El juez Ariel Lijo, pieza clave pero sigilosa del lawfare, dio una puntada más a una maniobra para beneficiar a Mauricio Macri en la causa penal por el intento de condonación de la deuda del Correo y el vaciamiento de la empresa. La jugada, advertida por El Destape en mayo pasado, consistió en citar a un contador a dedo para que diga lo que los Macri quieren escuchar: que la propuesta que le hicieron al Estado y el que gobierno de Mauricio aceptó no era abusiva pese a que implicaba una quita del 98,82% de la deuda y que aún si lo fuera eso no es un delito.
Hace 3 días el juez Lijo citó como testigo a ese contador, que se llama Pablo Sergio Varela, que no es especialista en el tema pero cuyos informes usan los Macri en la causa comercial donde se discute el pago de su deuda. Lo que dijo busca beneficiar al ex presidente, al que el juez Lijo protege y no llama a indagatoria pese a que el expediente tiene más de 4 años.
La convocatoria del contador Varela, según consta en el expediente, fue “en su carácter de experto en concursos y quiebras”. Lo cierto es que en el currículum que figura en la web de su estudio no figuran las palabras “concursos” ni “quiebras” sino que se especializa en tributación y derecho penal. De hecho da clases de Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la UBA y de Imposición a las Rentas Empresariales en una especialización en la Universidad Austral. Nada que ver con “concursos y quiebras”. Su curriculum tiene unas 15 páginas de asistencias a congresos, jornadas y cursos: ninguna sobre “concursos y quiebras”. Una curiosa definición de experto.
La audiencia donde el contador Varela declaró como testigo fue el pasado miércoles 24 de noviembre. Lo citó el juez Lijo pero las preguntas las hizo todas Pablo Castex, abogado de Jaime Kleidermacher y Jaime Cibilis Robirosa, apoderado y presidente de Correo Argentino respectivamente. Todas las preguntas giraron sobre tres ejes: que diga que la propuesta que hicieron los Macri y firmó el Gobierno de Macri no era abusiva, que diga que la fiscala Gabriela Boquin -que frenó ese acuerdo- no tenía porqué meterse y que diga si hubo algún delito cuando ese acuerdo con los Macri de ambos lados del mostrador no se concretó.
Al contador Varela le preguntaron si la propuesta que hicieron los Macri era razonable. “En cuanto a la razonabilidad de la propuesta no puedo opinar por ser ajeno al rol que se me solicita. Este criterio lo debería definir el Juez Comercial y el análisis de los síndicos”. Curioso, ya que el juez Lijo lo convocó para que analizara un informe que hizo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), la mini SIDE que depende de la Corte, y ese informe concluyó que de 216 escenarios posibles en torno al cálculo de la deuda en todos los Macri terminaban pagando menos del 8% del total. No es que no lo leyó: Varela le esquivó a decir que la propuesta fue abusiva, tal como ya está demostrado.
“Dada su experiencia, ¿Qué tan pertinente es la propuesta concordatoria ofrecida por la concursada en junio de 2016, teniendo en cuenta que la valuación de correo Argentino era cero (conforme surge los informe de los valuadores) y teniendo en cuenta las consecuencias del dictado del decreto 1075/2003 antes señaladas?”, insistió Castex. La valuación efectivamente fue cero y el decreto que menciona es la quita de la concesión del servicio postal porque no pagaban el canon. “Este profesional no puede opinar respecto de la pertinencia de la propuesta del 28 de junio de 2016 ya que ello es competencia exclusiva de la jurisdicción comercial”, contestó Varela que le sacó el cuerpo pero también dejó en evidencia algo: esto tiene que resolverse en el fuero Comercial, no en Comodoro Py.
El abogado de los directivos de Correo se preocupó por marcar que aún si la propuesta era abusiva nunca se concretó y, por ende, no hubo delito. “¿Si la justicia comercial considerase que un acuerdo es abusivo, ¿Cuáles serían las consecuencias de dicha resolución? ¿Podría configurar ello una ilicitud en el derecho concursal?”, inquirió Castex. “En abstracto una resolución judicial que disponga el carácter abusivo resulta apelable, por ende interpreto que no podría revestir el carácter ilícito. Habitualmente, frente a propuestas abusivas, el Juez o la Cámara intentan llevar adelante una mejora de la propuesta del deudor.”, contestó Castex. Pero no se trata de si una propuesta abusiva es un delito, cosa que no es: la cuestión es que el Gobierno de Macri la aceptó en clara coordinación con sus empleados.
Castex también apuntó directo contra la fiscala Gabriela Boquin. “¿Exige la Ley de Concursos y Quiebras la participación del Fiscal Comercial en el proceso de homologación de una propuesta concordatoria?” preguntó el abogado. El contador Varela respondió lo obvio: que sí. Esto ya fue incluso saldado por la Corte Suprema, que dijo que Boquin tenía que intervenir.
El portal Periodismo y Punto, que dirige el operador macrista Luis Gasulla, publicó que el testimonio de Varela “hirió de muerte el relato K sobre el supuesto intento de una quita abusiva”. La nota la firmó Camilo Cagnacci, que acaba de publicar un libro sobre el caso Correo que tituló “La gran estafa” para instalar la idea de que, en sus palabras, “los Kirchner usaron la causa Correo para perseguir a Mauricio Macri y su familia”. Ni se enteró que este expediente se inició el 19 de septiembre de 2001, cuando ni Néstor ni Cristina estaban cerca de la Casa Rosada.
