Con la designación de consejeros por el Senado, el Frente de Todos le pasa la presión a la Corte

Un conflicto de poderes asoma en el horizonte político. La Cámara de senadores aprobó este miércoles a los cuatro representantes que enviará al Consejo de la Magistratura. El Frente de Todos mantuvo su composición legislativa en dos bloques, Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana, y nombró a tres consejeros. El restante corresponde a la UCR. La Corte, excediéndose en sus facultades, había cuestionado este orden legislativo. El interrogante que se abre ahora es qué hará el Alto Tribunal cuando reciba los nombres de los consejeros enviados y respaldados por el Senado. ¿Les tomará juramento? La oposición ya adelantó que judicializará la decisión. Este miércoles, por ejemplo, no bajó al recinto.

La decisión de la Cámara Alta es una réplica institucional a una provocación de la Corte Suprema, que en una declaración de guerra abierta a CFK el 8 de noviembre había anulado la partición del bloque de senadores del Frente de Todos para quitarle una banca al oficialismo en el Consejo de la Magistratura y dársela a Juntos por el Cambio. Esa división cuestionada no fue azarosa: fue diseñada por Cristina y le dio como resultado una banca más al FdT en el órgano de selección y sanción de jueces en detrimento de JxC en el Consejo interino que tiene mandato hasta este 18 de noviembre. Había sido tomada como respuesta de la Vicepresidenta a la toma por asalto del Consejo que hizo el Tribunal Supremo el 16 de diciembre de 2021. En aquella fecha, la Corte estableció que la conformación del órgano de selección y sanción de jueces que funcionaba desde el 2006, con 13 integrantes, era inconstitucional. Entonces revivió una ley derogada, elevó la integración a 20 miembros, cambió las relaciones de poder y ubicó como presidente del Consejo al presidente de la Corte.

Este miércoles, en una dinámica que no es habitual para la designación de consejeros en el Congreso, el Senado votó en el plenario la aprobación de los representantes designados para el período 2022-2026. El resultado fue 37 votos a favor y ninguno en contra porque la oposición no bajó al recinto. De esta forma, el oficialismo le dio volumen político a una decisión que había sido cuestionada por la Corte y que reglamentariamente no necesita de un respaldo del pleno. Un dato no menor: Cristina no estuvo presente porque está ejerciendo la Presidencia de la Nación por el viaje de Alberto. La vicepresidenta de la Nación había sido mencionada y criticada de manera explícita en el fallo cortesano del pasado 8 de noviembre.

Los consejeros designados fueron María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde, por el Frente Nacional y Popular; Eduardo Vischi por la UCR; y Martín Doñate por Unidad Ciudadana. En la postulación de estos representantes, la Presidencia del Senado argumentó su decisión y le envió un mensaje a la Corte: “Conforme el artículo 66 de la Constitución Nacional es potestad de cada Cámara darse su propio reglamento e interpretarlo en cuanto a su observancia y aplicación”. Con esa afirmación le está señalado al Tribunal Supremo que está invadiendo potestades del Poder Legislativo con su intromisión en el orden interno del cuerpo. En esa línea, recordó que la ley 24.937 establece que el bloque mayoritario nombra 2 consejeros y que los restantes dos consejeros se reparten entre la primera y la segunda minoría. Y que el bloque Frente Nacional y Popular con 21 integrantes “ostenta la mayor representación legislativa de este H.Senado” mientras que la UCR con 18 “ostenta la representación de primera minoría” y el bloque Unidad Ciudadana, con 14 miembros, es “la segunda minoría de este H.Senado”.

Para los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, “la división referida no obedece a fines genuinos sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde”. Afirmaron que CFK constituyó “ficticiamente” un bloque en el Senado, que “desconoce el principio de buena fe”, que ese accionar fue “manipulativo”, que “no debe admitirse su validez” y que se trató de un “artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo”.

Con ese posicionamiento, la Corte legisló (algo que no puede) y acusó a CFK de no cumplir su fallo con una decisión política (algo no judiciable). Básicamente, violó la división de poderes y se entrometió en una decisión parlamentaria al decirle al Congreso cómo debiera designar a sus consejeros.

