Correo: 7 años de Macri impune por autocondonarse la deuda con el Estado

El 8 de febrero de 2017, un día como hoy pero hace 7 años, Mauricio Macri fue denunciado penalmente por intentar condonarle a su familia más de 70.000 millones de pesos de la deuda que tenían (y aún tienen) con el Estado por el canon de la concesión del Correo Argentino. Pasaron 7 años y Macri ni siquiera fue llamado a indagatoria por el juez Ariel Lijo.

La cuestión penal en el caso Correo es una de las 3 patas de este escándalo. En paralelo la Corte Suprema mantiene paralizado el expediente del fuero Comercial donde se define la multimillonaria deuda que acumulan con el Estado desde el 2001 (de la que aún no pagaron un peso) y, por otro lado, los Macri empujan en el fuero Contencioso Administrativo varias causas contra el Estado al que le reclaman más de 14.500 millones de pesos en indemnizaciones por la quita de esa concesión cuyo canon habían dejado de pagar. La causa penal contra Macri y la causa comercial por la deuda no avanzan; las causas en el contencioso administrativo donde quieren rapiñar fondos públicos sí.

Es sabido que algunos jueces y fiscales de Comodoro Py, donde se dirimen las cuestiones penales, oscilan entre la chita y el caracol: pueden resolver un caso en pocos días o cajonearlo años. El juez Lijo adoptó el modo caracol en el caso Macri. Si bien llamó a indagatoria a otros involucrados en el caso, como el entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y su director de Jurídicos Juan Manuel Mocoroa y a los directivos del grupo Macri Jaime Kleidermacher y Jaime Cibils Robirosa, al entonces y luego ex presidente Macri nunca lo molestó. Ni siquiera para indagarlo, la primera instancia de defensa de un acusado donde puede incluso mentir y decir que su familia nunca tuvo la concesión del Correo. Van 7 años y el blindaje del juez Lijo a Macri es total. Es el mismo juez que, en modo chita, no dudó en aplicar la Doctrina Irurzun para detener al ex vicepresidente Amado Boudou sin que tuviera ninguna condena, solo por el hecho de haber pertenecido a un gobierno.

El diario La Nación publicó que Macri se reunió con su entonces jefe de los espías Gustavo Arribas, su ministro de Justicia Germán Garavano y con su operador judicial Daniel Angelici para desestimar las denuncias de enriquecimiento ilítico en contra del hermano de Lijo a cambio de impunidad en el caso Correo. Siempre según La Nación, a la hora de hablar sobre cómo se comportaría Lijo respecto a Macri, Angelici afirmó: “Yo lo conozco, tengo muy buena relación. Siempre jugó bien”. Todo indica que sigue jugando bien.

Desde el inicio de esta causa penal Macri manejó los tiempos e incluso digitó quien actuaba como fiscal. En 2017, cuando esto comenzó, el juez Lijo estaba de turno con el fiscal Juan Pedro Zoni. Apenas le llegó el expediente el fiscal Zoni imputó a Macri junto a Aguad, Mocoroa, Cibils Robirosa y Kleidermacher. A las pocas semanas el fiscal Zoni amplió la imputación a la jueza del fuero comercial Marta Cirulli (cómplice del letargo para que no pagaran la deuda) y los síndicos del concurso de acreedores de Correo Argentino. Entre ellos estaba Julio César Rivera, designado por Macri para conjuez de la Corte Suprema y para encabezar la reforma al Código Civil y Comercial, además de abogado de su familia.

A mediados de marzo de 2017 el fiscal Zoni pidió una serie de medidas para intentar que avanzara la investigación. Pero el 6 de abril Macri hizo que el procurador interino Eduardo Casal desplazara a Zoni de su cargo. Nombraron en su lugar al fiscal Gerardo Pollicita, que a pesar de su cercanía con Macri intentó que la investigación avanzara. Macri también ordenó apartarlo y finalmente puso al fiscal Eduardo Taiano, uno de los paladines del lawfare.

El juez Lijo simuló que le interesaba investigar el tema y solicitó una pericia contable a la la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Suprema. El objetivo declarado era saber si la propuesta de pago que hicieron los Macri, que implicaba una quita del 98,82%, era abusiva para los intereses del Estado. La Dajudeco analizó 216 escenarios posibles vinculados a la propuesta de pago que hicieron los Macri. No es menor, ya que las tasas de interés son justamente lo que los Macri discuten tanto en el fuero Comercial como en el Penal. La Dajudeco concluyó: “del estudio se desprende que independientemente de la posible fecha de homologación que se considere y del tipo de tasa de interés aplicable, el porcentaje de quita estimado resulta superior al 92 por ciento en los 216 escenarios analizados”. En criollo: en 216 opciones los Macri siempre terminarían pagando menos del 8% de la deuda. Solo puede ser negocio para ellos.

