El fiscal federal, Jorge Di Lello, imputó este viernes a la exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y al exjefe de Gabinete Marcos Peña, entre otros funcionarios del gobierno macrista, por favorecer a empresas amigas por 22 millones de pesos.
Los delitos que se investigan son negociaciones incompatibles, actos de defraudación a la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y se analiza la responsabilidad penal de las empresas.
Según la acusación, existió “una estructura montada por funcionarios nacionales, para favorecer a las empresas” amigas “eludiendo las normativas administrativas en la materia y dejando a la empresa estatal Telam, sin una de sus labores esenciales como era la realización de campañas publicitarias oficiales”.
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Una clave de este caso fue la modificación de la reglamentación vigente a través del decreto 978/2016, firmado en septiembre de 2016 por Michetti. Mediante esa normativa se “desplazó a la agencia oficial y habilitó estas contrataciones con esas empresas, las que a su vez, eran conocidas por los funcionarios en virtud de resultar aquellas las que llevaron adelante la publicidad de campaña de la agrupación Cambiemos” tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires y en algunos municipios del conurbano en las elecciones del año 2015.
Tal como escribió Di Lello en su dictamen, “la maniobra denunciada les permitió a las empresas recibir aproximadamente $22.000.000”. Para ello se aplicó como “práctica contractual habitual la de ‘legitimo abono’, cuando ésta solo se halla prevista para casos excepcionales y de aplicación restrictiva”.
La denuncia se inició por un sumario administrativo que realizó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, que determinó la presunta responsabilidad penal de los funcionarios involucrados en el caso. La PIA colaborará en la pesquisa que tuvo impulso penal este viernes.
Además de Michetti y Peña, los imputados fueron:
- El exsecretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco.
- El exsubsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión, Ezequiel Colombo Marrón.
- La exdirectora nacional de Contenidos, Lucía Aranda.
- La exdirector de la Delegación Legal de la Secretaría de Comunicación Pública, Arnaldo Minotti.
- El exdirector de la Delegación Legal de la Dirección Nacional de Publicidad Oficial, Fernando Britos.
- La excoordinadora de la Dirección de Contrataciones y Suministros, María Evelyn Tarsitano.
- Asimismo, el fiscal imputó a “las autoridades e integrantes de las empresas Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA que hayan intervenido en los sucesos”.
El juez del caso es Marcelo Martínez de Giorgi pero la investigación está delegada en el fiscal Di Lello.
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