Maria Lilia Gómez Alonso, la camarista del fuero Comercial que fue la aliada de Mauricio Macri para dilatar el expediente de la deuda del Correo por más de 15 años, no podrá continuar más en su cargo. La jueza había logrado una medida cautelar para no cumplir con el límite de los 75 años que marca la Constitución y, tal como informó El Destape, apostaba a que la Corte se lo permitiera o al menos demorara su decisión mientras seguía poniendo su firma en el caso que más preocupa a la familia Macri. Pero un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa le torció el rumbo: le habilitaron que acceda a la Corte pero mientras deberá dejar el cargo.
El impacto en el expediente por la deuda del Correo es inmediato: Gómez Alonso, alineada siempre con Macri, ya no puede intervenir, justo en el momento donde deben decidir si se concreta o no la quiebra de Correo Argentino y si se extiende esa quiebra a SOCMA, la firma de la familia Macri.
Como presidenta de la Sala B de la Cámara Comercial la jueza Gómez Alonso fue clave en el letargo judicial gracias al cuál el ex presidente y a su familia no pagan la multimillonaria deuda que tienen con el Estado y más de 700 acreedores hace más de 20 años. Comparte la Sala B con Matilde Ballerini, que siempre siguió sus directivas, pero hace poco llegó Guadalupe Vázquez para completar el trío de camaristas. A los Macri no les gustó y enseguida pidieron que no pudiera intervenir en el caso Correo. No lo lograron, y ahora a la que perdieron es a Gómez Alonso.
Gómez Alonso cumplió 75 años el 17 de noviembre del 2021. La Constitución dice que tenía que jubilarse pero demandó al Estado para quedarse en el cargo. Gómez Alonso, que integra la Sala B de la Cámara Comercial, puso como abogados suyos al estudio Cassagne, pieza fundamental del armado jurídico de los negocios durante el macrismo. Y logró un primer fallo a favor de parte del juez Pablo Cayssials, el mismo que anuló la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley audiovisual, que tuvo a su vez una de las demandas de los Macri contra el Estado por el Correo y que fue clave para lograr en su momento el desplazamiento de Alejandra Gils Carbó.
El argumento de Gómez Alonso que compartió su colega Cayssials es que se le aplique el fallo que logró Carlos Fayt, que se quedó en la Corte Suprema hasta los 98 años. Pero los últimos antecedentes le juegan en contra. El Gobierno apeló el fallo y citó el caso del juez Leopoldo Schiffrin donde la propia Corte revirtió lo dicho en el caso Fayt y dijo que el límite que puso la reforma de 1994 es de plena aplicabilidad. Otro caso cercano es el de la jueza de la Cámara de Casación Liliana Catucci, que intentó el mismo camino, fracasó y tuvo que jubilarse.
Cayssials concedió la apelación del Gobierno con efecto devolutivo, es decir, mantuvo la cautelar a favor de Gómez Alonso hasta que el tema se resuelva. Ahora los jueces Guillermo Treacy, Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Alemany, que integran la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, revirtieron eso. Ya habían revocado el fallo de Cayssials en diciembre y ahora le concedieron a Gómez Alonso que siga camino hasta la Corte pero establecieron que sea “sin efecto suspensivo”. ¿Qué significa? Que mientras la Corte decide Gómez Alonso no puede seguir en el cargo.
¿Quién es la camarista Gómez Alonso?
Jueza desde mayo de 1982, Gómez Alonso llegó a la Sala B de la Cámara Comercial en 1988. No es un nombre que pase desapercibido en la política judicial. Es más, llegó a a presidenta de la Asociación de Magistrados, uno de los poderosos arietes del conservadurismo judicial. Fue la primera mujer en lograrlo.
Este medio reveló que Gómez Alonso visitó la Casa Rosada en plena ebullición del caso Correo. Fue el 12 de septiembre de 2018 y se reunió con Pablo Clusellas, el Secretario Legal y Técnico, integrante de la Mesa Judicial de Cambiemos, histórico gerente SOCMA y uno de los funcionarios más cercanos a Macri. No hay ninguna justificación para esa reunión. Por entonces, Gómez Alonso presidía la Asociación de Magistrados, una de las asociaciones civiles que reúne funcionarios judiciales. Sin embargo, no hay ningún nexo entre esa función y la Secretaría Legal y Técnica que comandaba por entonces Clusellas. El vínculo institucional entre la Asociación y el Gobierno era y es a través del Ministerio de Justicia.
Por esos días los Macri insistían con desplazar a la fiscala Gabriela Boquin, que frenó la condonación de más de 70.000 millones de pesos; la familia del presidente había hecho una nueva propuesta que en los hechos implicaba que les perdonen la deuda; y el propio Macri preparaba los decretos para dar por cerrada la investigación interna sobre los funcionarios que ejecutaron esa maniobra para beneficiar a su familia. La letra de esos decretos estaba en manos de Clusellas, quien se juntó con la jueza Gómez Alonso.
La hija de la jueza, Agustina, trabajaba con el ministro de Justicia Germán Garavano hasta que la premiaron con un cargo de jueza en un procedimiento plagado de irregularidades. El hoy fallecido esposo de la jueza era Héctor “Negro” Díaz Cordero, conocido operador judicial en materia comercial. Parecía un negocio familiar. Cuando falleció, la rutina García Lupo de leer los avisos fúnebres de La Nación reveló su arco de relaciones, incluidos buena parte del funcionariado macrista.
En tribunales hay un dicho: sos el abogado que elegís. En el caso de Gómez Alonso optó por el estudio Cassagne. No es un dato menor: los Cassagne fueron uno de los estudios de la city con mayor influencia durante el gobierno de Macri. En su edición de agosto de 2016 revista Apertura los describió así: “El ‘movedizo’ -al decir de un competidor- Ezequiel Cassagne gastó suela en los pasillos de la Casa Rosada, el Palacio de Hacienda y Cancillería, involucrado en la elaboración de la ley de Participación Público Privada (PPP). Sancionada en diciembre, se reglamentó en marzo. Hoy, Cassagne Abogados trabaja en 20 proyectos de inversiones privados, en fase de pre-factibilidad y factibilidad, dice. El estudio, también, asesora al Gobierno porteño y otros distritos en este tema”. O sea, le armaron el esquema al gobierno de Macri y luego tuvieron como clientes a las empresas que se beneficiaron de ese mismo esquema.
Máximo Fonrouge, uno de sus socios principales, presidió alternativamente el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y la ONG Será Justicia -que usaban como sello de goma-, desde las cuales operativizaron buena parte de las presiones y jugarretas judiciales contra el kirchnerismo. Y el abogado que lleva el caso de Gómez Alonso es Pablo Sanabria, otro de los socios que además fue funcionario durante el gobierno de Macri en el PAMI y en la Unidad de Información Financiera (UIF).
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