Pero lo cierto es que el objetivo del testimonio de Varela es ese: liberar a Macri y a sus empleados de la causa penal que digita Lijo.
Un dato no menor: en uno de sus últimos intentos por pagar menos de los que deben, los Macri adjuntaron a su presentación un informe hecho por el contador Varela a pedido del juez Lijo. A Varela le preguntaron si tenía algún interés en la investigación y respondió que “no”. Habrá que ver.
PROLijo
Lijo tiene en sus manos esta causa penal en la que está imputado Macri por su intento condonar la deuda de su familia con el Estado cuando era presidente. El caso se inició en febrero de 2017, hace más de 4 años, pero Lijo ni siquiera lo llamó a indagatoria y buscó todo tipo de trucos para proteger al ex presidente. Hábil para la negociación, Lijo usó el caso Correo como pieza de cambio en los constantes reformateos del poder de Comodoro Py.
Tal como informó El Destape, el juez Lijo le dio intervención a un supuesto especialista sin justificar su elección para que analice una pericia contable que el propio juez ordenó. Fue hecha por la Dajudeco, que depende de la Corte Suprema, y que concluyó que la fiscala Boquin tenía razón: que la propuesta que hicieron los Macri familia y aceptó el Macri presidente en 2016 era abusiva para los intereses del Estado. O sea, Lijo mandó a hacer un informe y luego pidió alguien que lo analice cuando, además, tiene que investigar si se violaron los deberes de funcionario público, no hacer cálculos de matemática financiera.
¿Por qué el juez Lijo tomó esta decisión? A pedido de Jaime Kleimermacher, histórico abogado de Correo, y Jaime Cibilis Robirosa, presidente de la empresa. Los Jaimes están imputados en esta causa junto a Macri y ya fueron indagados, al igual que el ex ministro de Clarín Oscar Aguad y su director de jurídicos Juan Manuel Mocoroa, los artífices de esta estafa desde el mostrador estatal. El único imputado que no fue citado a indagatoria, la primera instancia de defensa de un acusado, es Macri.
El juez Lijo le pidió a la UBA que le recomiende a alguien para “analizar el informe técnico presentado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado”, la Dajudeco. Ese informe fue pedido por el propio Lijo pese a que en el expediente radicado en el fuero Comercial, donde se define la deuda de los Macri, ya existían todos los elementos para demostrar que la propuesta que aceptó el Gobierno de Macri era perjudicial para el Estado.
La Dajudeco analizó 216 escenarios posibles vinculados a la propuesta de pago que hicieron los Macri. No es menor, ya que las tasas de interés son justamente lo que los Macri discuten tanto en el fuero Comercial como en el Penal. La Dajudeco concluyó: “del estudio se desprende que independientemente de la posible fecha de homologación que se considere y del tipo de tasa de interés aplicable, el porcentaje de quita estimado resulta superior al 92 por ciento en los 216 escenarios analizados”. En criollo: en 216 opciones los Macri siempre terminarían pagando menos del 8% de la deuda. Solo puede ser negocio para ellos.
No se puede acusar a la Dajudeco de kirchnerista: la controla desde su creación el juez Martín Doctrina Irurzun, designado por un sorteo del que nunca hubo pruebas. Su director en el día a día es Juan Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario letrado del propio Lijo. Desde allí se maquinó la distribución de escuchas a CFK que Luis Majul se encontró corriendo por Palermo o que difundía Nicolás Wiñaski en capítulos como si fuera una serie de Netflix.
El juez Lijo no tuvo la prensa de su colega Claudio Bonadio pero fue una pieza clave del lawfare en la era Macri. La línea de mando en Comodoro Py era Ricardo Lorenzetti-Irurzun-Lijo. Esto quedó plasmado en el armado de la oficina de escuchas que Macri le sacó a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó y entregó a la Corte. Fue el gérmen de la Dajudeco. Lorenzetti hizo que Irurzun quedara al mando de esta oficina y Lijo puso a su histórico secretario, Rodríguez Ponte, como director a cargo del día a día.
Lijo fue además el armador de la Asociación de Jueces Federales, cuya sigla AJUFE copió a su par brasilera. Hace unos días la AJUFE auspició una charla de Mariano Borinsky, el juez que se juntó 16 veces con Macri en la Quinta de Olivos. El otro auspiciante fue un portal ligado a Lorenzetti. Todo sigue igual.
El eje Lorenzetti-Irurzun-Lijo quedó a la vista cuando el último puso en práctica la Doctrina Irurzun de encarcelamiento de opositores por su “poder residual”. Lo aplicó a Amado Boudou, a quien incluso hizo fotografiar en pijama mientras lo detenían.
- ¿Por qué detuvo a Boudou si no había peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación? -le preguntó entonces este periodista.
- No tenía otra opción, me lo ordenó la Cámara – contestó Lijo en alusión a la Doctrina Irurzun.
Este prontuario basta para entender la protección de Lijo a Macri en el caso Correo. En febrero de 2017, cuando estalló el escándalo por el intento de Macri de condonarle la deuda a su familia, Lijo unificó varias denuncias penales contra el entonces Presidente. Tenía que intervenir con el fiscal Juan Pedro Zoni, pero Macri hizo que lo desplazaran. Desde entonces Lijo maneja los tiempos.
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