La pandemia suma nuevas dificultades y obstáculos para el acceso a derechos de la población más vulnerable, en general, y de los migrantes en particular. El 60 por ciento de los migrantes en la Argentina dejaron de percibir ingresos desde que comenzó el aislamiento social. Más del 80 por ciento no pudo acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Es un sector de la población que se encuentra más expuesto a la informalidad laboral: el 75% trabaja en changas, de manera informal o no consigue trabajo. Los recién llegados están entre los más afectados por la crisis al tener menos redes laborales y de apoyo.
La situación general no dista de la que también atraviesan millones de argentinos y argentinas, pero los migrantes quedaron, en su mayoría, fuera de la asistencia económica del Estado.
El IFE, un bono de 10 mil pesos destinado a trabajadores autónomos e informales, es una de las políticas destacadas que implementó el gobierno de Alberto Fernández para amortiguar el impacto de la crisis. Hoy es el único ingreso que tienen millones de hogares. Uno de los requisitos para tramitar el bono es tener una residencia legal en el país de no menos de dos años, por lo que un gran porcentaje de los migrantes no fueron alcanzados por el beneficio.
“La población migrante históricamente queda relegada de las políticas sociales”, dice Lucía Galoppo, coordinadora del Área Jurídica de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref). En diálogo con El Destape, explica que “es una población expuesta a vulnerabilidades como el empleo irregular y el abuso de los empleadores”.
Aquellas personas que se dedicaban de manera informal o precaria a trabajos vinculados al cuidado, la limpieza o la construcción, rápidamente dejaron de percibir sus salarios y no cuentan con ningún apoyo para comprar alimentos y pagar el alquiler. Otras siguen activas pero en tareas que implican un alto grado de exposición al contagio y en condiciones de extrema precariedad.
El dato surge de la encuesta realizada a la población migrante y refugiada en nuestro país por el espacio Agenda Migrante 2020, un espacio conformado por más de 100 organizaciones de migrantes, de derechos humanos e instituciones académicas, que elaboraron un extenso y detallado diagnóstico enfocado en las necesidades y dificultades de los migrantes en contexto de pandemia. La encuesta fue realizada entre el 22 de abril y el 6 de mayo a un total de 1266 personas.
Las organizaciones solicitan que se revisen los requisitos de acceso al Ingreso Familiar de Emergencia. Por ejemplo, eliminar la condición de 2 años de residencia regular en la Argentina.
“Hay otras dificultades, como gente que cumple con los requisitos de permanencia pero no tienen el documento porque durante la gestión anterior les resultó imposible tramitarlo”, explica la integrante de Caref. El 29% no tiene DNI, está en trámite o cuenta con una residencia precaria.
También consideran que debe habilitarse un mecanismo de regularización accesible, ágil y sin costo para este período. Cerca del 30% no tiene residencia otorgada. En muchos casos, necesitan hacer trámites durante el aislamiento o en los próximos meses.
Según la información relevada en el último censo nacional de 2010, en la Argentina había 1,8 millones de migrantes. Un estudio de Naciones Unidas estimó en 2019 que llegaba a 2,2 millones.
Desde el 2015, el gobierno de Macri puso en marcha una política migratoria regresiva en derechos, con un enfoque agresivo y criminalizador de la migración. Se instalaron y profundizaron políticas discriminatorias, estigmatizantes y excluyentes que tuvo como efecto un aumento de la violencia institucional contra la población migrante.
Desde el 30 de enero de 2017 está vigente el DNU 70/2017, pendiente de resolución en la Corte Suprema, que habilita expulsiones que violan el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia. Su aplicación generó la separación de familias.
Organismos internacionales como el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité sobre Trabajadores Migratorios y sus Familiares de la ONU, instaron a la Argentina a derogar este decreto.
En este contexto, el espacio Agenda Migrante 2020 insiste en la figura del “habitante”, ya prevista como portadora de derechos en la Constitución Nacional, y eliminar distinciones que imponen un acceso diferencial a derechos básicos en un contexto de emergencia sanitaria para asegurar la inclusión de las personas extranjeras en los planes de contención social y económica implementados por el Estado.
En cuanto a las diferencias de situación documentaria según el país de origen, la consulta demuestra que los migrantes de países extra-Mercosur tienen mayores dificultades para regularizarse y acceder a los papeles. Los haitianos se encuentran en su mayoría con residencia precaria, al igual que los senegaleses y migrantes de Asia y África.
Una referente paraguaya de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba (UCIC) cuenta en el informe que “el gran problema para el inmigrante es tener su documentación en regla. La gente tiene mucho miedo de perder su residencia temporaria, un turno o el turno de su hijo”.
Desde la UCIC de Córdoba cuentan que inscribieron a 67 personas para obtener el beneficio del IFE, pero que, finalmente, a ninguna se lo otorgaron: “El sistema no expone la causa, solo pone que fue denegado. El que menos años tiene de residencia tiene 12 años, el resto tiene 18 años, 30 años. Todos tienen más de 10 años seguro”.
“Hay una tradición histórica de trabajo en la construcción y la producción agrícola, en particular de la población boliviana. En el último tiempo, con la llegada de las plataformas de delivery, se observa que son las personas migrantes las que realizan esos trabajos porque no exigen requisitos de documentación para poder emplearse. Y luego las tareas de cuidado de adultos mayores, de niños y niñas, y de trabajo en casas particulares”, detalla Lucía Galoppo de Caref.
El informe también destaca que otra labor desarrollada por un gran número de migrantes es la vinculada a la venta ambulante, que se ha visto especialmente afectada por la medida de aislamiento y los controles del espacio público. “Ello ha redundado en la interrupción total de los ingresos, por ejemplo, de los migrantes senegaleses que se insertan principalmente es este rubro”.
El 28% de las personas consultadas informó tener dificultades con el alquiler. En especial, que no se les permite ninguna demora en el pago, que sufrieron aumentos en los precios de locación o incluso desalojos, a pesar del congelamiento que dispuso el Gobierno para alquileres y la suspensión de desalojos por 180 días.
También advierten sobre las condiciones de hacinamiento y la falta de condiciones básicas para sostener el aislamiento ya que viven varios en un mismo cuarto, en hoteles familiares o casillas. La situación se recrudece en villas y asentamientos.
Un referente de la Asociación de Venezolanos en Cuyo, con sede en la provincia de Mendoza, expresó: “Nuestros compatriotas se ven agobiados porque reciben amenazas de desalojo. Como no saben manejar las leyes de acá, los propietarios e inmobiliarias se aprovechan de esta situación y cobran elevadas tasas de interés”.
Frente a esta realidad, se detectaron innumerables acciones y experiencias solidarias en los barrios y asentamientos, sostenidas desde centros comunitarios, comedores, organizaciones y clubes que cuentan con la participación de vecinos y organizaciones sociales.
En gran medida, la provisión de alimentos, de ropa, insumos de limpieza, la atención y el cuidado de niñas, niños y adultos mayores, son resueltas desde los lazos gestados en los territorios.
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