Este miércoles, CFK ni siquiera estuvo en el recinto. La presidencia estuvo a cargo de Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

Críticas a la Corte

Durante la votación tomaron la palabra algunos senadores. Adolfo Rodríguez Saá, por ejemplo, cuestionó la injerencia de la Corte en decisiones que son potestad del Poder Legislativo: “En este nuevo período del Consejo tenemos conformados los bloques de esta manera. No pueden decirnos de la Corte que tenemos que elegir representantes de acuerdo a los bloques que teníamos cuando ellos quieren”. “Hoy 16 de noviembre, nuestra cámara está conformada por bloques que están legalmente constituidos y que han hecho sus propuestas para el nuevo mandato”, añadió respecto a la postulación de consejeros. Le dijo a la Corte que debe aceptar “las decisiones de la voluntad de los bloques convalidada por el pleno de la cámara”.

También pidió la palabra Pablo Yedlin, quien dijo: “No puede la Corte Suprema de Justicia decirnos cuántos y cómo deben ser nuestros bloques”. Y sostuvo: “Hay en el fallo de la Corte una idea de temporalidad. Dicen que cuando se notificó el fallo, los bloques eran de una manera y esa foto de ese momento era la que tenía que haber constituido la cantidad de consejeros. En ningún lugar dice que eso debiera ser así. Hoy estamos acá para una nueva constitución del Consejo de la Magistratura".

En esa línea, explicó que “hoy estamos proponiendo con la ley que la Corte Suprema quiso, con un Consejo con el mismo presidente de la Corte porque es lo que quisieron, respetando y aceptando los fallos como debemos hacer como senadores republicanos. Estamos con dos bloques constituidos hace meses decidiendo quiénes son los consejeros que van a representar a este cuerpo por los bloques mayoritarios y minoritarios en el Consejo. Y estamos hoy en el pleno ratificando para que le quede claro el mensaje a la Corte Suprema que esta es una decisión del cuerpo de senadores de la Nación que representamos a nuestros votantes”.

Luego fue el turno de la senadora Juliana Di Tullio. “Me siento ofendida por haber sido avasallada en mis atribuciones como senadora de la Nación. Entiendo que el cuerpo en su conjunto debería reaccionar frente al avasallamiento de un poder como el Poder Judicial por sobre las atribuciones que tiene el Poder Legislativo”, afirmó.

Di Tullio señaló que el fallo de la Corte “tiene cosas tiradas de los pelos” y que “pone una fecha caprichosa” para definir cuándo se debían constituir los bloques. También criticó a la Corte porque en su fallo “descalifica a la presidenta de este cuerpo. Le atribuye argucias, malicias, mala fe, trampas”. En otro pasaje, la legisladora nacional apuntó a la Corte por su parcialidad: “Nadie le preguntó a Juntos por el Cambio cuántos bloques tiene. El interbloque de JxC siguió moviéndose pero nos objetan a nosotros nada más”, criticó.

Di Tullio también dijo que el fallo del 8 de noviembre no tiene los 3 votos válidos necesarios para que sea legítimo porque “Rosatti se debía haber autoexcluido” por ser parte del Consejo. Y advirtió: “De seguir ahondándose en este conflicto de poder no sé cómo va a terminar. La Constitución Nacional no nos dice cómo se resuelve este tipo de conflicto. Espero que la Corte entre en razones y tome juramento a la representación política”, cerró.

Posteriormente, en la misma sintonía disertaron Lucía Corpacci y Anabel Fernández Sagasti. La senadora mendocina fue quien cerró la lista de oradores. Y dijo: “Estamos claramente ante un conflicto de poder, ante una extralimitación de la Corte, de las facultades constitucionales. La Corte se entrometió en otro poder del Estado y nos dice a los representantes de las provincias cómo debemos agruparnos”. Respecto al fallo del 8 de noviembre sostuvo que se pareció “más a un pasquín que a un fallo” por la forma en que se refirió a la vicepresidenta de la Nación. Y resaltó que la presidenta del cuerpo no pincha ni corta en la forma en que se organiza cada bloque, por su rol institucional. “Acá no está en juego una banca del Consejo de la Magistratura sino cómo se defiende una corporación que defiende a otra corporación que es el poder real de la Argentina”, finalizó.

