El macrismo está cada vez más complicado. El diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, denunció penalmente a Fernando De Andreis, quien fuera secretario General de la Presidencia de Mauricio Macri, y a Fátima Micheo, ex subsecretaria de Comunicación Presidencial de Cambiemos por presunto enriquecimiento ilícito. La acusación también recayó sobre todos los que "aparezcan como coautores, cómplices, instigadores o encubridores de los hechos que se denuncian". Entre ellos, la responsabilidad del mismísimo fundador del PRO, porque los funcionarios estaban "bajo su dependencia directa de acuerdo al organigrama" oficial de Gobierno.
En la denuncia, a la que tuvo acceso en exclusiva El Destape, se sostiene que los funcionarios "aparentemente se han enriquecido patrimonialmente de manera apreciable e injustificada -en relación con sus ingresos legítimos demostrados- durante el período en que ejercieron" sus cargos públicos, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, según las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
Ambos funcionarios no ocuparon cualquier rol dentro de la administración pública sino que se sentaron en sillas de gran responsabilidad durante los cuatro años de Gobierno macrista, lo que "deriva la exigencia de una mayor responsabilidad, transparencia, probidad, desinterés, capacidad, competencia, disciplina, reserva, imparcialidad y fidelidad que la demostrada hasta el momento", argumentó el diputado en la denuncia. Lejos de ello, "el incremento patrimonial de los encausados denunciados, no solo es apreciable, sino que además es desproporcionado a sus ingresos". Por eso, sostuvo que con la investigación "se demostrará fielmente que estos funcionarios no han sido transparentes y que sus patrimonios han aumentado considerablemente tras pocos años de en el desempeño de sus cargos", sin justificación aparente.
En el escrito se requirió información sobre las parejas, esposo y esposa, de las personas denunciadas porque, si bien la acción no se dirigió contra ellos, fueron partícipes de las declaraciones juradas de los funcionarios para justificar deudas y comprar inmuebles para, aparentemente, "ocultar su verdadero crecimiento patrimonial". Por eso, también pidió que se libren oficios al Registro de la Propiedad, AFIP, inmobiliarias para conocer los montos, deudas y bienes incluidos, entre otros datos, que conforman los argumentos de la acusación. Además, se solicitó la citación a declaración testimonial de ciertos periodistas que brindaron datos sobre los manejos financieros de los funcionarios, como es el caso de Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y Hugo Alconada Mon.
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El caso De Andreis
En la denuncia, Tailhade explicó que De Andreis se inició en la gestión pública con un patrimonio de $2.258.147 y se retiró de la actividad con $13.149.190, resultante de un activo $20.998.923,92 y un pasivo de $ 7.849.733,62. "Es decir se aprecia que el mismo se incrementó un poco menos de seis veces". En su declaración jurada, acusó el diputado, "se pueden apreciar inconsistencias como así también actos que dan cuenta de un incremento patrimonial que no tiene justificación con los ingresos declarados".
Dentro de las inconsistencias, detalla la denuncia, De Andreis declaró en 2015 la posesión de ocho mil dólares que ascendieron a diecinueve mil en 2019. Lo curioso es que planteó que esos dólares habían ingresado a su patrimonio en 1969, 7 años antes de su nacimiento, en 1976. Pero, además, jamás justificó dicho aumento del monto en moneda norteamericana. Las incongruencias no terminan ahí. En 2015 declaró acciones en Boizo Investment SA y sostuvo que las mismas ingresaron a su patrimonio en 2008, sin embargo cuatro años más tarde informó que las ingresó en julio de 2014 y "tampoco acredita la legitimidad de los fondos para adquirir las acciones de dicha sociedad. Es claro que la sociedad denunciada es un instrumento del funcionario para disimular el incremento patrimonial por lo que también deberá ser investigada", agregó Tailhade.
