La justicia investiga un grave episodio que ocurrió en la oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Consejo de la Magistratura entre el 16 de y 21 de junio pasado. La pesquisa busca determinar “si personas ingresaron de manera ilícita” al Consejo y “compulsaron los sobres cerrados de declaraciones juradas de magistrados y funcionarios”.
Cerraduras forzadas, ficheros desordenados y 24 sobres con DDJJ de jueces “abiertos y alterados” junto a otros 9 cerrados “que por su aspecto podrían haber sido manipulados” son el condimento de un hecho que alteró los ánimos en el órgano de selección y sanción de jueces. El episodio es investigado por el juez Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro González, quien el último viernes solicitó al magistrado que tome una serie de medidas de prueba. El consejo es centro de todo tipo de disputas desde que la Corte Suprema decidió tomar su control de manera polémica.
La causa judicial se inició por una denuncia de Mariano Pérez Roller, en su carácter de Secretario General del Consejo de la Magistratura, quien dio cuenta del ingreso irregular a la oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales. Fue por orden del presidente del Consejo, el ministro supremo Horacio Rosatti.
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La historia se remonta al 21 de junio pasado cuando la prosecretaria María Victoria Pérez Bayonzo, en su carácter de responsable del área vulnerada, informó que a las 8:28 de la mañana la agente María Villareal llegó a la oficina y “observó que la puerta de ingreso a la cocina, se encontraba abierta. Es decir, sin llave y arrimada, siendo que la misma había sido cerrada el último día laboral –jueves 16 de junio- y que, las únicas personas que tenían llaves de los accesos era el personal que reviste tareas ahí”. A través de otra puerta que conectaba con la oficina, se halló que hubo distintos movimiento de objetos.
El relevamiento sobre la oficina vulnerada, que se hizo en una investigación interna del Consejo, informa “que se observaron marcas y/o manchas oscuras cercanas a la cerradura, un tornillo salido de una de ellas y la tapa de la caja térmica para luz de la cocina, abierta y con las llaves térmicas levantadas”. En el mismo informe se indica que se realizó un relevamiento de las “miles de declaraciones juradas que alberga la oficina ultrajada”, y que se hallaron “24 sobres abiertos y alterados, y 9 sobres cerrados que por su aspecto podrían haber sido manipulados”. Las DDJJ de los jueces tienen una parte pública y otra reservada. En el anexo reservado figuran detalles de ingresos, créditos y deudas, datos sobre cuentas bancarias en el país o el extranjero, gastos de tarjetas de crédito, propiedades y detalles de inversiones y tenencias accionarias así como información de los familiares de los magistrados.
“Cabe destacar que también se observó que la mayoría de los cajones que componen los ficheros que albergan la totalidad de la documentación se encontraban desordenados respecto al orden cronológico ascendente en el cual permanecen en dicha oficina”, se agrega en el informe interno del Consejo que fue enviado a la Justicia.
En el marco del mismo trabajo, la Dirección de Seguridad Informática del Consejo de la Magistratura señaló que entre el 16 y el 22 de junio no hubo registros fílmicos del ingreso a la sede de Sarmiento al 877 por un problema técnico generalizado en el Poder Judicial: “Debido al problema generalizado que se registró en los sistemas del Poder Judicial de la Nación” el jueves 16 de junio “los registros fílmicos se interrumpieron” esa jornada “a las 14.21 hs y se reanudaron el día miércoles 22/06/2022 a las 9:00 hs”. Fue en ese interín en que se produjo el episodio que hoy se investiga en los tribunales de Comodoro Py.
Entre los 24 jueces cuyas DDJJ fueron vulneradas se encuentran magistrados con exposición mediática por las causas políticas que tienen en sus manos. Figuran:
- El juez Ariel Lijo, con asiento en Comodoro Py, que tiene en su poder diferentes causas de impacto político como la del Correogate que preocupa a Macri y también otra de espionaje que interesa a exespías de la AFI.
