Dos ex ministros de Mauricio Macri fueron denunciados por el desvío de más de 1.300 millones de pesos en obras de seguridad vial que se pagaron pero no se hicieron. La denuncia la realizó la Oficina Anticorrupción (OA), apunta al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex director de Vialidad Javier Iguacel y se sumó a una causa judicial donde ya son investigados.
La denuncia original fue presentada por el diputado Rodolfo Tailhade en septiembre del año pasado. En la misma, Tailhade ya advertía que Dietrich e Iguacel había desviado 1.300 millones de pesos y que “las obras no se realizaron y se desconoce el destino del dinero”. Esta situación fue revelada por el programa Brotes Verdes.
En su momento el propio Dietrich dijo que “la denuncia es un disparate porque dice que las obras no se hicieron, ¡pero las obras se pueden ver! Me resulta inexplicable que intenten mentir con cosas que la gente usa a diario, que puede ver, tocar y que le mejoraron la seguridad con la que se mueve por el país”.
Sin embargo el dictamen de la OA revela que se hizo una auditoría sobre esas obras “arrojando que en ningún de esos lugares existe la señalización convenida transformándolas en verdaderas rutas fantasmas”.
El caso quedó en manos del juez Julián Ercolini, que ahora recibió también nueva información de la OA.
Según informaron desde la OA, “podría tratarse de un desvío de fondos por un total $1.314.065.056 bajo el delito penal de peculado y/o administración fraudulenta”. Además de Dietrich e Iguacel -luego transformado en ministro- el caso apunta a Carlos Pérez, ex titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
El marco de toda la maniobra es un convenio firmado entre la ANSV y la Dirección Nacional de Seguridad Vial (DSV) para mejorar la infraestructura vial de las rutas nacionales 5, 7, 8, 22 y 34. Desde la OA informaron que “la ANSV debía destinar los recursos financieros para que Vialidad realizara las obras necesarias. Pero las obras no se hicieron y la DNV nunca rindió cuentas documentadas”.
En el organismo que conduce Félix Crous realizaron un dictamen de 19 páginas donde se detalla la maniobra y constan las respuestas de las empresas que fueron intimadas por las obras que Vialidad dijo que realizaron.
Las irregularidades
“Muchas de las facturas que presenta la DNV, son de obras previas a la fecha de la firma del convenio, lo que supone un intento de justificar la transferencia de fondos posterior”, dice la OA. De hecho, definió esa operatoria como “altamente irregular”. De los 1.300 millones de pesos, más de $ 240 millones -el 18,5%- habría sido destinados al pago de facturas emitidas con anterioridad a que las partes suscribieran el Convenio.
Pero eso no es todo: “Las rendiciones de cuentas efectuadas por la DNV en ocasiones no coinciden con las facturas que en teoría les dan sustento”.
Según se desprende de la pesquisa que tramita en la OA, “los problemas en las rendiciones se vuelven aún más serios al tener en cuenta el análisis de la ANSV en su reclamo interadministrativo, que consideró que el monto real de rendición era de $ 8.287.898,40”. “Es decir, una rendición válida presuntamente menor al 1% de la totalidad de los montos transferidos”, explican.
A esto se suma que existen dudas en cuanto a la ejecución real de las obras encargadas por la DNV en función del Convenio. “No existe ningún informe técnico que describa el grado de avance de las obras encomendadas”, explican en el documento de la entidad que conduce Crous.
Las respuestas que dieron las empresas no arrojaron mayor claridad al asunto.
Según se desprende de la pesquisa de la OA, “las declaraciones de los representantes de las empresas ejecutoras generan una fuerte presunción de que habría tenido lugar una malversación de los caudales públicos (art. 260 del Código Penal), en tanto parecería que algunos de los fondos transferidos por la ANSV se destinaron al pago de obras viales que no tenían vinculación alguna con la instalación de elementos de seguridad vial. Es decir, obras por fuera del objeto estipulado en el Convenio Específico”.
Las respuestas de las empresas
En los antecedentes figuran una serie de cartas documento enviadas, en mayo del 2020, por la ANSV hacia las empresas que fueron informadas como contratistas de las obras rendidas por la DNV.
Desde el organismo hicieron una consulta concreta a todas las empresas involucradas en el caso y se encontraron con que la respuesta desnuda un vacío. La pregunta fue si al momento de desarrollar las obras viales que les fueron encomendadas, se incluyeron los siguientes ítems:
1 - Crear una nueva señalización vertical (Carteles de pie) y horizontal (demarcación del pavimento con material reflectivo);
2 - Instalar líneas vibrosonoras que eviten el despiste, tachas reflectivas y señalización con luces led;
3- Agregar cartelería inteligente, carteles electrónicos dinámicos que entregan información en tiempo real del estado de la vía”.
El estudio jurídico que representa a la empresa Corsan Corviam Construcciones S.A respondió que su cliente tenía obras asignadas por Vialidad pero que “entienden que no se trataría de las mencionadas en su misiva…”.
La empresa Dycasa (recibió 4 pagos) informó que sí le fue encomendado lo referente al punto 1 pero no en lo que hace a los puntos 2 y 3.
Desde la UTE Vial Agro S.A. - CN Sapag S.A (recibió 6 pagos) expresaron que solo trabajaron con señalización en un tramo puntual pero que no les fueron indicadas tareas como las contempladas en los puntos 2 y 3. Algo parecido sostuvo el representante legal de la UTE Lemiro Pablo Pietroboni S.A. -Panedile Argentina S.A. - Luis Losi S.A.
Por su parte, la UTE Esuco S.A. – Helport indicó que no abordó ninguno de los puntos mencionados. Desde las firmas aseguraron: “La inspección de obra no ha ordenado la ejecución de dichas tareas, ni su cotización como un adicional de obra. Por tanto no hemos percibido certificado alguno de obra que las incluya.”
La empresa Vial Agro S.A. sostuvo lo mismo: “La obra en cuestión se ha venido ejecutando conforme a lo contratado, sin que se contemplen varias tareas de señalización como las consultadas”.
Finalmente, la UTE Rovella Carranza S.A - CN Sapag S.A.C.C.F.I.I. Y E comunicó que “el contrato de obra tenía previsto crear nueva señalización vertical y horizontal, pero no se había llegado a la etapa de su ejecución”. Respecto a los puntos 2 y 3 “informó que no estaban incluidos en el contrato”.
Es decir, ninguna realizó los últimos dos puntos: la instalación de las líneas vibrosonoras y la de la cartelería inteligente.
Lo que se desprende de este informe revela que durante el macrismo se vivió en el mundo del revés. Iguacel fue el principal impulsor de la causa de la Obra Pública vial en Santa Cruz. Desde la Dirección Nacional de Vialidad, apenas asumió, ordenó que se haga una auditoría solo en aquella provincia. Tal como surge del relato de los testigos en el juicio, desvirtuó los resultados de ese trabajo para hacer su presentación en Comodoro Py y ahora, mientras el juicio de la Obra Pública que involucra a CFK se desmorona porque las obras que decían que no estaban sí se realizaron, se termina revelando que en principio fue el funcionario macrista el que intervino en el desvió de fondos para obras viales que nunca se hicieron.
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