Como no le gustó esa respuesta el juez Lijo (en sintonía con los Macri) citó a un contador a dedo, llamado Pablo Sergio Varela. Aún así, cuando le preguntaron a este contador si las ofertas que hacían los Macri eran abusivas contestó: "En cuanto a la razonabilidad de la propuesta no puedo opinar por ser ajeno al rol que se me solicita. Este criterio lo debería definir el Juez Comercial y el análisis de los síndicos”. Dio en el clavo: el juez Lijo no tenía que hacer pericias contables sino investigar si Macri violó la ley al intentar condonar una deuda de su familia con el Estado. Obviamente no lo hizo y se mantuvo impermeable a la evidencia de los números.

En marzo de 2022 el juez Enrique Alonso Regueira, del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, anuló así la decisión del Procurador interino Casal y ordenó que se reintegre al fiscal Zoni como titular de la Fiscalía Federal 8 de Comodoro Py. Aún no pasó. Entre el juez Lijo y el fiscal Taiano mantienen le mantienen el tema pisado. Van 7 años.

Años y años

La historia de este escándalo es aún más antigua. En 1997 Franco Macri logró quedarse con una de las últimas concesiones que entregó el gobierno de Carlos Menem: el servicio de correo. Ganó la pulseada porque ofreció un canon 51.600.000 pesos (dólares, época de convertibilidad) semestrales, número que superó la oferta de sus competidores. Pero lo cierto es que pagó apenas 2 semestres y luego empezó a acumular deuda con el Estado.

El 19 de septiembre de 2001 Franco Macri entró a la Casa Rosada. Fue directo al despacho presidencial, donde lo esperaba Fernando De La Rúa. El empresario le informó al presidente que Correo Argentino había entrado en concurso de acreedores y, por ende, no pagaría su deuda con el Estado acumulada por la falta de pago del canon. Era una suma sideral: 296 millones de pesos, por entonces la misma cifra en dólares. El pater familia de los Macri repitió el mantra que los Macri repiten hasta hoy: dijo que la empresa era inviable si no se le eliminaba la competencia y si no se desregulaban las condiciones laborales de sus trabajadores. No mencionó que había contabilizado los despidos de miles de trabajadores como una inversión.

El concurso de acreedores tramita en el fuero Comercial y suele durar entre 3 y 5 años, pero en el caso de Correo y los Macri los tiempos fueron otros. Es una instancia judicial donde el deudor hace una propuesta a los acreedores, que tienen una ventana de tiempo para aceptar o rechazar la oferta de pago. La ley obliga a que haya mayoría de aceptación en cada categoría de acreedor. Hay distintos tipos de acreedores y el Estado es un acreedor especial. Pero nada de eso pasó: los Macri contaron con la complicidad judicial para que el expediente no se moviera durante 15 años.

Así se llegó a 2016, con otro Macri, Mauricio, en la presidencia. Una oportunidad de oro: estaban de los dos lados del mostrador, como deudores y como circunstanciales administradores del acreedor. Y no quisieron dejarla pasar.

El 28 de junio de 2016 el gobierno de Macri aceptó una propuesta de la familia Macri que implicaba una quita del 98,82% de la deuda, que traducidos en dinero significaba una condonación de más de 70.000 millones de pesos. Casi les sale, si no fuera por la intervención de la fiscala general del fuero Comercial Gabriela Boquin que advirtió la maniobra, logró frenarla y poco después demostró las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino mientras no pagaban su deuda con el Estado y las de falseamiento de conformidades a las propuestas de pago que hacían los Macri con quitas que superaban el 80 y 90% de la deuda.

Macri también buscó venganza contra la fiscala Boquin, que fue la advirtió la maniobra de la condonación de la deuda y logró frenarla. La fiscala Boquin sufrió un vademécum de aprietes que incluyó:

• El robo de los papeles del caso de Correo de su auto frente a su casa cuando tenía que intervenir en el tema
• Fallas, huecos y extraños cambios en su custodia
• Un sumario administrativo a partir de una falsa denuncia de maltrato laboral
• La infiltración de su oficina para pasarle documentos de la causa al diputado PRO Pablo Tonelli, ex abogado de Correo
• La aparición de su gato muerto en la puerta de su casa
• Una causa en Comodoro Py armada por los Macri, cerrada en dos oportunidades pero reabierta por la Cámara de Casación
• Reiterados intentos por apartarla del expediente
• Ataques directos por parte de dirigentes de Cambiemos y del propio Macri en entrevistas e incluso en su libro

Recién en 2021, luego de otros 5 años de maniobras dilatorias de los Macri, la jueza Cirulli decretó la quiebra de Correo. Habían pasado 20 años desde el inicio del expediente. ¿Qué significaba la quiebra? Que las empresas dueñas de Correo Argentino, SOCMA y SIDECO, tenían que hacerse responsables de la deuda de los Macri con el Estado y más de 700 acreedores. Pero no sucedió. La creatividad de los Macri llegó al punto de reclamar que después de 20 años en la Justicia Nacional en lo Comercial el caso tenía que pasar a la Justicia porteña, absolutamente adicta. Reclamaron a su vez el apartamiento de la jueza Cirulli y de la fiscala Boquin. Todo ese paquete terminó en la Corte Suprema.