Dentro de los hechos denunciados también se menciona una deuda de $417.000 con su esposa, María Sol Ascanope. La misma fue declarada en 2015 y saldada durante su paso por la gestión macrista ya que en 2019 se fue de la función pública sin ese número rojo pero "no logra justificar cómo o con qué ingresos abonó dicha suma. Contablemente se puede decir que esa deuda encajó justo para justificar las sumas antes mencionadas, pero lo que omitió justificar es la causa de la deuda, cuándo la abonó y de dónde surgió el dinero para abonarla". Por si fuera poco, Ascanope y su familia paterna están relacionados a una firma offshore, Parquemar Group, sospechada de lavado de dinero. "La esposa de De Andreis es apoderada de la firma Parquemar Group", dice el diputado en el escrito
Otra de las deudas que generó suspicacias fue una con Charle Cartier, por $734.271,46. La misma, también declarada en 2015, fue saldada al cierre de dicho año. Algo que también deberá justificar ante la Justicia para saber cómo la abonó " ya que de sus declaraciones juradas no se aprecia la entrada de bienes de fortuna en su patrimonio de suficiente entidad para cancelarlas".
Dentro de los puntos llamativos incluidos en la denuncia se encuentra la incorporación a su patrimonio de un departamento de 370 metros cuadrados en Barrio Parque a un valor de $31.154.880, según consta en la escritura. Sin embargo, la cotización real de mercado ronda los dos millones de dólares. La adquisición data del 18 de diciembre de 2018 y De Andreis manifestó ser el titular del 50%. Si bien el ex funcionario declaró una deuda con la inmobiliaria por $7.820.000, Tailhade pidió saber cómo hizo para generar ingresos, dentro de la administración pública, para comprar dicho inmueble y qué tipo de deuda mantiene con la inmobiliaria porque el monto no varió durante todo el período, no se sabe en qué moneda se encuentra, si genera intereses o por qué no se realizaron pagos para saldarla.
Más allá de esto, el diputado pidió que la Justicia ponga el ojo en ciertos puntos de su declaración jurada patrimonial porque en 2019 declaró, en la línea “GASTOS PERSONALES- IG MONTO CONSUMIDO”, un total de $2.388.526 y $564.565 de gastos no deducibles al impuesto a las ganancias. Esto "implica que utilizó el total de sus ingresos para vivir, léase para sus gastos anuales. Por lo tanto, no encuentra razón entre lo percibido, lo gastado y el incremento del patrimonio, por lo que debe investigarse penalmente los hechos denunciados".
El caso Micheo
En el caso de Micheo, dice la denuncia, cuando ingresó al cargo público contaba con un patrimonio de $156.837 pero en diciembre de 2019 ese monto ascendió a $3.891.776, producto de activos por $ 6.199.517,84 y pasivos por $ 2.307.741,79. Creció 25 veces en tan sólo cuatro años. El año de su salida del Gobierno, además, declaró la tenencia de $945.000 en dólares los cuales dijo que entraron a su patrimonio en 1969. Otra vez se repite este año.
Además, declaró dólares en una caja de ahorro en Estados Unidos por un valor equivalente a $92.870 al inicio de 2019 y al cierre de ese año el monto ascendió a $769.029. "Es decir, al 2015 la Subsecretaria ingreso a la gestión sin divisas extrajeras y concluyó su actividad con un monto considerable y sin justificar". Pero lo que explica su enriquecimiento, dedujo Tailhade, es la compra de un departamento de 374 metros cuadrados en la Capital Federal el 7 de septiembre de 2017 por un valor de escrituración de $6.453.312.
Porque las curiosidades sobran, la ex funcionaria había declarado en 2017 un patrimonio neto de $405.768 pero ocho meses después adquirió el inmueble en cuestión. Un inmueble que costó seis millones de pesos más que lo declarado ante la Oficina Anticorrupción. El año, muy productivo, lo cerró con más de diecinueve mil dólares, la propiedad y títulos de deuda pública según consta en la denuncia. Pero el 2017 no fue la única vuelta al sol con saldo favorable. En su último período de gestión, el 2019, manifestó un incremento patrimonial de $1.239.059 al pasar de $2.652.717 a $3.891.776 en sólo doce meses.
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