Luego de un extenso plenario que incluyó la exposición de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, además de médicos y juristas, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud del Senado dieron dictamen al proyecto de ley que envió el Gobierno que establece criterios epidemiológicos para fijar restricciones. La semana que viene será tratado en sesión.
La iniciativa, a la que se le podrán introducir cambios en el momento de su discusión en el recinto, fue aprobada sin cambios solo por los senadores del Frente de Todos. Los representantes de Juntos por el Cambio sostuvieron argumentos diversos para justificar su rechazo, pero principalmente cuestionaron la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Vizzotti e Ibarra fundamentaron las razones del proyecto y afirmaron que las facultades que se propone otorgar al Poder Ejecutivo son constitucionales.
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Los cuestionamientos fueron más por el lado jurídico que lo sanitario. En ese sentido, Vilma Ibarra, quien trabajó en la redacción de la inciativa, aseguró que "no son muchas las delegaciones legislativas que se generan para el Poder Ejecutivo" y sostuvo que "la mayor intensidad se presenta en situaciones de alto riesgo". La senadora macrista porteña Guadalupe Tagliaferri se encargó de cuestionar la suspensión de las clases presenciales, el gran punto de disputa entre el Gobierno y la oposición. Sostuvo que en Alemania las clases se suspendieron sólo 35 días y destacó el fallo de la Corte Suprema que adelantó que su posición acerca de que cada gobernador o jefe de gobierno tenía autonomía para decidir sobre el sistema educativo, no importaba si se trataba de un decreto o de una ley. “¿Considera usted que una ley puede estar por encima de la Constitución Nacional?”, lanzó Tagliaferri.
En su respuesta, Ibarra explicó que la suspensión de las clases estaba prevista únicamente en el caso de los aglomerados urbanos en situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria, que es cuando el sistema de salud se encuentra en riesgo de colapso y resulta imprescindible disminuir la circulación en las calles. Respecto a la decisión de la Corte, puntualizó que se trató sólo del fallo de los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, quienes sostuvieron que el Estado no puede "normalmente" sustituir a las provincias en esta materia. Pero que ahora se trataba de que “el Congreso establezca una regulación de salud pública en el marco de una pandemia, de manera excepcional”, con lo cual ya no se daría una situación de "normalidad".
Respecto al panorama actual, Vizzotti explicó que "recién ahora en la semana 17 se registra una disminución que todavía hay que ver la tendencia pero por primera vez en todo el país y también en AMBA se está intensificando esa tendencia de dejar de aumentar el número de casos todavía con tensión en el sistema de salud". La ministra destacó que el Gobierno acude al Congreso "con la vocación de trabajar para tener una ley que permita tener un marco previsible y que cada jurisdicción sepa qué medidas tienen que enfrentar de acuerdo a la situación en que viven". Subrayó que "todas las medidas tienen contexto científico, algunas más controversiales que otras, pero ninguna parece irrazonable en el marco de calificaciones de situaciones de riesgo".
Debate jurídico
Luego de la larga exposición de las funcionarias, el plenario de comisiones realizó un cuarto intermedio y retomó a la tarde la sesión virtual para escuchar a los constitucionalistas y médicos convocados. Hubo posturas variadas. El subsecretario de Innovación Institucional de Santa Fe, Mariano Bar, aseguró que con el proyecto de ley “el Congreso no pierde sus facultades” y ponderó “las herramientas de diálogo federal que incluye”. También lo avaló el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien opinó que "no hay delegación en el corazón de la ley", sino que a lo sumo existe una "mini delegación que se le otorga al Presidente cuando se llega a una alta intensidad de afectación del virus”. Los abogados más vinculados a la oposición como Daniel Sabsay o Alejandro Fargosi obviamente expresaron su rechazo al proyecto. Lo mismo Roberto Gargarella, quien sostuvo que "las leyes delegadas están prohibidas en la Constitución".
El presidente Alberto Fernández quiere tener aprobada la ley para el 21 de mayo, cuando vence el actual DNU. Por eso, para acelerar el trámite, el Frente de Todos optó por aprobar el dictamen sin cambios y, en todo caso, introducirle modificaciones cuando se trate en el recinto. Un dato a tener en cuenta fue que el senador rionegrino Alberto Weretilneck votó en contra, lo que podría anticipar el rechazo de algunos partidos provinciales que pueden complicar la aprobación cuando la propuesta llegue a Diputados.
De hecho, el jefe del Interbloque Federal, el diputado mendocino José Luis Ramón, quien suele acompañar las iniciativas del oficialismo, señaló en El Destape Radio que para darle su voto a la propuesta pedirán dos modificaciones: que se le añada una fecha de duración cierta y que se le quite o modifique el artículo que habla de delegación a las provincias. Fuera de esto, el proyecto le pareció positivo porque "hace tiempo veníamos pensando que tenía que haber una suerte de parámetros de objetivos para que la toma de decisiones del presidente no pueda ser cuestionada".
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