En plena pandemia, el intendente de Córdoba despidió a 117 trabajadores contratados

En medio de la pandemia por el COVID-19, el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, despidió a 117 empleados municipales contratados, cuyos contratos vencieron hoy, algunos de los cuáles tenían más de 10 años de antigüedad. Oficialmente, desde la Municipalidad aseguran que se trata de personal que fue contratado durante los últimos meses de gobierno del radical Ramón Javier Mestre.

Como respuesta, una nutrida caravana de trabajadores nucleados en el Sindicato Unico de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) se movilizó frente a los Tribunales Municipales de Faltas, ya que allí trabajan 90 abogados que fueron contratados el último mes en forma directa como monotributistas -con salarios de $ 40 mil por cuatro horas de trabajo- bajo el cargo de Promotores de Convivencia; que entre otras atribuciones podrán multar a infractores y reemplazan a los inspectores municipales. En el últimos mes, 202 empleados del Tribunal de faltas sufrieron el recorte del 30% de sus sueldos, porque el municipio les quitó sus chapas de inspectores. El presidente del organismo es Juan Manuel Aráoz, hijo del polémico ex funcionario menemista Julio César “Chiche” Aráoz.

“En plena crisis económica y de pandemia quedan 100 familias en la calle. Vayan y pregunten cual es el criterio. El único criterio es porque entraron en la gestión de Ramón Mestre. Este gremio ha defendido a todos los contratados, y vamos a seguir defendiendo a nuestros compañeros y compañeras trabajadores porque hace mucho que están cumpliendo sus funciones”, acusó Beatriz Biolatto, secretaria general del SUOEM.

Desde que asumió en diciembre pasado, Llaryora plantea un ajuste en la Municipalidad y los recortes se dieron sólo en la planta de personal. Por caso, aprovechó la cuarentena preventiva y obligatoria lanzada el 20 de marzo por el presidente Alberto Fernández para recortar el 35% de los salarios, correspondiente al ítem “prolongación de jornada”. Y el 8 de mayo pasado, los concejales de Hacemos por Córdoba aprobaron la modificación del Estatuto Municipal que recorta el 15% del sueldo; por lo que, en el último mes, los 10 mil empleados municipales vieron recortados sus sueldos en un 50%. El único concejal que votó en contra fue Gustavo Pdrocca, gremialista del sindicato de vigiladotes privados.

El 27 de diciembre pasado, dos semanas después de asumir,  Llaryora logró que los concejales de Hacemos por Córdoba PJ le aprueben una megaordenanza que comprende la contratación directa de servicios, la venta de inmuebles del patrimonio municipal, la concesión directa del espacio público y la tercerización del cobro de impuestos.

El ajuste municipal lo lleva adelante “la pata neoliberal” del Gobierno de Llaryora: el secretario de Economía, Guillermo Acosta -durante el gobierno de Mauricio Macri fue subsecretario de Articulación Regional y Sectorial y director de Modernización Productiva del Ministerio de la Producción-; la secretaria General de la Municipalidad, Verónica Bruera; la secretaria de Modernización, Alejandra Torres –es esposa del ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano- y el asesor letrado Andrés Varizat. Acosta y Varizat son de San Francisco y fueron funcionarios de Llaryora cuando éste fue intendente de esta ciudad del este cordobés.

“Las primeras notificaciones las recibieron los compañeros a través de correos electrónicos o del Ciudadano Digital. Tenemos contratos caídos en Medicina Preventiva y Educación”, señaló el vocero sindical Damian Bizzi.

Este ajuste contra los trabajadores no es apoyado por todo el Gabinete de Llaryora. Por caso, el sector “peronista” liderado por el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, no está de acuerdo con el enfrentamiento con los empleados. El secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad, Raúl La Cava, también se opone al ajuste contra los empleados. Otro de los funcionarios que hizo sentir su desacuerdo con los recortes salariales es el Sectetario de Participación Ciudadana, Guillermo Marianacci, quién fue funcionario municipal durante los gobiernos del radical Rubén Martí y de Luis Juez.

“Yo fui candidato a intendente, nunca hubiera tomado esta decisión en plena pandemia, porque estas empleadas y empleados a los que no les renovaron sus contratos, no tienen posibilidad de buscar trabajo ¿El intendente tiene la potestad de no renovar los contratos?, sí. Pero no es el momento, faltó el sentido de humanidad. Esto muestra a las claras que un intendente que se dice peronista no está actuando de acuerdo a los valores de la justicia social; pero también dice que un intendente como Mestre, no logró pasarlos a planta permanente, porque tampoco tuvo consenso dentro de su propio partido”, explicó Juan Pablo Quinteros, concejal de Encuentro Vecinal.

Para el concejal juecista Ricardo Aizpeolea, los despidos “no fueron quirúrgicos, ni se trató de hijos de funcionarios del gobierno de Mestre que fueron nombrados a dedo". En relación a esto, sumó: "Hay muchos casos en el área de Cultura, empleados con muchos años de antigüedad, se está cometiendo una injusticia muy grande; más teniendo en cuenta la pandemia, donde la actividad laboral está prácticamente paralizada”.

Mientras que la concejal del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT), Laura Vilches, propuso “el inmediato pase a planta, con todos los derechos incluidos, de aquellos contratos que vencen hoy, 30 de junio”. Vilches aseguró que “este intendente precariza las condiciones laborales de los trabajadores con monotributos, becas y contratos a término para suplir cargos que hacen al normal funcionamiento de distintas áreas”; y acusó: “Mientras da de baja contratos, reemplaza a esos trabajadores con “servidores urbanos”, trabajadores ultrapecarizados que apenas cobran $ 10 mil miserables para realizar tareas para las cuales ya hay designados trabajadores”.