Con más de 8.500 casos de coronavirus y el 99% de las camas de terapia intensiva ocupadas, el gobierno de Gerardo Morales sacó un polémico decreto que multa a los trabajadores de la salud que incumplan los mandatos del Ministerio o falten a su trabajo. Rápidamente, la medida generó muchísimo rechazo y la mesa ejecutiva del Colegio Médico de Jujuy denunció que "resulta legalmente violatorio" de la Consitución provincial y nacional, además de tratados internacionales.
El decreto fue publicado el 31 de agosto y especifica que los trabajadores sanitarios, públicos o privados, que incurrieren "en incumplimientos a intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de autoridad competente, que deriven en la falta de concurrencia o prestación efectiva de servicios en el destino que le sea asignado, conforme necesidad y/o urgencia, se le impondrá multas de pesos cuarenta mil ($ 40.000) hasta pesos un millón ($1.000.000)".
El Colegio Médico aseguró que estas disposiciones "implican una amenaza a la libertad y especialmente a la libertad de trabajo, a la integridad física, a la salud, a la vida, etcétera de nuestros asociados quienes al no ser empleados del Estado y no estar sometidos a la subordinación del mismo, tienen consagrado constitucional y convencionalmente el derecho personal e irrenunciable de decidir acatar las órdenes del Ministerio de Salud ante la situación de pandemia".
Además, aclararon que los privados "no están obligados a cumplir las intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de dicho ministerio ni a prestar servicios en el destino que el mismo les quiera asignar" por lo que requirieron el "respeto y la efectiva aplicación de las garantías y derechos individuales" de sus asociados que "no pueden ser violados en ningún caso por las autoridades provinciales".
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En diálogo con El Destape Radio, epidemiólogo jujeño Sergio Barrera, también cuestionó la medida: "No me imaginaba en estado de Derecho esto. Es inconstitucional por donde lo mires" y reflexionó: "Uno ya tiene ganas de bajar los brazos". El profesional reconoció que "el sistema de salud está diezmado" pero aclaró que es porque "no ha sido provisto de equipamiento".
Según explicó Barrera, "tenemos 5 (médicos) fallecidos por COVID, además de quienes estamos infectados como es mi caso y el de mi esposa. Tenes la cama y el respirador, pero no tenés un médico que vea al paciente". Una situación difícil que se completa con que "un licenciado en enfermería gana 12.500 pesos, son contratos basura".
Morales quiso justificar el decreto al asegurar que la provincia cuenta con menos camas críticas disponibles por la falta de trabajadores. Según el ministro de Salud provincial, el 99% de las camas UTI está ocupado: 172 son críticas de las cuales 120 tienen respirador. Esta semana, el gobernador radical dijo que de éstas sólo se pudieron usar 58 por falta de profesionales. 54 ya estaban ocupadas.
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