Magistratura: gambito de dama al jaque del juez que quiere ser rey

En política no hay espacios vacíos. El lugar que no ocupa uno, lo ocupa otro. El remanido "vacío de poder" es, en rigor, una ventana de oportunidad para quienes tienen ambición y sponsors, pero no votos. Es lo que ocurrió con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti: aprovechó la persistente deserción política del gobierno y tomó por asalto el organismo que administra el Poder Judicial.

Jurista brillante y político ambicioso, Rosatti combinó ambos rasgos para encumbrarse en el Consejo de la Magistratura. El primer paso fue votarse a sí mismo como presidente del máximo tribunal, una maniobra inédita y audaz en la que demostró capacidad para manipular las normas escritas y tácitas en función de un proyecto de poder. Luego, desempolvó un expediente con quince años de guarda y a fuerza de promesas no remunerativas obtuvo el apoyo de sus colegas cortesanos para declarar inconstitucional la ley del Congreso que en 2006 redujo los miembros del Consejo de 20 a 13, ordenó al parlamento una nueva regulación y concedió un plazo de 120 días corridos para que elijan a los nuevos miembros.

El fallo se dictó el 16 de diciembre. La fecha no fue casual: seis días antes habían asumido los legisladores electos en los comicios de medio término, donde la oposición obtuvo un triunfo que le permitió equilibrar la composición de las cámaras y ejercer, cuanto menos, un bloqueo legislativo de la gestión presidencial. 

Con el camino parlamentario alfombrado por la oposición, Rosatti dedicó los cuatro meses de ultimátum legislativo para afianzar lazos y estrategias con los dueños del dinero y el poder.

A principios de febrero, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (Cacba), IDEA y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), entre otras entidades y cámaras empresarias, exigieron que Rosatti presidiera un nuevo Consejo “equilibrado, independiente, autónomo y no partidista”. La propuesta se elevó como petición al Congreso por mesa de entrada del Senado, en una carta dirigida a la presidenta del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, destinataria expresa de una doble provocación: la ley que Rosatti vetó fue impulsada por CFK cuando era senadora; la norma que resucitó la Corte empodera la endogamia judicial, a contramano de la “democratización de la justicia” que Cristina promovió como presidenta en 2013. 

Los medios del sistema celebraron la toma por asalto del Consejo como un gol. Lógico: junto a la Corte y las corporaciones económicas conforman un consorcio que diseña, acomoda y explota las normas a gusto y necesidad. Un ejemplo: la Corte duerme desde hace un año la apelación del Enacom a la cautelar que suspendió el DNU 690/2020, que en plena pandemia declaró servicios públicos esenciales a la telefonía fija y móvil, Internet y la tv paga. Con la dilación, la Corte maximizó las ganancias extraordinarias de las telcos, en especial del Grupo Clarín-Telecom, el primer beneficiario del amparo judicial. 

El caso expresa de modo contundente el costo económico y social de la lucrativa sociedad entre corporaciones económicas y Poder Judicial. El propio Rosatti y su vice, Carlos Rosenkrantz, son producto de esa entente: ambos llegaron a la Corte -y a la presidencia del cuerpo- patrocinados por la Asociación Empresaria Argentina, la élite de negocios que orientan Techint y Clarín.

Con cuatro meses de preaviso, el desembarco de Rosatti en el Consejo no tomó por sorpresa al Gobierno, que aún así se comportó como un comentarista indignado: “¡Es un golpe!”, dijeron, palabras más o menos, los voceros oficialistas. ¿Por qué, si el asunto es tan grave como parece, no se activó un cortafuegos político para impedirlo? Como ocurre desde hace rato, cada fragmento del Frente de Todos desliga la culpa en otra fracción de la coalición. Que Alberto no convocó a extraordinarias para apurar el trámite parlamentario de la nueva ley que el propio gobierno escribió, que Cristina demoró los acuerdos para la media sanción en el Senado para forzar al Ejecutivo a una batalla política contra el fallo de la Corte, que Sergio Massa paralizó el trámite en Diputados con la excusa de la “falta de número” para favorecer la entronización de facto de Rosatti.

Sea por la razón que fuere -o por una combinación de todas-, la coalición se mostró impotente frente a una avanzada que ahora incluye la amenaza de llevar a juicio político a la vicepresidenta y al presidente de Diputados, si no se avienen a nombrar a los consejeros designados por la oposición.

Al filo de la medianoche del martes -horas antes de que Rosatti forzara el juramento de los nuevos consejeros corporativos- la vicepresidenta contraatacó con una jugada audaz: partió el bloque del Senado para generar una "segunda minoría" que, según la ley repuesta por la Corte, debiera hacerse de un sillón en el Consejo. En la práctica, la movida K, como la de la oposición, terminarán en los tribunales. Pero el golpe de efecto político de la vicepresidenta repone en pista al oficialismo, que miraba la carrera desde atrás.

Lo dicho: en política, no existe el vacío.

Y la única batalla que se pierde es la que se abandona.