En la justicia avanza otra causa por irregularidades en la obra pública que involucra a la empresa Iecsa, una de las firmas insignia del Grupo Macri, que el clan familiar traspasó durante el gobierno anterior por la cantidad de escándalos que sumó en tribunales en el último tiempo. Se trata del caso de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada Barragán. En su primera etapa, el expediente también compromete a la firma Isolux y a dos funcionarios de la exEnarsa. El pasado jueves, el juez Sebastián Casanello procesó a gerentes de las firmas privadas y directivos de la empresa estatal por “administración fraudulenta”. En el marco de esta pesquisa, donde se investiga la licitación, adjudicación y posterior privatización de las obras, también fue denunciado el expresidente Mauricio Macri.
El juez Sebastián Casanello procesó el 7 de mayo a Javier Sánchez Caballero y Santiago Altieri, históricos gerentes de Iecsa (hoy rebautizada Sacde), la empresa que era del primo Angelo Calcaterra. También apuntó contra otros directivos de la misma firma: Alejandra Erika María Kademián y Osvaldo Macías. Consideró a todos partícipes necesarios de una administración fraudulenta en torno a la licitación, adjudicación y construcción de las centrales.
El magistrado procesó con la misma figura penal a Juan Carlos De Goycoechea, de Isolux, que con Iecsa conformó una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con la que ambas participaron de la licitación para la adjudicación de las centrales.
En lo que hace al Estado, los dos funcionarios que quedaron procesados por ser parte de esta operatoria irregular que se inició en 2007 fueron Exequiel Espinoza y Carlos Pierro, presidente y gerente de Energía de la exEnarsa, respectivamente. Casanello los consideró coautores penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Ambos “incidieron protagónicamente en el direccionamiento de las contrataciones: los procesos de contratación trajeron aparejadas importantes ventajas a la UTE Isolux-Iecsa, falseando la competencia”, señaló el juez.
Para el magistrado, empresarios y funcionarios conformaron un todo: “El direccionamiento de las licitaciones por parte de los funcionarios de Enarsa no podría haberse cometido sin un aporte necesario de parte de los ejecutivos”, indicó.
Casanello les trabó a todos por igual un embargo de $ 795 millones.
En lo que hace a las empresas, el magistrado dispuso -hasta que se cubran los montos del embargo – la prohibición de cualquier inscripción que implique la venta de bienes o activos y el desmembramiento o modificación del estatus jurídico. Por otro lado, requirió a la fiscalía que interviene en la causa “una investigación patrimonial sobre los bienes de las empresas” con finalidad “de recupero de activos”.
Los históricos gerentes del Grupo Macri, Sánchez Caballero y Altieri, están involucrados en otros expedientes donde Iecsa quedó en la mira por el supuesto pago de sobornos a funcionarios públicos, como el Soterramiento del tren Sarmiento, donde la firma de la familia Macri fue señalada como la encargada de canalizar los pagos ilegales. Entonces conformaba una UTE con la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella y Comsa.
Una curiosidad: todos los directivos de Iecsa comparten abogado con el presidente de la Nación. Están asesorados por Ricardo Rosental, quien está acompañado en este proceso por Juan Aráoz de Lamadrid y Javier Landaburu.
El caso
El caso de las termoeléctricas se retrotrae al 2007. Allí se inició la maniobra que describe Casanello, con la licitación y posterior adjudicación de trabajos. El magistrado consideró que se amañó la forma por la que la UTE Iecsa-Isolux se quedó con la adjudicación de las centrales Brigadier López y Ensenada Barragán. A esto se sumaron distintas adendas contractuales, por las que se giró dinero a las firmas, que para el magistrado también estuvieron viciadas. Como si todo esto fuera poco, las empresas no terminaron las obras.
