Alineado con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Juntos por el Cambio amenazó a Cristina Fernández de Kirchner y a Sergio Massa con denunciarlos penalmente si no nombran a los representantes del Congreso para el Consejo de la Magistratura. La oposición actúa en sintonía con Rosatti, quien ayer tomó por asalto el organismo que designa y sanciona jueces.
La conferencia de prensa en la que plasmaron esta postura estuvo encabezada por los presidentes de los bloques que integran el espacio opositor y los dos candidatos al Consejo: Luis Juez (PRO) por el Senado y Roxana Reyes (UCR) por Diputados.El macrismo reclama que Cristina Kirchner y Massa nombren a los representantes del Congreso en la nueva composición del Consejo de la Magistratura que dispuso la Corte Suprema luego de que se venciera el plazo de 120 días para que el Parlamento apruebe una nueva ley.
JxC resaltó que el fallo de la Corte “no es opinable, sino acatable” y le exigió a Massa y a CFK que “retomen el camino de la racionalidad y acaten el fallo de la Corte”. "Vamos a pedirle a Cristina Kirchner que cumpla la ley y si no la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No estamos pidiendo que nos regale nada que no le corresponde a la oposición”, afirmó Luis Juez.
Agregó el senador: “No estamos mendigando nada que no nos corresponda. Que quede claro. Aunque parezca redundante, no es una interpretación que Cristina y Massa puedan hacer del tema. Pareciera que entramos en un juego en el que nosotros no estamos".
Asimismo, Juez expresó: “Si acepté representar a la oposición en el Consejo no es para andar haciendo papelones y mendigando un cargo. Le sugerimos al oficialismo que le planteara al presidente de la Corte una prórroga toda vez que había un trámite parlamentario en marcha que tenía media sanción. Jugaron con todos los tiempos, destruyeron todas las instituciones, empujaron a un puntero político devenido en juez federal a tomar una decisión horrible, con lo cual quiero decirles cuál es la seriedad de lo que estamos planteando”.
Y concluyó con un ataque a la expresidenta: “Nos vemos todos inmersos en un capricho de una mujer que le tiene pánico a la justicia. Los problemas de la Argentina son mucho más profundos que los problemas judiciales de la Vicepresidenta. La gente no lo va a tolerar ni nos va a permitir que nos entretengamos en cuestiones secundarias”.
Por su parte, Mario Negri, presidente de bloque radical en la Cámara baja, anticipó que le pedirán a Alberto Fernández que retire el pliego del juez Daniel Alonso que está nominado en el Senado para ocupar un lugar en la cámara penal de la ciudad de Buenos Aires. Ayer, la Corte Suprema anuló todo lo actuado por el juez de Paraná y lo acusó ante el Consejo de la Magistratura. Fue por haber emitido una precautelar que impidió al Congreso nombra representantes de la oposición al organismo.
Por su parte, Humberto Schiavoni, titular de la bancada del PRO en el Senado, expresó: “Este es un tema de gravedad inusitado. El fallo de la Corte es muy claro, no es opinable sino acatable. Hemos reiterado la nota a la presidenta del Senado la propuesta para que por el bloque del PRO, que es el que nos corresponde como segunda minoría, asuma el senador Juez. No tiene ningún tipo de doble interpretación. Queremos instar al presidente de Diputados y a la presidenta del Senado a cumplir con un fallo de la Corte Suprema. Es una situación a la que no deberíamos estar expuestos los argentinos ni muchos menos quienes tenemos cargos de representación”.
En sintonía con eso, Alfredo Cornejo, de la UCR, manifestó: “Esta es una posición institucional que deberían acatar tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa. Inmediatamente deberían estar cumpliendo con el envío de estas representaciones al Consejo de la Magistratura. Ellos son meros intermediarios y deben cumplir. No está sujeto a la opinión de Cristina o Massa”. Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en Diputados, informó: “Llamamos a la reflexión a Massa y a Cristina Kirchner para que retomen el camino de la racionalidad y acaten el fallo de la Corte. Este tipo de fallos no tienen una libre interpretación sino que son de cumplimiento efectivo”.
Y Roxana Reyes, la candidata del radicalismo para el Consejo, también hizo su aporte: “Ninguno de nosotros está por encima de la ley ni por encima de las instituciones, que deben funcionar correctamente. Las sentencias de la Corte deben acatarse. El único camino es el cumplimiento de la sentencia”.
Sigue el asalto de la Corte
La Corte Suprema tomó el Consejo de la Magistratura por asalto. Lo que viene en las próximas horas es la consolidación del hecho consumado. El contexto juega a su favor: la Corte recibió el respaldo de la oposición (cuyos legisladores festejan que les arrebaten tareas) y del sistema de medios corporativos mientras desde el Gobierno navegan en la contradicción de denunciar un golpe institucional pero aceptar que se trata de un fallo cortesano que no se puede desconocer. Desde un sector del oficialismo buscan soluciones legales; desde otro saben que esto requiere acción política.
La hoja de ruta de la Corte quedó por escrito: “A partir del dictado de la presente decisión, el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021, de modo que será presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los nuevos representantes que hayan sido elegidos o designados por sus respectivos estamentos asumirán sus cargos previo juramento de ley, el quorum será de 12 miembros”. O sea, quieren que el Consejo funcione, o que parezca que funciona. Pero no pueden hacerlo sin completar los 20 miembros que establece la ley derogada que pretenden poner en vigencia.
Esto lo firmaron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. El cuarto cortesano, Ricardo Lorenzetti, vio venir el escándalo y pidió una licencia para asistir a unas conferencias en México. Vuelve recién el fin de semana. En diciembre, Lorenzetti firmó en disidencia y dijo: “Ningún tribunal ni la propia Corte Suprema puede legítimamente declarar inaplicable una ley que ha sido derogada hace dieciséis años sin afectar seriamente la seguridad jurídica. Por otra parte, la restitución de la ley anterior hasta que el Congreso dicte una nueva podría generar un caos, porque de 13 miembros pasa a 20 y luego a 17 (según el proyecto adjuntado a la causa)”. La Corte está tan degradada que el titiritero del lawfare tiene que marcar lo evidente en minoría.
Como el fallo cortesano repone una ley derogada en la cuál el Consejo tiene 20 miembros en lugar de 13, uno de los pasos siguientes es forzar los juramentos de nuevos consejeros. La cambiemita Jimena de la Torre, que será una de las nuevas consejeras por parte de los abogados, no perdió tiempo. Apenas la Corte desembarcó el Consejo le envió una nota a Rosatti reconociéndolo como presidente del organismo “para que a la brevedad arbitre los medios necesarios para tomar juramento y asumir como consejera”. Un rato más tarde tuiteó “Me voy a peinar para la foto!”.
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