El oficialismo y sus aliados en el Consejo de la Magistratura allanaron el camino el miércoles para que Enrique Rodríguez Varela, el histórico secretario del juzgado que comandó Claudio Bonadío en Comodoro Py, tenga la posibilidad de ser electo juez. Rodríguez Varela es hijo de un funcionario del dictador Jorge Rafael Videla y hoy está a cargo de la seguridad en el municipio de San Isidro. Por la secretaría que Rodríguez Varela tuvo a su cargo en el juzgado Nº11 desde 2016, la Nº 21, tramitaron diversas causas de persecución contra CFK como Memorándum con Irán, Los Sauces y Las Fotocopias de los Cuadernos, entre otras.
En el Consejo se hizo lo propio con otros dos históricos secretarios de la actual jueza María Servini: Adolfo Omar Piendibene y Sebastián Eduardo Martínez. El primero tiene a su cargo el caso por la represión del 12 de junio, que se dio durante la aprobación de la Ley Bases en el Senado, y que el gobierno justificó aduciendo un atentado contra la democracia. Ese expediente interesa, y mucho, al mileísmo.
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La maniobra
Este miércoles el plenario del Consejo de la Magistratura, encabezado por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, aprobó con 14 votos afirmativos las 8 ternas del concurso Nº 417 para jueces nacionales de primera instancia en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Cinco consejeros de la oposición votaron en contra por la manipulación que se hizo de este proceso en la Comisión de Selección el 3 de julio, cuando se pasó a tres postulantes de la lista complementaria (es decir, habían quedado afuera de la posibilidad de ser electos jueces) a las ternas. Esos tres concursantes que fueron reubicados son: Enrique Rodríguez Varela, Adolfo Omar Piendibene y Sebastián Eduardo Martínez. Casualmente, el primero es el histórico secretario del juzgado federal Nº 11 que comandó Bonadío y fue quien llevó diversas causas del lawfare. Hoy es Secretario de Seguridad de San Isidro. Piendibene y Martínez son históricos secretarios del juzgado federal Nº 1 a cargo de Servini. Por la secretaría de Piendibene hoy tramita la causa por la represión del 12 de junio, cuando el Senado votó la Ley Bases, en la que el fiscal Carlos Stornelli postuló en sintonía con el gobierno que se atentó contra la democracia.
La diputada y consejera Vanesa Siley cuestionó la aprobación de este concurso en la reunión de plenario de este miércoles: “De 8 ternas se hacen cambios en el 50% de lo que estamos votando acá. No vamos a acompañar este dictamen. Es demasiado desprolijo como se hicieron las cosas. No es un cambio. Es la mitad de las ternas las que se cambiaron”, cuestionó. Y agregó: “Además de que hemos manifestado lo pertinente con respecto a algunos de los postulantes que se los ha sacado de la lista complementaria y se los ha mandado a terna”. La referencia es a los tres secretarios de Comodoro Py antes mencionados.
Siley tenía claro de lo que hablaba porque la semana anterior criticó en la Comisión de Selección la maniobra que hoy se consolidó en el plenario, en un procedimiento muy rápido. El 3 de julio pasado, cuando se postularon los cambios de las ternas en comisión, la diputada de Unión por la Patria pidió postergación del tratamiento de este concurso. Dijo entonces que las modificaciones en las ternas, que se hicieron “a último momento”, las realizaron “grupos de asesores donde no han participado asesores de nuestra vocalía”. “Son cambios importantes los que se han hecho. En los cuales no hemos tenido la posibilidad de evaluar ninguno”, fustigó.
Cuando tomó forma la maniobra que hoy el plenario confirmó, Siley advirtió: “Veo gente que pasa de la lista complementaria a terna, de la tercera terna a la quinta. Otra de la octava terna a la tercera. Después los concursos terminan judicializados”. Pidió postergación pero no fue escuchada porque el oficialismo y sus aliados ya tenían los votos para avanzar con su propuesta.
De 8 ternas del concurso 417 hubo cambios en 4. En la terna 3, 5, 6 y 8. “Son un montón de cambios”, dijo Siley el 3 de julio. “Se votó un nuevo orden de terna sin fundamentos”, añadió. La abogada y consejera Fernanda Vázquez le salió al cruce para defender lo que se estaba votando y se respaldó en que “todo lo ventilado son orden de mérito provisorios” por lo que están sujetos a cambios. “Acá no hay lugar para el agravio. Los órdenes de mérito provisorio son las opiniones de algunos consejeros pero no de la mayoría calificada. Su intervención Siely me permite aclararlo. Acá no hay ningún tipo de manoseo ni ningún acto irregular. Estamos cumpliendo el reglamento del concurso”, afirmó Vázquez para respaldar los movimientos que se estaban haciendo.
La subcomisión que postuló los cambios aquel 3 de julio la conformaron el abogado Miguel Piedecasas y el académico Hugo Galderisi. Lograron 9 votos e hicieron mayoría en la Comisión de Selección aquel día. Héctor Recalde se abstuvo de votar “por violencia moral”, algo que se encargó de dejar explicitado.
