La Asociación civil Abogados por la Justicia Social (AJuS) La Plata Berisso y Ensenada denunció a la Corte Suprema de Justicia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la apropiación del Consejo de la Magistratura que "pone en riesgo el estado de derecho y al propio sistema democrático de la República Argentina". El máximo tribunal de la Argentina había declarado inconstitucional la ley que sancionó la conformación del Consejo en 2006 y obligó a una nueva estructura liderada por el propio presidente de la Corte.
Las mismas organizaciones de derechos humanos que expusieron el “plan sistemático de cooptación del Poder Judicial” que realizara Mauricio Macri, ahora denunciaron a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la nación por la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley 26.080, la vuelta a vigencia de las leyes 24.397 y 24.399, por la que se le vuelve a dar asiento al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la presidencia del Consejo de la Magistratura.
Los denunciantes consideran que el fallo del máximo tribunal de la Argentina "beneficia a los mismos magistrados que lo dictaron transformando a la sentencia en otra arbitrariedad realizada por la Corte Suprema para otorgarse privilegios, manipular el sistema judicial, en regresión a los estándares de independencia e imparcialidad, y en eminentemente abuso de poder".
Además consideran que la sentencia contra la conformación del Consejo de la Magistratura se inscribe en un sendero de "deslegitimación y debilitamiento" en la calidad institucional de la Corte Suprema que se iniciara en 2015 con la designación de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes aceptaron ser designados en forma inconstitucional por el expresidente Mauricio Macri.
En la presentación alertan que el fallo ocurre 16 años después de la sanción de la ley y que nunca antes en los 200 años de historia del país se declaró la inconstitucionalidad de una ley en abstracto. Denuncian que de esta forma, se han vulnerado los estándares internacionales de independencia e imparcialidad, descriptos en los informes que realiza la ONU respecto del tópico.
"La sentencia “coopta” al Consejo de la Magistratura, desconociendo el “conflicto de intereses” de los mismos magistrados que votaron y resultaron beneficiados, en contradicción con los antecedentes del mismo tribunal, e incluso con las propias sentencias dictadas por los mismos magistrados, respecto del equilibrio de la 26.080 y la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad en abstracto", señalaron.
La demanda cuenta con la adhesión de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza De Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, la Asociación Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina representada, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
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