Lo que sucede en las cárceles de los Estados Unidos bien podría servir como espejo de lo que puede pasar en la Argentina si no se atiende la problemática carcelaria en plena pandemia. Las unidades penales, por su sobrepoblación, hacinamiento y falta de higiene son un foco de contagio peligroso. En el país del norte, una de las organizaciones de Derechos Humanos más importantes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), proyectó que si no se descongestiona el sistema penitenciario de forma urgente “hasta 200.000 personas podrían morir por COVID-19”. Se trata del “doble de la estimación del gobierno”.
Al cierre de esta nota, ACLU contabilizaba, por sus propios medios, 20.042 contagiados intramuros (tanto en cárceles estatales, federales como locales) y 277 personas privadas de la libertad fallecidas.
Si bien la cifra es baja en términos porcentuales si se compara con el total de infectados (1,2 millón) y fallecidos (casi 70 mil) que tiene EE.UU., para ACLU estos números son tan solo la punta de un iceberg. Así se desprende del artículo “Nuevo modelo muestra que reducir la población carcelaria reducirá el número de muertos por COVID-19 para todos nosotros”, escrito por Udi Ofer, director de la División de Justicia de la unión, y Lucia Tian, directora de Análisis de la misma institución, publicado el pasado 22 de abril.
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Según explicaron Ofer y Tian, la ACLU se asoció con epidemiólogos, matemáticos y estadísticos para crear “un modelo epidemiológico” que muestra que hasta 200.000 personas podrían morir por COVID-19, “el doble de la estimación del gobierno, si continuamos ignorando a las personas encarceladas en nuestro respuesta de salud pública”. De las 100 mil personas que se infectarían por descuidar el sistema penitenciario hasta 23.000 estarían en las cárceles mientras que 76.000 en la comunidad en general. Es que para esta asociación, “cualquier brote de prisión está destinado a extenderse a la comunidad en general”. Esto último lo vincula a la entrada y salida de los penales de los integrantes del servicio penitenciario, por ejemplo.
Las alarmas respecto a este tema sonaron más fuerte luego de que una prisión estatal de Ohio, el Instituto Correccional de Marion, confirmara 1.828 casos de coronavirus, lo que implicó que alrededor del 75% de la población carcelaria de ese establecimiento se contagió. A eso se sumó que también se infectaron más de 100 miembros del personal de la prisión. El dato surgió luego de un análisis masivo de los internos, algo que no se repite en todas las penitenciarías estadounidenses. En esa cárcel “cinco prisioneros y un oficial han muerto. Las autoridades de salud pública informan al menos 112 casos de ‘propagación comunitaria’, incluidos 66 casos en los alrededores que están directamente relacionados con el brote de la prisión”, escribió Holly Harris, directora ejecutiva de Justice Action Network, en The New York Times, el 3 de mayo.
Al episodio de Ohio se agregó el fallecimiento de Andrea Circle Bear, una estadounidense de 30 años de Dakota del Sur, que había ingresado embarazada en marzo a una prisión federal de Texas y se contagió el coronavirus. “Había recibido una condena de dos años por un cargo menor de drogas no violentas”, explicó Harris en el NYT. Según las crónicas de distintos medios internacionales, dio a luz por cesárea y murió tres semanas después. Todo indica que fue la primera mujer en fallecer por COVID-19 en una cárcel federal, que al 29 de abril sumaba 30 muertes por este virus, según la Oficina Federal de Prisiones, tal como publicó el Washington Post (de acuerdo a ACLU, al 4 de mayo había 38 muertes en ese tipo de penitenciarías).
El temor de las organizaciones civiles de defensa de los DD.HH. es la propagación silenciosa del virus en los penales, donde el distanciamiento social es prácticamente imposible. Estados Unidos tiene una de las poblaciones carcelarias más grandes del mundo, con más de 2 millones de personas privadas de la libertad. Posee alrededor del 5% de la población mundial y el 20% de los detenidos del planeta, según cifras de ACLU y Justice Action Network.
Es en este contexto que ACLU promueve la descongestión de las cárceles en plena pandemia, con foco en delitos leves. Se hace eco de las disposiciones internacionales que promueven la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por citar dos ejemplos.
La despoblación carcelaria varía según el estado. California, por ejemplo, ordenó las prisiones domiciliarias a 3.500 internos, según informó The Guardian. De acuerdo a la cadena Fox, un mes atrás había más de 16.000 personas privadas de su libertad que habían sido excarceladas. La cifra fue replicada por algunos cronistas argentinos que son corresponsales en el país del norte.
Desde una de las organizaciones que sigue de cerca lo que sucede en las prisiones de la Argentina, señalaron que lo que pasa en la potencia mundial gobernada por Donald Trump sirve de perspectiva para lo que podría suceder en nuestro país: “Estados Unidos es el paradigma de la sobrepoblación carcelaria, es uno de los países con mayor tasa de ‘prisionización’. Las lógicas penitenciarias en eso son muy similares, por lo menos en Occidente: concentración de personas detenidas y dificultades de acceso a la salud e higiene”.
En la Argentina, al menos por ahora, no hay registros de que el coronavirus se haya expandido por las unidades penales. Hay alertas por la cantidad de agentes del servicio penitenciario que fueron estudiados por una sucesión de positivos de COVID-19 (un documento interno del 2 de mayo arrojaba solo en el Servicio Penitenciario Federal, 3 positivos nuevos y 14 en estudio en distintas clínicas). Pero, hasta el momento, la cantidad de internos y personal de seguridad contagiados por coronavirus que reflejan las cifras oficiales no es alarmante. Si en algún momento lo son, la situación será preocupante.
Los números son claros. En la actualidad hay una población carcelaria que ronda entre los 90 mil y 100 mil detenidos. Y, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud de la Nación, las camas de terapia intensiva libres en todo el sistema sanitario del país rondan el 50% del total, es decir, alrededor de 4.800.
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