Los cambios fueron en 4 ternas pero la modificación central fue el ingreso a las ternas de los tres históricos secretarios de Comodoro Py que estaban en la lista complementaria, es decir, que en el orden provisorio que se había acordado previamente habían quedado afuera. No tenían la posibilidad de ser electos jueces. Eran una especie de suplentes que solo podían subir a las ternas en caso de que “los titulares ternados” fuesen designados en otros concursos en los que ya están participando, porque se puede participar en más de un concurso a la vez. Obviamente, subieron ellos tres y bajaron otros tres: Diego Perone, Santiago Poncio y María Gloria Capanegra.
Las ternas con cambios que se votaron fueron:
- La 3º, que quedó conformada por: Ana Poleri, Francisco D’Atri y Pablo Moya. D’Atri estaba en la octava terna previo a los cambios.
- La 5º terna, integrada por: Leónidas Quintela, Sebastián Eduardo Martínez y Adolfo Omar Piendibene. En esta terna estaban Perone y Kvitko que bajó a la sexta terna.
- La 6º terna compuesta por: María Bobes, Claudia Cavalleri y Laura Kvitko. De esta terna fue eyectada Capanegra.
- La 8º terna, integrada por: Patricia Cisnero, Pablo Cina y Enrique Rodríguez Varela. Aquí estaba D’Atri que fue subido a la tercera terna.
Este miércoles el plenario confirmó estos cambios con 14 afirmativos y aprobó el concurso para los juzgados nacionales número 1, 3, 23, 30, 37, 38, 45 y 47 en lo criminal y correccional de la Capital Federal. Entre los consejeros que apoyaron esta propuesta estuvieron el presidente de la Corte Horacio Rosatti, el juez de Casación Diego Barrotaveña, el senador PRO Luis juez y la exfuncionaria macrista Jimena De la Torre, hoy consejera por el estamento de los abogados.
En contra se manifestó el bloque de Unión por la Patria del Consejo compuesto por: María Inés Pilatti Vergara, Héctor y Mariano Recalde, Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley.
Tras esta votación, las ternas se girarán al Poder Ejecutivo que debe seleccionar a un candidato de cada terna como opción para juez (hay antecedentes de que durante el macrismo se eligió a tres candidatos de una terna y a ninguno de otra por lo que no podría descartarse que eso se replique durante la actual gestión). En este caso serían 8 elecciones. Tras esa selección del Ejecutivo, el pliego de cada elegido se gira al Senado donde con mayoría simple se debe aprobar. Tras ese procedimiento, la designación como magistrado de cada “seleccionado” es un hecho. Se formaliza con la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial.
El secretario del lawfare
Enrique Rodríguez Varela es hijo de Alberto Rodríguez Varela, quien fue el ministro de Justicia del genocida Jorge Rafael Videla durante la dictadura cívico- militar. Tal como publicó El Cohete a la Luna en la nota “La familia judicial no es sólo judicial”, Enrique es hermano de Ignacio Rodríguez Varela, “a quien el kirchnerismo negó nombramientos en distintos cargos judiciales y finalmente Mauricio Macri designó como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal”.
Según pudo reconstruir El Destape, Enrique Rodríguez Varela ya en 2006 era prosecretario administrativo de Claudio Bonadío en el juzgado federal Nº 11. Llegó a secretario del juzgado en febrero de 2009. Allí estuvo al mando de la secretaría Nº 21 donde tramitaron muchas de las causas de persecución judicial que sufrió CFK y diversos dirigentes kirchneristas. Entre ellas se cuentan Memorándum con Irán, Los Sauces y Las Fotocopias de los Cuadernos (con sus conexas). Si Bonadío fue el juez emblemático del lawfare, Rodríguez Varela fue el secretario del lawfare. Actualmente, es secretario de seguridad en el municipio de San Isidro que gestiona Ramón Lanús, quien en la interna de Juntos por el Cambio estuvo con la actual ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.
Los secretarios de Servini
Tanto Adolfo Omar Piendibene como Sebastián Eduardo Martínez son históricos secretarios del juzgado federal Nº 1 de Comodoro Py. Martínez fue secretario de Servini en 2016. Piendibene, que fue prosecretario del juzgado federal 1 en el año 2000 y llegó a secretario en 2004, hoy está a cargo de la secretaría Nº2 de ese juzgado. Según pudo constatar este medio, por sus manos tramita la causa por la represión del 12 de junio pasado, que se dio durante la aprobación de la Ley Bases en el Senado. En esa causa, el fiscal Carlos Stornelli apuntó a un atentado contra la democracia, tesis que alentó el gobierno. En ese expediente, que llegó a tener 33 detenidos y nunca debió tramitar en la justicia federal sino en la ordinaria, aún tiene 5 procesados y 4 detenidos, por los que organismos de Derechos Humanos como el CELS reclaman la libertad inmediata. Es un caso paradigmático de la criminalización de la protesta durante la presidencia de Javier Milei.
MÁS INFO
Ante este escenario ¿sorprende que el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio, que es el viceministro de Justicia de la Nación, haya votado a favor de estas ternas? ¿Y que sus aliados en el órgano de selección y sanción de jueces hayan hecho lo mismo?
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