La Oficina Anticorrupción amplió una denuncia contra Jorge Metz, subsecretario de Puertos del macrismo, por la venta de terrenos portuarios durante su gestión. El exfuncionario es precandidato a intendente del partido bonaerense de Berisso por Juntos por el Cambio y recibe el apoyo de la precandidata a presidenta Patricia Bullrich. Se lo acusa a Metz por incumplimiento de deberes de funcionario público, defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública y administración fraudulenta.
Metz fue el funcionario que puso la firma de la Resolución 97/2016, que habilitó la quita de un 30% de la jurisdicción portuaria del Estado. Según la denuncia, Metz "abrió la puerta desde su cargo en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables al desmantelamiento del Puerto de Buenos Aires para convertir sus terrenos en negocios inmobiliarios".
En la misma causa habían sido acusados por el delito de defraudación por la Oficina Anticorrupción "en calidad de autores" el expresidente Mauricio Macri y su exministro de Transporte Guillermo Dietrich. También Ramón Lanús y Pedro Comín Villanueva, extitular y vice de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, entre otros exfuncionarios macristas.
El detalle de la denuncia contra el candidato de Bullrich
En su dictamen, la OA resaltó que la resolución 97/2016 fue el puntapié para una serie de hechos que están siendo investigados penalmente, que siguen el negociado inmobiliario realizado con esos terrenos. Puntualmente, señala que “constituyó el requisito esencial de carácter previo que sirvió de causa para el dictado de actos subsecuentes (…) que tuvieron por objeto los terrenos excluidos del Puerto de Buenos Aires". En tal sentido, "la nulidad absoluta se proyectaría sobre todo acto administrativo que la haya tenido como sustento jurídico”.
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Tan cuestionada fue la norma que distintos informes señalaron su absoluta nulidad, y terminó siendo anulada formalmente por el actual subsecretario de Puertos, Patricio Hogan, en enero de este año. La resolución estuvo basada en los informes técnicos de la Jefatura de Gabinete, que consultó a la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) los motivos de la venta de esos terrenos, así como a la SIGEN, la Procuración del Tesoro Nacional y a la propia Subsecretaría.
Todos los organismos llegaron a la misma conclusión: la jurisdicción portuaria fue definida por una ley del Congreso, y su modificación debía seguir ese mismo camino. Es decir, la Subsecretaría de Puertos, a cargo de Metz, no tenía las facultades para tomar esa decisión. Además, se objetó que no hubo ningún informe técnico que avalara ese cambio de delimitación.
Ahora, la Justicia recibió el pedido de la Oficina Anticorrupción para endurecer la investigación contra Metz: ya no solamente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, sino también por fraude al Estado –denominada técnicamente administración infiel-, debido al daño patrimonial que generó con sus acciones. En su dictamen, la OA consideró que “prestó una colaboración fundamental para que se consumara la maniobra defraudatoria contra el Estado Nacional”, y por eso se lo considera además imputable de los mencionados delitos.
El hilo de la resolución tiene además otras variantes que investiga la justicia en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, especialmente en las subastas organizadas para la venta de los terrenos. A cada subasta se presentaban una o dos empresas, ofreciendo por debajo del presupuesto mínimo establecido por el Estado y más baratas que el valor de mercado.
Si una ganaba, en la siguiente subasta le tocaría perder, casi como si estuviera coordinado. Así, los privados se hicieron de terrenos valiosos a un precio irrisorio. Según fuentes al tanto de la investigación, hubo predios que se pagaron 400 mil dólares al Estado y cuyo valor en el mercado supera los 45 millones de dólares.
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