En agosto de 2021, el mismo procurador interino Casal que en la causa penal le hizo el favor a Macri de desplazarle a los fiscales díscolos y poner uno servicial, dictaminó que el caso no tenía que pasar a la Justicia porteña. Desde entonces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda tiene el caso para resolver. Es un tema más que sencillo: una cuestión de dónde tiene que tramitar el expediente. Pero hace 2 años y medio que lo mantienen cajoneado. Y los Macri siguen sin pagar un centavo.

Las causas en el fuero Contencioso Administrativo, donde se litiga contra el Estado, son el revés de la moneda de la causa del fuero Comercial. Allí los Macri le reclaman al Estado más de 14.500 millones de pesos.

¿Qué causas tienen los Macri contra el Estado?

1. La más antigua data del año 2000, donde demandaron al Estado por daños y perjuicios y reclaman 2.288 millones de pesos. Es incluso más antigua que la del concurso de acreedores que culminó en la quiebra (hoy suspendida) de Correo, que data de 2001.
2. Otra es del 2004, donde pidieron la nulidad de los decretos 1074 y 1075 del 2003. El primero rechazaba una serie de reclamos de los Macri contra el Estado; el segundo rescindió la concesión del servicio de correo “por culpa del Concesionario”. Llevaban las firmas de Néstor Kirchner y Alberto Fernández.
3. En 2006 pidieron la inconstitucionalidad del decreto 721 del 2004, que constituyó el Correo Oficial de la República Argentina que continuó con el servicio postal tras las quita de la concesión.
4. En 2016 demandaron al Estado por 2.365 millones de pesos. Lo hicieron en simultáneo a la maniobra donde Macri buscó condonarle la deuda a su familia. Para la fiscala Boquin se trató de una jugada “de mala fe procesal”. Se condonaban la deuda ellos mismos y decían que el Estado les debía.

¿De donde sale que reclaman más de 14.500 millones de pesos?

En una de sus últimas propuestas del pago de su deuda por el Correo los Macri ofrecieron pagar 1.011 millones de pesos en una cuota a pesar de que siempre alegaron que no contaban con fondos. Pero en el mismo momento, cuando valuaron la empresa Correo Argentino, contaron los 4 juicios que tienen contra el Estado como ganados por un total de 14.585 millones de pesos. Por lo tanto esa es la cifra que pretenden arrancarle a las arcas públicas.

En dos de estas causas los Macri ya lograron que se avance en la apertura de pruebas, es decir, que se analice si efectivamente el Estado les debe dinero. Un absurdo.

En la demanda que iniciaron en 2016 hay un elemento central: fue una maniobra a dos bandas en la cual por un lado el entonces presidente Macri le condonaba la deuda a su familia mientras su familia demandaba al Estado.

La cronología es clara. El 13 de junio Correo Argentino demandó al Estado Nacional por daños y perjuicios, sin poner aún un monto para ahorrarse la tasa de Justicia del 3%. Quince días más tarde, el 28 de junio, el Gobierno de Macri aceptó la propuesta de la familia Macri de pagar su deuda con una quita del 98,82%, una condonación de más de 70.000 millones de pesos. El 12 de agosto los Macri ampliaron su denuncia por daños y perjuicios y establecieron el monto: 1.794 millones por la apropiación de instalaciones de Correo Argentino más 570 millones por otros rubros. Total: 2.365 millones que la familia Macri quiere que el Estado le pague.

Sobre los 1.794 millones que reclaman donde incluyen inmuebles y supuestas inversiones pusieron que “esta suma deberá ser actualizada hasta la fecha de su efectivo pago, mediante la adición de los intereses correspondientes sobre el capital adeudado”. Dentro de los 570 millones restantes incluyeron un ítem insólito: aseguran que pagaron 110 millones de pesos de más por el canon (que en realidad dejaron de pagar, de ahí su deuda con el Estado) y “ajustados y repotenciados” les da un total de 200 millones de pesos. Real: los Macri dicen que pagaron de más.

Hoy Macri cumple 65 años. Los últimos 7 años uno de sus deseos habrá sido que no se mueva la causa Correo. Y se le cumple.