- También hay tres jueces de la Cámara Federal de la Casación Penal, que integran salas diversas: Gustavo Hornos (sala IV), Diego Barroetaveña (sala I) y Guillermo Yacobucci (sala II). Casación es la máxima instancia penal del país que revisa lo que sucede en los expedientes y en los juicios. Hornos es uno de los visitantes de Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. La sala IV que él integra revisa la megacausa de espionaje ilegal que se conoce como Super Mario Bros, que preocupa a Macri e involucra a varios exespías de la AFI. También revisará lo que realiza el TOF 2 en el juicio de Vialidad nacional que involucra a CFK. Por su parte, la sala I, que integra Barroetaveña, tiene que definir si ratifica o rectifica los resuelto por los tribunales en los casos Memorándum con Irán y Hotesur/Los Sauces, donde la actual vicepresidenta fue sobreseída.
- Otros tres magistrados son los integrantes del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini. Es el tribunal que, entre otras cosas, juzga a Cristina Kirchner en el juicio de la Obra Pública Vial, que ingresó en su etapa final.
En base a este cuadro de situación, el fiscal Ramiro González decidió pedir una serie de medidas de prueba. Busca “determinar si personas ingresaron de manera ilícita a la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales del Consejo de la Magistratura de la Nación, y compulsaron los sobres cerrados de declaraciones juradas de magistrados y funcionarios”.
¿Qué medidas requirió el fiscal?
- Que el Consejo le envíe “los listados de ingresantes y egresantes desde el día 16 de junio hasta el 21 de ese mismo mes”.
- Y como busca “establecer los números de abonados telefónicos utilizados por los autores del hecho investigado” requiere a las compañías de telefonía móvil que aporten el tráfico de comunicaciones de las celdas con cobertura en Sarmiento 877 en el período investigado.
- Como no hay registros fílmicos del Consejo del período en que sucedió el hecho, también se pretende pedir a la comisaría de la zona que releve las cámaras de los edificios de los alrededores de la sede de Sarmiento 877. Y también rastrear las filmaciones que pudo haber tomado en la zona el Centro de Monitoreo Urbano del Gobierno de la Ciudad.
- El fiscal requiere, a su vez, informes a la División Seguridad y Custodia del Consejo de la Magistratura de la Policía Federal Argentina.
- Y que se cite a prestar declaración testimonial Alberto Yáñez, encargado de la Superintendencia del edificio vulnerado; a la agente María Victoria Villareal, que fue quien informó del ingreso irregular a la oficina de DDJJ Patrimoniales del Consejo de la Magistratura; y a la prosecretaria María Victoria Pérez Bayonzo, responsable de la oficina en cuestión.
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El hecho preocupa al mundo judicial en general. La Asociación de Magistrados y las distintas listas que la integran (la Bordó, la Celeste y Compromiso Judicial) emitieron comunicados. La Asociación tituló su documento “Un nuevo atropello a la independencia del Poder Judicial”, con lo que ubicó a los autores del hecho por fuera del tercer poder del Estado, algo que aún no está claro. En el escrito, firmado por el presidente de la organización, Marcelo Galle Tagle, se definió lo sucedido en el Consejo como de “extrema gravedad” y se destacó que las DDJJ vulneradas “contienen información sensible no solo” de los jueces “sino también de sus familiares”. “Genera estupor que se ingrese a la sede del consejo, a los fines de obtener dicha información, siendo que algunos de ellos intervienen en causas de relevancia para la Nación”, se remarcó.
La lista Bordó, la más conservadora de la Asociación de Magistrados, mostró su preocupación por el hecho y señaló estar inquieta porque “entre los sobres vulnerados están los de magistrados que llevan adelante importantes investigaciones y juicios orales”.
La lista Compromiso Judicial, corriente interna de la Asociación vinculada sobre todo al macrismo, manifestó su “extrema preocupación” por lo sucedido y pidió “que de manera urgente se investigue el hecho” y se encuentre a los responsables “para desbaratar sus propósitos”. También solicitó que se refuerce la seguridad en el Consejo.
La lista Celeste, más cercana al oficialismo, expresó “su honda preocupación frente a los acontecimientos de público conocimiento vinculados a la manipulación de las declaraciones juradas patrimoniales magistrados/as y funcionarios/as del Poder Judicial de la Nación. Nos solidarizamos con quienes pudieron verse afectados y aguardamos con prudencia el esclarecimiento de los hechos que están siendo objeto de esta investigación, conforme rápidamente se habría dispuesto desde la conducción el Consejo de la Magistratura”.
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