Todos los senadores que tomaron la palabra recordaron que cuando hace dos años la Cámara Alta pidió a la Corte una declaración de certeza para determinar sobre la virtualidad para sesionar en plena pandemia, desde el Alto Tribunal le respondieron que los senadores y senadoras deben interpretar el reglamento interno y no se podía entrometer. “¿Qué pasó para que los mismos 4 varones digan lo contrario? –se preguntó Fernández Sagasti-. Pasaron las elecciones de los distintos estamentos del Consejo de la Magistratura. El 18 de octubre se llevó a cabo la elección del estamento de abogados donde ahora son 4 y ellos (NdR: por JxC) pensaban que se iban a quedar con 3 de 4 pero el voto de los colegas dijo que no. Y de algún otro lado hubo que manotear el consejero que les permitiera tener la mayoría. Por eso se extralimitaron y se metieron con el Senado”.

El rechazo de la oposición

El interbloque de JxC en el Senado denunció que con este tratamiento se produjo "un nuevo atropello por parte de la presidenta del Senado de la Nación Cristina Fernández de Kirchner contra el orden institucional del país". De acuerdo a los senadores macristas el tema de los consejeros se "introdujo de manera intempestiva y subrepticia" en la sesión especial en la que se iba a tratar "el Presupuesto y la prórroga de impuestos". Consideran que hubo "una abierta desobediencia al fallo de la Corte Suprema" y "a la ley del Consejo de la Magistratura y la Constitución Nacional" por parte del FdT. A la inversa de lo que está sucediendo, denunciaron a CFK de "tensar la institucionalidad hasta romperla". De esa forma, justificaron su inasistencia a la votación y adelantaron que acudirán a la Justicia de "manera inmediata" para "que se cumpla el pronunciamiento dictado por el Máximo Tribunal". 

Escenarios

Con la decisión de este miércoles, el Senado como cuerpo legislativo le pasa la presión a la Corte. ¿Los supremos les tomará juramento a los senadores designados? En el Parlamento especulaban con que los cortesanos debieran hacerlo con los cuatro nombrados y en todo caso esperar al planteo judicial de la oposición. Ya que el recurso que derivó en el fallo del escándalo fue presentado por el senador Luis Juez quien debiera asumir en lugar de Doñate pero en el Consejo cuyos mandatos caducan este viernes. En todo caso, esta nueva designación realizada por la Cámara Alta debiera abrir un nuevo conflicto jurídico. Que a la luz del fallo cortesano del 8 de noviembre puede desembocar en un conflicto de poderes.

En el planteo de Juez, el problema era la designación de Doñate pero lo cierto es que de aplicarse la lógica, la anulación decretada por la Corte debiera extenderse también a los dos consejeros por la mayoría, porque lo que se está poniendo en cuestión es la división legislativa del FdT en dos bloques.  

Ante este nuevo escenario, el foco ahora pasa a estar en los supremos que tendrán que definir si le toman juramento a los cuatro consejeros designados por el Senado o si no los legitiman. De forma paralela, la oposición judicializará la decisión de la mayoría de la Cámara Alta. Por lo que se espera un conflicto interpoderes cuyas consecuencias son inconmensurables.

No debe desatenderse que la decisión de la Corte coincidirá con un inminente fallo supremo por la coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires y cuando el Poder Judicial comienza a “rodear” a CFK con la amenaza de reabrir causas de persecución que están cerradas como Dólar Futuro, el Memorándum con Irán y el caso Hotesur - Los Sauces. Además, suenan de fondo los clarines judiciales en el caso Vialidad, donde los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se condene a Cristina a 12 años de prisión y se la inhabilite de forma perpetua a ejercer cargos públicos. Se espera el veredicto para el mes próximo. A esto se suma el retaceo de recursos por parte del máximo tribunal del país a quienes deben investigar el atentado contra CFK. Un cóctel político-judicial que muestra mientras asoma el inicio de la campaña electoral a un Poder Judicial decidido, una vez más, a jugar a favor de los intereses macristas.