La Unidad de Información Financiera (UIF) apunta a darle más impulso a una causa que investiga presunta evasión fiscal por 430 millones de pesos montada en un entramado de compañías dedicadas a generar facturas truchas. Según adelantaron a El Destape, el organismo pidió ser querellante en la pesquisa conocida como "Vieyra Ferreyra", en Córdoba. En esta historia cumplieron un rol fundamental las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas) creadas e impulsadas por Cambiemos para armar empresas en 24 horas, con pocos requisitos y menos controles. Algo que dio lugar a múltiples maniobras ilícitas que ya fueron reveladas por este medio, maniobras utilizadas por ex funcionarios macristas - como el caso de Rodrigo Sbarra -, amigos de Mauricio Macri - como Daniel Angelici - o, incluso, grupos narco. Siempre orientadas a funcionar como pantallas para lavar dinero, ocultar el origen ilegal de los fondos e identidades clave.
La causa está en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, e investiga el armado de una asociación ilícita destinada a cometer, facilitar y colaborar en la comisión de ilícitos tributarios. Desde el organismo antilavado que conduce Carlos Cruz se trabaja con la hipótesis de que también debe abordarse el delito de lavado de activos y la forma en que las sumas generadas mediante esta estafa fueron reingresadas al circuito formal, sobre todo por la enorme evasión impositiva que encabezó la organización y le redundó en beneficios monetarios.
El mecanismo fue el siguiente: emitieron y vendieron facturas manuales o electrónicas truchas a su nombre, de otras personas físicas con o sin su consentimiento, o personas jurídicas - empresas - integradas por ellos mismos. Lo hicieron con claves fiscales pero sin capacidad económica para generar y proveer los servicios o productos facturados. Por otro lado, también avanzaron con copia de facturas reales de contribuyentes con capacidad económica a las que les cambiaron los datos del cliente y los valores de una operación que fue inexistente.
La causa se inició a través de la denuncia formulada por un contribuyente a partir de haber tomado conocimiento de la existencia de numerosas facturas realizadas con su CUIT las que no habían sido realizadas por él. Según la investigación, se emitieron comprobantes por más de 2.800 millones de pesos y, mediante estos comprobantes falsos, llevaron acabo la evasión de impuestos por 430 millones.
El rol de las SAS macristas
La organización criminal se valió de personas jurídicas, mayormente Sociedades por Acciones Simplificadas creadas por ley durante el gobierno de Cambiemos. Básicamente, permite el nacimiento de empresas en 24 horas sin controles y oculta el nombre de su verdadero beneficiario. En este caso, la finalidad de estas compañías pantalla fue la de generar crédito fiscal ilegal o gastos ficticios para disminuir la base imponible a sus clientes en relación al IVA y el Impuesto a las Ganancias. Por otro lado, buscaron disimular la falta de capacidad económica de sus usinas para emitir facturas truchas, salvo a municipios y comunas que no pagan esos tributos y aparecen entre los destinatarios.
Desde la UIF aseguraron que en el caso de los organismos gubernamentales, el uso de las facturas apócrifas habría tenido el objeto de ocultar o disimular el verdadero destino de las sumas de dinero de las facturas.
Las SAS tienen un funcionamiento muy similar al de las empresas offshore: inscripción online y en sólo un día; puede ser unipersonal; capital social de dos salarios mínimos con sólo el 25% de integración; puede dedicarse a casi cualquier actividad al mismo tiempo. O sea, puede hacer la actividad que tenga ganas, nada la delimita, lo que abre un abanico muy grande de acción y un obstáculo para su seguimiento legal.
A fines de septiembre, la UIF anunció que pondrá el ojo en este tipo de sociedades por presentar "importantes vulnerabilidades debido a la posibilidad de utilizar este tipo de entidades para ocultar a los beneficiarios finales a través del uso de prestanombres o testaferros, como también para generar organizaciones 'pantalla', por parte de personas que intentan eludir los estándares internacionales y soslayar el sistema de PLA/FT/DEC".
Dentro de sus características tipificantes, las SAS reúnen una serie de particularidades que la tornan "frágil, ya que estas compañías se vinculan con la extrema simplificación de los trámites de constitución, desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de sus deberes bancarios, tributarios y societarios". En este sentido, el organismo ejemplificó que las mismas no están sujetas a la fiscalización del Registro Público en su constitución ni durante su funcionamiento, disolución y liquidación.
El caso Sbarra
La aparición de U$S 10.000 en el escritorio que ocupaba el ex subsecretario del Ministerio de la Producción macrista Rodrigo Sbarra derivó en el descubrimiento de un posible sistema de “recaudación ilegal” en la cartera. La Justicia investiga que, basado en distintos mecanismos como la contratación de personas que no cumplían funciones reales, se desviaban fondos a proveedores privados por servicios inexistentes o sobrefacturados.
Allí se hizo provecho de una red de SAS vinculadas con Sbarra. Como denunció penalmente el diputado Rodolfo Tailhade, por vía de prestanombres el funcionario macrista había creado al menos dos sociedades anónimas simplificadas: Desarrollos Digitales Globales SAS y Depuración General Sustentable SAS. Cada una le facturaba al Ministerio de Producción $ 24 millones mensuales en tres facturas de $ 8 millones cada una, como contó El Destape.
También el Tano Angelici
Daniel “Tano” Angelici está detrás de una sociedad trucha creada con $20.000 que a los pocos días compró un departamento por 1 millón de dólares, casi mil veces su capital. Se trata de una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), la figura que armó Mauricio Macri para crear firmas en pocas horas y sin controles. La administra un socio de Angelici en varios negocios, desde el juego a otra firma en Panamá. Los datos surgen de una investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ) y todo indica una maniobra de lavado de dinero.
La sociedad pantalla de Angelici se llama Arte Inmobiliario SAS. Fue creada el 5 de enero de 2018 con un capital de $20.000. Un mes después, según pudo corroborar la IGJ, compró una propiedad en Recoleta por 1 millón de dólares. Al cambio de ese momento eran 19.800.000 pesos, casi mil veces el capital de la sociedad. Imposible de justificar. El inmueble queda en Carlos Pellegrini 847/855, un edificio que suele alojar oficinas.
Una de las claves de las SAS, como en las empresas radicadas en guaridas fiscales, es ocultar el beneficiario final de sus operaciones. En este caso, a partir de la pesquisa de la IGJ, el nombre apareció: Angelici. ¿La maniobra? Usar una sociedad para mover o lavar un millón de dólares sin que figurara su nombre, explicó Ari Lijalad.
Las SAS narco
Una banda narco creó más de 40 compañías dentro de este marco jurídico para mover al menos $ 1.200 millones en los últimos años, reveló Ezequiel Orlando. crearon una estructura corporativa compleja, con empresas nuevas cada quince días y cada una con un promedio de uso de cuatro a seis meses.
Reciclaban el manejo para evitar inspecciones y así pasar desapercibidos. Con esta práctica llegaron a mover al menos $ 1.200 millones desde 2018. La actividad eventualmente llamó la atención de las autoridades y derivó en una investigación penal en la Fiscalía Federal 2 de la ciudad de Santa Fe, a cargo de Walter Rodríguez.
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