta investigación, el juez Juan Pablo Augé, fue quien dictó los 38 procesamientos que tiene el expediente. El magistrado apuntó contra la cúpula de la AFI y el SPF macristas. Por ejemplo, están procesados: los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; el exdirector de Asuntos Jurídicos del organismo de inteligencia, Juan Sebastián De Stéfano; y los exdirectores de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste; además de decenas de agentes de la exSIDE. A ellos se suman quien fuera el titular del SPF, Emiliano Blanco, y Susana Martinengo, quien cumplía funciones en la Casa Rosada, en la Oficina de Documentación Presidencial. Darío Nieto, el secretario privado de Macri, fue beneficiado con una falta de mérito.
A instancia de querellantes y victimarios macristas, el caso pasó de los tribunales de Lomas de Zamora a Comodoro Py. Por eso los procesamientos están siendo revisados por la Cámara Federal porteña. El cambio de jurisdicción fue una decisión que tomó la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo y la disidencia de Ángela Ledesma. Esa sala es la última instancia penal que revisa lo que sucede en esta megacausa. El nombre de Borinsky figura en una nota comprometedora, registrada en el celular del secretario de Macri, que fue secuestrado en el marco de esta pesquisa.
Lo que resuelva la Casación puede ser revisado por la Corte. Por eso es de suma trascendencia si se aceptan las excusaciones de Rosenkrantz y Maqueda. Si se hacen a un costado ambos supremos, el Alto Tribunal tendrá que actuar con conjueces en un caso de alto impacto político.
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