La Corte Suprema de Justicia provocó un sacudón en el mundo judicial con el fallo en el que abordó los casos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los jueces puestos a dedo por Mauricio Macri en la estratégica Cámara Federal porteña. En esa resolución del martes pasado, el voto de la mayoría determinó que todo traslado de un magistrado es transitorio, es decir, que no puede ser considerado como un nombramiento definitivo en el nuevo cargo. Esto puso en la cuerda floja a decenas de jueces y provocó un comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional –que representa a la corporación – en el que advirtió que esa decisión “genera intranquilidad”. En un tono dramático definió a la cuestión como un “problema” que “puede constituir un punto de quiebre en la historia del Poder Judicial de la Nación”.
El pasaje del fallo cortesano que genera tanta preocupación en la asociación es el punto dispositivo 7°, donde los supremos afirman que Bruglia y Bertuzzi “y todos aquellos que ocupan transitoriamente cargos de la judicatura por traslado, continuarán ejerciéndolos y gozando de la garantía de inamovilidad hasta el momento en que sean designados por nombramiento los magistrados que ocupen de modo definitivo dichos cargos, luego de cumplido el proceso constitucional de los arts. 114, incs. 1 y 2 y 99, inc. 4, en todas sus etapas”. Es decir, los trasladados debieran estar en el cargo hasta que se designe a un juez natural mediante el único mecanismo constitucional existente: por concurso en el Consejo de la Magistratura, elección del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado.
Según informaron desde el Consejo de la Magistratura a El Destape, el fallo podría alcanzar a 71 jueces. Pero como de ese total sólo 38 pasaron por el consejo, la cifra podría reducirse. Es más, están quienes creen que de ese grupo únicamente 12 están en conflicto. Por lo pronto, desde el órgano que selecciona y sanciona jueces indicaron a este medio “que como eso es una obiter dicta”, es decir, “dicho de paso”, en lo inmediato únicamente convocarán al concurso para ocupar los dos cargos de la Cámara Federal porteña que deben dejar Bruglia y Bertuzzi. Podría haber novedades sobre este asunto esta misma semana. Respecto al resto, “por ahora, no vamos a hacer nada”, indicaron. “Por ahora”, remarcaron.
“La única interpretación posible del sistema de fuentes del derecho argentino es que los traslados no pueden convertirse en un procedimiento para el nombramiento permanente de magistrados”, indicó el voto de la mayoría suprema conformada por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Maqueda. Por si quedaban dudas, más adelante aclararon que la resolución 183/2020 del Consejo de la Magistratura con la que recientemente se pretendió “enmendar parcialmente” los vicios en la designación de diez magistrados (entre ellos Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli) “generando la intervención del Senado pero sin la previa selección específica prevista para la cobertura de esos cargos y la remisión de ternas al Poder Ejecutivo Nacional debe ser descalificada por su inconstitucionalidad”. Es decir: no alcanza con el parche del Senado para transformar en “definitivos” a los traslados.
Además de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, en la lista de trasladados de forma irregular cuyos casos se habían presentado en la Cámara Alta para buscar emparchar el vicio de origen, figuraban:
-Federico Villena, quien inició desde el juzgado federal de Lomas de Zamora la causa por espionaje ilegal que involucra a la AFI macrista, la de los Super Mario Bros, de la que luego fue apartado. Llegó a Lomas de Zamora desde el juzgado federal de Moreno.
- Eduardo Farah, quien fue presionado para dejar la Cámara Federal porteña durante el macrismo tras fallar a favor de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Lo ubicaron en el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1.
- Magistrados trasladados a juzgados electorales de distintas provincias como Chaco (Zunilda Niremperger), Jujuy (Esteban Hansen) y Misiones (María Skanata). Se trata de cargos en los que tienen especial interés los gobernadores.
En la mentada resolución 183/2020 se analizaron otros 28 traslados que también –se estima- están alcanzados por el fallo supremo.
Además hay otros traslados paradigmáticos que tambalean. El cuestionamiento al parche del Senado pone en cuestión movimientos judiciales como el de Carlos Mahiques, el exministro de Justicia de María Eugenia Vidal que fue puesto a dedo por Macri en la Cámara Federal de Casación Penal –la máxima instancia penal del país-, en 2017. Venía de la Cámara de Casación Penal ordinaria, que tiene otra competencia. Fue tal el escándalo que en 2018 logró acuerdo del Senado para intentar bajar los cuestionamientos, algo que nunca lograron Bruglia y Bertuzzi. Mahiques se sintió diferente a sus colegas y así lo dijo públicamente. Tras el fallo de la Corte está en duda su legitimidad. Está en edad de jubilarse al igual que Bruglia. ¿Qué harán?
En este contexto, este viernes se conoció un duro comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional –donde se nuclea la corporación judicial-. La agrupación que reúne a jueces de todo el país criticó a la Corte: “No puede soslayarse que el voto de la mayoría (punto dispositivo 7º), al señalar, obiter dictum y más allá del principio de congruencia, la necesidad de llamar a concurso para ‘todos los jueces que ocupan transitoriamente cargos por traslado’, cuyas situaciones no han sido objeto de la litis, genera intranquilidad en magistrados y magistradas que pueden ver afectada la inamovilidad en sus cargos, garantía constitucional que está contemplada en resguardo fundamental de toda la sociedad”.
La entidad que preside Marcelo Gallo Tagle añadió: “Compartimos por lo tanto la preocupación de juezas y jueces que luego de años de ejercer con probidad y convicción moral sus funciones, sienten menoscabada y afectada su investidura por esa mención en el voto mayoritario de tal pronunciamiento, sin que hayan estado comprendidos en el caso a decidir por la sentencia. En tal escenario entendemos imperativo requerir, tanto al Consejo de la Magistratura como a los actores políticos, cualquiera sea su signo partidario, que advierten la gravedad de las posibles derivaciones de este aspecto del fallo, en cuanto les corresponda, y obren la prudencia, que requiere el problema, que puede constituir un punto de quiebre en la historia del Poder Judicial de la Nación”.
Negociaciones
Cuántos jueces están alcanzados por el fallo cortesano es un interrogante que aún no tiene una respuesta precisa en el mundo judicial.
Esa cifra puede ser determinante para las negociaciones venideras en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? El proceso de nombramiento de un magistrado implica un concurso en el consejo, la conformación de una terna, la propuesta presidencial y finalmente el acuerdo del Senado.
Para aprobar una terna en el consejo hacen falta dos tercios de los votos de los presentes en el plenario. Es decir, si están los trece consejeros se necesitan nueve voluntades. El oficialismo no tiene esa mayoría por lo que tendrá que dialogar con la oposición. Es más, si en la oposición cierran filas no saldría ninguna terna y por ende, los concursos quedarían trabados. Esto dejaría a los jueces trasladados en sus cargos por tiempo indefinido.
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Si los concursos que se debe abrir son cerca de 40, el juego de la negociación toma otro color. En este escenario, no es menor que –por un acuerdo interno- se espera que cambien antes de fin de año dos consejeros que suelen votar con la oposición: se trata de los representantes de los abogados, vinculados al radicalismo: Juan Pablo Más Vélez y Marina Sánchez Herrero.
A partir del fallo supremo, el órgano que selecciona y sanciona jueces adquiere un rol protagónico. Será el encargado de desanudar el “conflicto de los trasladados”. Y lo empezará a abordar justo cuando se espera que la comisión de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández en materia judicial entregue su informe con propuestas para implementar cambios estructurales en instituciones clave como la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal y el propio Consejo de la Magistratura.
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