El Gobierno será querellante en la causa Peajes, en la que se investiga una estafa que supera los 1.000 millones de dólares en torno a la renovación de las concesiones de los Accesos Norte y Oeste a los ex socios de Mauricio Macri. En la maniobra estuvieron involucrados el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ex titular de Vialidad Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías. Excepto Macri, los demás implicados fueron procesados pero dos jueces del lawfare que siguen en sus cargos anularon esa medida. Con esta decisión de ser querellante, el Gobierno dará impulso al expediente mientras evalúa rescindir esas concesiones llenas de cláusulas leoninas.
El ministro de Obra Pública Gabriel Katopodis fue quien ordenó a la Dirección de Vialidad que se presente en Comodoro Py, en la causa que se inició por una denuncia de los diputados Leopoldo Moreau, Carlos Castagnetto, Adrián Grana y Rodolfo Tailhade. El expediente estuvo en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral hasta que se jubiló. Pocos días antes había procesado a Dietrich, Iguacel y Saravia Frías.
El juzgado de Canicoba Corral quedó a cargo de Julián Ercolini, uno de los jueces más eficientes en la persecución judicial a ex funcionarios pero solo kirchneristas y que no está sólo. Hace unos días, los camaristas Martín Doctrina Irurzun y Leopoldo Bruglia, que rankean alto para el premio lawfare, anularon los procesamientos de Dietrich, Iguacel y Saravia Frías.
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Esta es una de las causas que preocupa a Macri. La caratula, de hecho, lleva su nombre, y dice que es por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. La querella que ordenó el ministro Katopodis, a la que accedió El Destape, suma los delitos de pago de coimas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa y fraude en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita. Y asegura que "la maniobra instrumentada, estructurada sobre un andamiaje de compensación y condonaciones de multas y penalidades, requiere sin dudas del conocimiento de las máximas autoridades para su realización, que justamente resultaban los que tenían intereses manifiestos en las empresas concesionarias".
La presentación de la actual gestión de la Dirección Nacional de Vialidad plantea que debe investigarse si “existió por parte de alguno o algunos de los funcionarios públicos intervinientes la exteriorización de un interés en miras de un beneficio propio y/o de terceros, como así si con los actos llevados a cabo en tal proceso se pudo haber configurado una violación de los deberes a su cargo con el fin de procurar para sí o para la empresa concesionaria un lucro indebido defraudando las arcas estatales cuyo manejo, administración o cuidado les competía”.
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Tal como reveló en su momento El Destape, Macri les garantizó a sus ex socios de la multinacional Abertis unos 746 millones de dólares con la renovación hasta el 2030 de las concesiones de los accesos Norte y Oeste. La gestión es a través de las empresas AUSOL y GCO, respectivamente, ambas de Abertis. Los nuevos contratos vienen con tarifas dolarizadas, cláusulas leoninas y la puerta abierta para nuevos juicios contra el Estado. De hecho, la maniobra para justificar esa renegociación incluyó la amenaza por parte de Abertis de un juicio contra el Estado por más de 1.793 millones de dólares, cifra que nunca justificaron pero sirvió de excusa.
El punto central del acuerdo fue la dolarización de la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es la tasa de interés o rentabilidad de una inversión. El Gobierno de Macri buscó instalar que hubo una mejora en las condiciones para el Estado, ya que el acuerdo hoy vigente redujo la TIR del 13,06% del contrato original de la década del 90 a un 8%. Pero la clave es que el contrato original era durante el 1 a 1, mientras que ahora se les dolarizaron las ganancias y, por ende, las tarifas.
A lo largo de la investigación judicial se incorporaron elementos en el expediente donde quedó en evidencia que esta megaestafa superó los 1.000 millones de dólares. Dos informes del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) a los que accedió El Destape, revelaron desfalcos por 358 millones de dólares en maniobras de autocontratación, sobrefacturación, distribución ilegal de dividendos, alquileres y compras a empresas ligadas a sus accionistas y evasión de impuestos. Sumados a los 746 de ganancia garantizada superan los 1.000 millones de dólares.
El OCCOVI señaló que Ausol hizo “un manejo deficiente de la empresa porque concentró toda su actividad económica en buscar financiamiento desde el exterior, pareciéndose más a un importador de servicios financieros que a un concesionario vial”. Y agregó: “Razón por la cuál en una primera apreciación no corresponde ningún tipo de renegociación contractual en los términos pretendidos por Ausol SA”. Es decir, no había ni que aumentar la tarifa de los peajes y menos aún que renovarles la concesión. Lo mismo corre para GCO.
El esquema utilizado por Ausol, según describió el OCCOVI, era el siguiente: tomaba deuda en dólares para financiar obras y otras contrataciones que realizaba con empresas que eran propiedad de sus accionistas. Esa deuda la pagaba con los ingresos por la recaudación del peaje, para lo cuál pidió sistemáticamente aumentar las tarifas ya que facturaba en pesos y debía en dólares. Así, el dinero ingresaba rápido vía endeudamiento y las ganancias que obtenían con esta triangulación se pagaban luego con el aporte de los usuarios del peaje. Un negocio redondo.
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