Mauricio Macri y su familia recibieron un nuevo revés en una maniobra clave del caso por la multimillonaria deuda que tienen con el Estado por el Correo Argentino: su intento de que el expediente migre de la Justicia Nacional a la Justicia porteña para tenerlo bajo control y seguir sin pagar miles de millones que deben hasta más de 20 años. La noticia es que el procurador interino Eduardo Casal dictaminó que esa jugada es ilegal, algo que ya dijo en 2021 pero que tuvo que reiterar ahora ante nuevos planteos de los Macri.
Para entenderlo hay que hace una breve historia del laberinto judicial de la deuda del Correo. Primero los Macri contaron con la complicidad de la Justicia Nacional para no pagar su deuda desde 2001 hasta 2021, cuando finalmente la jueza Marta Cirulli declaró la quiebra de la empresa. Para no pagar urdieron una nueva maniobra: luego de reconocer durante 20 años a la Justicia Nacional como la jurisdicción del pleito plantearon que el expediente pasara a la Justicia porteña, movimiento que les permitiría más licuación de la deuda en unos tribunales que controlan sin fisuras. En una frase, quieren que la Justicia porteña desarme la quiebra decretada por la Justicia Nacional, quiebra que puede extenderse a SOCMA, la compañía central de los negocios familiares.
El caso llegó a la Corte, donde el procurador interino Casal (fiscal ante el máximo tribunal) dictaminó en contra del deseo de los Macri pero los cortesanos cajonean la resolución hace más de 2 años. Mientras tanto los Macri fueron directamente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño para apuntalar esta estrategia con dos escritos en simultáneo donde plantean lo mismo: mudar el expediente. En el TSJ están de acuerdo, ya lo dijeron en un caso análogo, a pesar de que es inédito que crean que por estar en CABA son el tribunal superior de la Justicia Nacional, como si el jefe de Gobierno porteño pudiera ser el superior de un ministro nacional. En silencio y sin hacer ruido hace unas semanas el TSJ avaló la jugada y mandó todo a la Corte. Ahora el nuevo revés es que el procurador interino Casal reiteró que de ninguna manera el caso puede pasar de la Justicia Nacional a la porteña.
El percance no es definitivo: el dictamen del interino eterno Casal no es vinculante y la Corte puede decidir lo que quiera. Pero ya son 5 los escritos del procurador que dicen que basta de dilaciones en el caso Correo, el mismo Casal que supo proteger a Macri en todo lo que pudo sin quedar expuesto a lo burdo de este expediente que lleva más de 2 décadas sin resolverse. La que no le pone freno es la Corte, que desde 2021 tiene un dictamen igual y no define el caso. Desde que el caso está en la Corte su presidente es Horacio Rosatti, designado por Macri primero por decreto y luego con el apoyo de parte del peronismo en el Senado.
¿Por qué hay 5 expedientes sobre lo mismo, el planteo de los Macri de que el caso pase a la Justicia porteña? Porque los Macri hicieron un arte de la dilación en base a decenas de microplanteos judiciales y llevaron a la Justicia porteña todas sus maniobras en el caso Correo: 1) el intento de desplazar a la fiscala Gabriela Boquin, que fue la que en 2017 advirtió que el gobierno de Macri quería condonarle a la familia Macri el 98,82% de su deuda con el Estado y logró frenarlo, lo que le costó aprietes y persecuciones de todo tipo; 2) la recusación de la jueza Marta Cirulli, que fue cómplice del letargo del expediente durante años pero que en 2021 decretó finalmente la quiebra de la empresa, algo que los Macri nunca le perdonarán; 3) sus apelaciones contra la quiebra de la empresa, aceptadas pese a que no existe la posibilidad de hacerlo en el Código Civil y Comercial; 4) la recusación a la jueza Gabriela Vázquez, la única de la Sala B de la Cámara Comercial que votó en contra de las maniobras de los Macri en disidencia con sus colegas Matilde Ballerini y Maria Lilia Gómez Alonso; 5) su negativa a la intervención de Correo Argentino para que los Macri no continuaran con el vaciamiento de la empresa mientras no pagan su deuda.
