Los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires concluyeron al mediodía las negociaciones por los fondos correspondientes al traspaso de la Policía a la órbita porteña sin haber alcanzado un acuerdo, por lo que será la Corte Suprema de Justicia la que deberá fallar en el diferendo entre las partes.
La falta de consenso llegó horas después de que los gobernadores peronistas emitieran un comunicado de respaldo al Gobierno y de crítica al máximo tribunal por su postura ante la inminente sentencia.
La reunión entre Nación y CABA se concretó en la misma jornada en que vence la extensión del plazo otorgado por el máximo tribunal y luego de que el viernes pasado 21 provincias aprobaran un informe de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) que contradice la posición de la Ciudad en el reclamo.
Durante la semana pasada, las partes en esta controversia entendían que las reuniones técnicas para acordar en el plazo fijado por la Corte -que finalizó este miércoles 11 de mayo- seguirían sin dar resultado, dada la amplia diferencia entre las propuestas, y sólo se mostraban esperanzados en un diálogo político de alto nivel para destrabar la negociación.
Sin embargo, luego del dictamen de la CFI y de las declaraciones de la mayoría de los gobernadores -incluso de aliados políticos de Horacio Rodríguez Larreta- la Ciudad motorizó un nuevo encuentro pero que no tuvo resultados positivos.
Será ahora el máximo tribunal el que deba emitir un fallo, que podría ser precedido por una medida cautelar.
El conflicto entre Ciudad y Nación por los recursos de coparticipación
Las partes tuvieron el 10 de marzo pasado una audiencia pública ante la Corte Suprema para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por el porcentaje de fondos transferidos al distrito, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Macri, luego reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.
El 9 del septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus y a través del Decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%, para transferir la diferencia a la provincia de Buenos Aires y así resolver el conflicto salarial que había motivado una huelga de la Policía Bonaerense.
Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.
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La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.
Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones, plazo vencido este miércoles 11 de mayo.
El comunicado de los gobernadores contra la Corte Suprema y en apoyo del Gobierno
En tanto, este mismo miércoles un grupo de 17 gobernadores emitió un documento en el que advirtió a la Corte Suprema que "el federalismo no se negocia" y manifestó la "profunda preocupación por la injerencia indebida" por parte del máximo tribunal en la causa iniciada por la Ciudad de Buenos Aires por los recursos otorgados en el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña durante la gestión de Cambiemos y luego modificado por el actual Gobierno.
"Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes", señala el texto firmado por los mandatarios provinciales.
En ese marco, los gobernadores advierten que "no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios".
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"La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo", remarcaron en el documento.
Fue suscripto por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Con información de Télam
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