El presidente Alberto Fernández mantiene una intensa agenda de reuniones en las que escucha a todos los sectores de la producción y el trabajo, con gestos y declaraciones que intentan ubicar la discusión en la postpandemia y las reformas estructurales que va a necesitar la Argentina.
En ese permanente equilibrio en la búsqueda de consensos, recibió este martes al líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro.
Castro estaba reunido con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la Casa Rosada. Lo llamó Alberto Fernández para conversar mano a mano unos minutos y tener una referencia directa de la situación social de los trabajadores informales y las dificultades que atraviesan.
El presidente se comprometió a “garantizar la salud y la alimentación en los barrios vulnerables”.
En el encuentro, el dirigente social le presentó un documento firmado por 103 organizaciones y sindicatos. Propuestas concretas que plantea un programa económico y social amplio con la mirada puesta en la salida de una crisis que todavía no toca fondo.
Se descuenta y lo reconocen: el impacto va a ser duro, habrá más pobreza y desempleo pese a la inversión social del Estado durante estos meses de cuarentena.
“Alberto me transmitió que nos pusiéramos a pensar y trabajar desde la semana que viene para discutir la pospandemia”, contó Castro luego de la reunión en El Destape Radio. El presidente se comprometió a trabajar el documento con sus ministros.
“Nadie sabe cómo vamos a salir de la pandemia, es posible ahora otro proyecto de país”, dice el Gringo y destaca que la crisis provocado por el coronavirus “demuestra la miseria en que quedó nuestro país luego de un nuevo proceso neoliberal” como fue el gobierno de Macri.
También plantea que “sólo se puede salir en unidad, también con el sector privado. Nuestro problema no es con las empresas, sino con la tasa de ganancia y qué hacen con la guita”, dice el Gringo Castro, conductor de un sindicalismo de nuevo tipo que representa a casi 5 millones de personas que trabajan y Que cobran un salario social de 8500 pesos. “Es miseria, y con eso las compañeras y compañeros le están salvando la vida a millones”.
El documento titulado “Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción” destaca que “sólo el ejercicio concreto de la soberanía nacional garantizará a nuestro pueblo una salida a la crisis global con independencia económica y justicia social”.
Plantean ocho ejes de “políticas soberanas” y calculan que llevará al menos 5 años revertir la crisis económica y social.
La creación de un millón de chacras con tierras estatales; declarar al sistema bancario como servicio público; un “Impuesto Solidario” al 5% más rico, además de impulsar una reforma tributaria integral progresiva; recuperar el control sobre YPF y estatizar las empresas de servicios públicos; garantizar un piso de ingresos para que ningún hogar caiga por debajo de la línea de la pobreza; acceso a la vivienda digna y reordenamiento del territorio nacional.
Primero: soberanía alimentaria.
Impulsar la creación de un millón de chacras mixtas combinadas con la industrialización del campo, planificada y federal en tierra ociosas del Estado. Reemplazar al capital concentrado extranjero preponderante en los supermercados, por capital público que garantice el abastecimiento justo. En el mercado de exportación de alimentos “es necesario declarar de interés y utilidad pública aquellos sectores económicos que resulten centrales para enfrentar la crisis alimentaria”. Y para eso proponen la creación de una empresa estatal con capacidad reguladora de los precios internos.
Segundo: soberanía monetaria y financiera.
Para eso proponen declarar al sistema bancario como servicio público, ya que la crisis mostró que los servicios financieros son esenciales para el funcionamiento económico de la sociedad. Recuperar capacidad de emisión propia de dinero estatal. Definir nacionalmente el destino del crédito interno. Una “intervención más agresiva del BCRA”. Y la creación de un fondo para promoción de la economía popular a través de créditos y subsidios, y de un Banco Federal de Desarrollo que impulse el crecimiento en los sectores estratégicos.
Tercero: soberanía fiscal.
Es decir, recuperar autonomía para definir, desde el interés nacional, los impuestos y los destinos del gasto público. Ahí proponen liberar por 5 años al Estado de cualquier compromiso relacionado con “una deuda externa espuria”, generada como contracara de la fuga de capitales concentrados al exterior.
Consolidar un “Impuesto Solidario” como mecanismo para que el 5% más rico contribuya a atender la situación de pobreza estructural, agravada por la pandemia. Además de impulsar una reforma tributaria integral progresiva, incrementando los gravámenes sobre los sectores de mayores ingresos.
Cuarto: soberanía productiva.
Plantea, entre varias aspectos, impulsar una estrategia de sustitución y control estricto de importaciones para que sólo se compren en el exterior insumos insustituibles para el desarrollo de la industria nacional y para consumos esenciales.
También propone prohibir la remisión de utilidades al exterior por parte del capital extranjero durante los 5 años que requerirá revertir la crisis económica y social en la que estamos inmersos.
Quinto: soberanía energética.
Recuperar el control sobre YPF y el proceso de distribución energética, y estatizar las empresas de servicios públicos para permitir un acceso democrático a la energía como derecho humano e insumo productivo estratégico.
Sexto: soberanía marítima.
Reconstruir la flota mercante de bandera nacional. Nacionalizar los puertos. Proteger nuestros recursos marítimos de la depredación. Impulsar los astilleros nacionales.
Séptimo: piso de ingresos garantizado.
Para que ningún hogar caiga por debajo de la línea de la pobreza, plantean la universalización de un Salario social de Empleo y Formación para todos los jefes y jefas de hogar desocupados o con ocupaciones de subsistencia; verdadera universalización de la Asignación Universal por Hijo; y establecimiento de una jubilación universal para la población adulta mayor equivalente al 82% del Salario social de Empleo y formación.
Octavo: acceso a la vivienda digna y planificación territorial.
Poner en marcha un plan de construcción de un millón de viviendas populares en un año, que consideran un hecho de justicia social y unidad nacional. Una nueva Ley de Alquileres que contemple registro de contratos, plazo mínimo legal de 7 años, y recuperación de un índice estatal de ajuste de precios basado en un promedio entre precios al consumidor y variación salarial.
Plantea el reordenamiento del territorio nacional con nuevas ciudades creadas alrededor de nuevas unidades productivas. Además de la integración social y urbana de los 4.416 barrios populares de argentina y la creación de 200.000 lotes con servicios para las jóvenes familias humildes.
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