¿Por qué los Macri quieren llevar el caso a la Justicia porteña? Hay dos motivos: el tiempo y el control. El tiempo ya que con esta maniobra alargaron el ya eterno expediente donde se tiene que resolver su multimillonaria deuda con el Estado y eso, sumado a planteos contra el pago de intereses, hace que cada día se licue más lo que deben. El control porque si Macri tiene manejo de la Justicia Nacional en la Justicia porteña casi no hay díscolos del sistema de operadores judiciales que se reparten los tribunales pero coordinan cada movimiento relevante.
El TSJ responde mayoritariamente a Macri. Lo preside Inés Weinberg, a quien Macri propuso en su momento para ocupar la Procuración General de la Nación. Lo integra también Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia en el gobierno de Cambiemos. Lo completan Luis Lozano, Alicia Ruiz y Marcela De Langhe. El fiscal general porteño es Juan Bautista Mahiques, el ariete del lawfare durante el gobierno de Macri. El ex presidente no tiene ni que llamarlos, ya saben que hacer. De hecho ya avisaron que quieren meterse en el caso Correo.
La postura de Casal ante la Corte es clara. “Opino que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene competencia para revisar la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial”, escribió Casal en 2021 y puso lo mismo ahora. Es más: recuerda que toda esta situación “resulta sustancialmente análoga a la analizada en el dictamen emitido el 25 de agosto de 2021 en los autos caratulados ‘Correo Argentino S.A. s/ Incidente de recusación con causa’”. En 2021 tampoco argumentó mucho, sino que remitió a un dictamen sobre un caso idéntico donde opinó lo mismo.
El caso al que remitió el interino Casal para rechazar esta pretensión de los Macri es el de Gabriel Levinas, que fue denunciado por la familia del artista León Ferrari. El panelista televisivo había recibido 15 cuadros de Ferrari en 2008 para exponerlos en una galería parisina pero solo devolvió cuatro. La familia Ferrari lo denunció y en su defensa Levinas dijo que los había vendido en Uruguay, que no recordaba el nombre del comprador y que el dinero de la venta tuvo que usarlo “por razones de urgencia”. O sea, le prestaron los cuadros, los vendió y se quedó con el dinero.
Levinas fue condenado en primera instancia por la jueza civil Virginia Siminari, sentencia confirmada por la Cámara Civil. Lo condenaron a pagar 88.000 dólares más intereses. Levinas hizo entonces la misma jugada que los Macri: apeló ante el TSJ porteño para sacar el expediente de la órbita nacional. El TSJ se autopercibió instancia superior de la Justicia Nacional y quiso quedarse con el caso pero el expediente llegó hasta la Corte, que le pidió opinión al procurador interino Casal. Y Casal dijo que el TSJ porteño no puede meterse en una resolución de la Cámara Civil a nivel Nacional.
“No existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con asiento en esta ciudad” escribió el interino Casal en ese caso. En 2021 dijo lo mismo del caso Correo y ahora de nuevo.
No es la única jugada de Macri vinculada a Correo, el caso que más le preocupa. Por un lado trabaja a pleno para evitar la llegada del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, no porque se trate de uno de los paladines del lawfare sino porque le mantuvo abierta la causa penal por el intento de condonarle la deuda a su familia. Esa causa comenzó en 2017, cuando la fiscala Boquin frenó la maniobra. Lijo ni siquiera llamó a indagatoria a Macri en estos 7 años, pero lo que debería ser motivo para que el peronismo se oponga a su llegada a la Corte termina siendo argumento de Macri pero por lo contrario: que no le cerró el caso como hicieron otros jueces serviciales.
Tal como reveló El Destape, Macri busca además acuerdo extrajudicial en una causa al revés, donde dice que el Estado les debe a ellos. Usan como argumento un artículo de la ley bases que, según ellos, permite una transacción por fuera del expediente que ya tenían casi por perdido. Está pendiente que conteste el procurador del Tesoro Rodolfo Barra, jefe de los abogados del Estado, en este caso ya hizo un planteo lapidario en contra de los Macri.
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