La segunda etapa esta causa se inicia por una denuncia de diputados del Frente para la Victoria porque Macri, ya como Presidente, lejos de atender a estas irregularidades que ya estaba investigando la Justicia, decidió privatizar ambas centrales termoeléctricas. ¿Qué hizo? Su gobierno coordinó una indemnización millonaria con las dos firmas cuestionadas en sede judicial: la de su primo e Isolux, que, paradojas del destino, fue aportante de campaña del macrismo. Según los denunciantes, en 2016 se había acordado el pago de $ 1.600 millones por la rescisión del contrato.
Esto no es todo. Las privatizaciones se concretaron antes de que Macri dejara la Casa Rosada. Las centrales termoeléctricas terminaron en manos de empresarios amigos del entonces Presidente. Las sumas que pagaron por ambas centrales también están bajo sospecha y en la mira de la Justicia.
Termoeléctricas, parte I
Para Casanello, en la primera parte de esta causa “se encuentra comprobado –con el grado de probabilidad que exige esta etapa procesal- que los empresarios pactaron con los funcionarios públicos de Enarsa distribuirse los contratos, simulando licitaciones públicas para que les sean adjudicadas las Centrales Térmicas de Ensenada de Barragán y Brigadier López, el permiso para modificar las condiciones de contratación y asegurarse nuevas obras sin ningún tipo de competencia. Como consecuencia de ello, obtuvieron un lucro indebido en perjuicio de las arcas públicas”.
“Desde el ámbito privado –agregó el juez-, las empresas oferentes generaron un ámbito de reparto de las obras, que permitió allanar el camino hacia la adjudicación de las dos Centrales a la UTE Isolux-Iecsa”. Además, indicó respecto a la licitación Pública Nacional e Internacional N° 2/2007 por la que se llevó a cabo el procedimiento de selección para cinco Centrales Termoeléctricas, de las que solo terminaron cerrándose las mentadas Ensenada Barragán y Brigadier López.: “Las empresas que participaron en las licitaciones estaban vinculadas jurídicamente por resultar proveedora una de otra, mientras que la restante participante se había abstenido precipitadamente de presentar oferta".
En esta línea, el magistrado destacó que “el direccionamiento de las licitaciones por parte de los funcionarios de Enarsa no podría haberse cometido sin un aporte necesario de parte de los ejecutivos Juan Carlos de Goycoechea, Héctor Javier Sanchez Caballero, Alejandra Erika María Kademian, Santiago Ramón Altieri y Osvaldo Macías”. Fueron los que participaron de los actos administrativos. El primero por Isolux, los restantes por Iecsa.
Termoeléctricas, parte II
El caso de las dos centrales termoeléctricas también compromete directamente al expresidente Macri y a varios de sus exfuncionarios porque incluye el acuerdo de una indemnización que beneficiaba a su primo y a un aportante de campaña y una privatización polémica.
Además de Macri, la segunda denuncia apunta, entre otros, contra el “primo” Calcaterra; el exministro de Energía, Juan José Aranguren; el exsecretario de Energía Javier Iguacel; y el exIecsa, Alberto Raúl Brusco, quien fuera subsecretario de Infraestructura Energética del gabinete de Aranguren.
De acuerdo a la denuncia, Brusco estuvo a los dos lados del mostrador: fue puesto al frente de la ‘Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios’ de las todas las consultorías y obras del ámbito energético mientras que en Iecsa había sido gerente general y miembro del Comité Directivo de los proyectos Brigadier López y Ensenada Barragán.
Finalmente, las dos centrales fueron privatizadas y, en el sector, señalan que a un precio más bajo que el de mercado.
La central termoeléctrica de Brigadier López la adquirió Central Puerto, donde tiene participación Nicolás "hermano de la vida" Caputo.
Por su parte, Ensenada Barragán terminó en manos de Pampa Energía (vinculada a los compradores de Iecsa) en sociedad con YPF.
Un especialista del área advirtió respecto a la participación de YPF en esta transacción: “Alguien tendrá que dar cuenta ante las nuevas autoridades de la racionalidad económica de esa compra”.
Tras los procesamientos de este jueves se espera que Casanello haga foco en esta segunda etapa de la causa.
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