Tras el veto total a la movilidad jubilatoria, no está claro el destino de la ley en Diputados, donde se hizo más difícil garantizar los dos tercios de los votos para insistir con la norma. La intención de los bloques dialoguistas, aquellos ubicados en la ancha avenida del medio, es rechazar la medida presidencial que se opone a que el haber mínimo ascienda a $317.000. Esta semana podría haber más reveses para el Ejecutivo con el debate por el presupuesto universitario y el rechazo final a los fondos reservados de la SIDE.
Tanto la UCR como Encuentro Federal, comandados por Rodrigo de Loredo y Miguel Ángel Pichetto respectivamente, quieren insistir con la ley, pero en ambas tribus reconocieron que el panorama está complicado y que, incluso, podría no llegarse a los dos tercios de los votos para sostener la movilidad jubilatoria.
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En el Senado, los números están sobrados pero en Diputados, según algunas de las cuentas que empezaron a hacerse mentalmente, no se llegaría. Se adjudicó esta complicación numérica al trabajo “fuerte” de algunos gobernadores para evitar el rechazo al veto. Esto podría poner en jaque votos de bloques con representación en todo el país, como Encuentro Federal e Innovación Federal.
Estos bloques proporcionaron votos clave para abultar el número en favor de las jubilaciones. Encuentro Federal tuvo sólo dos ausencias y una voluntad en contra, sobre un total de 16, mientras que Innovación Federal proveyó sus ocho diputados en forma favorable. “Está difícil, pero jamás me daría por derrotado”, se lanzó desde filas centenarias.
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El artículo 83 de la Constitución Nacional establece que el veto presidencial debe volver al Congreso con sus objeciones, puntualmente a la Cámara de origen, en este caso Diputados que lo discutirá nuevamente. Debe confirmar la ley con dos tercios de los votos de los presentes para que ésta pase al Senado. Si allí también se consigue esa misma mayoría, el texto es ley y debe promulgarse. Sin embargo, si una de las dos no logra rechazar la medida presidencial, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de ese año.
El Gobierno y sus aliados necesitan garantizar 87 votos en favor del veto presidencial para enturbiar los dos tercios de los votos opositores. Según se calculaba desde una de las bancadas dialoguistas, todo el PRO votaría en línea con Javier Milei, después de la orden de Mauricio Macri, también el bloque Independencia. Los amarillos, sin embargo, aportarán su cuota de suspenso ante el intento larretista de sostener la movilidad jubilatoria. Los libertarios harán lo propio gracias a los enojos generados en estas semanas.
En junio, el oficialismo llegó a 72 votos, por lo que necesita conseguir otros 15. Si, como se empezó a especular, esos espacios acompañaran a Milei en un 100%, faltarían sólo cinco. Tres se podrían conseguir dentro de la bolsa de las abstenciones, otro más mejorando la performance libertaria (que había tenido una ausencia) y otros con el trabajo de los gobernadores. “Aún no hay definición”, se lanzó cerca de mandatarios provinciales amarillos.
El artículo 10 de la ley vetada estipula la cancelación de deudas de la ANSES con las provincias. “Yo quiero colaborar, pero también le quiero pagar a mis jubilados”, había dicho un senador enojado con la decisión del gobierno. Un factor que deberá tenerse en cuenta a la hora de tomar una posición.
De no poder insistir con la ley, ya se empezó a barajar el costo político que deberá pagar el presidente, algo que nadie pone en duda. “Cómo puede decir el Presidente con Majul que voló el poder adquisitivo de los jubilados. Es una falta de respeto y no ver la realidad. Estamos muchísimo más caros en dólares”, señaló el secretario parlamentario de la UCR en X, Alejandro Cacace. El dirigente agregó que un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) confirmó “que la mínima está 5% por debajo de cuando Milei comenzó su mandato”.
Según esos datos, el poder de compra promedio de los primeros siete meses de 2024, respecto del mismo período del año pasado, cayó un 29,2% año contra año mientras que los haberes mínimos perdieron un 18,5%. Si se compara la situación actual con la de diciembre del 2023, los haberes superiores a la mínima tuvieron una recuperación del 9,2% en términos reales pero los mínimos, con bono, cayeron un 4,9% real dado que ese plus mensual no registra incrementos desde marzo.
La ley buscó paliar esa situación al establecer haberes mínimos apenas por arriba de la canasta básica total. Según el gobierno, esta decisión comprometía la misión de eliminar el déficit fiscal y obligaba al Estado a la emisión o la toma de deuda. Sin embargo, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la norma apenas iba a representar un gasto adicional del 0,44% del PBI en caso de continuar pagando los bonos hasta fin de año.
El Senado se dispone a discutir una legislación similar en espíritu fiscal. A las 16:30, el plenario de comisiones de Educación y Presupuesto abordará el presupuesto universitario que también podría poner en riesgo el objetivo del superávit fiscal del gobierno, aunque la incidencia en el PBI es mínima.
En el ejercicio vigente, el proyecto de ley tendrá un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI, detalló la OPC. En el desagregado, la actualización por IPC anual 2023 para gastos de funcionamiento, prevista en el artículo 3, sólo representaría el 0,04% del PBI; mientras que la actualización bimestral por IPC 2024 para gastos de funcionamiento, contemplada en el artículo 4, alcanzaría el 0,02% del PBI y recomposición de los salarios de personal docente y no docente 0,08% del PBI, según lo dispuesto en el artículo 5.
De lograr el dictamen, que es lo que se espera, el proyecto con media sanción de Diputados podría tratarse esta misma semana ya que, a pedido de la UCR, en la última sesión se votó una moción de preferencia para tratar el tema en la próxima reunión en el recinto, con o sin dictamen. Así que estaría habilitado. Cualquier convocatoria dejará abierta la puerta a discutir el DNU SIDE, que ya fue rechazado en la Cámara Baja.
El gobierno buscará, en tanto, avanzar con una iniciativa de interés propio, la de la Boleta Única en Papel. “El proyecto se viene debatiendo desde el año pasado. Creo que es un tema de sentido común. Esto no tiene que ser un proyecto de la LLA sino una respuesta de la política al pedido de la sociedad”, dijo Lisandro Catalán, secretario de Interior. “Boleta Única es un proyecto nuestro”, se había aclarado desde el PRO hace algunas semanas en la disputa simbólica por el cambio. La intención es generar cierto ahorro y, como contrapartida, mantener las elecciones Primarias Abiertas.
Todos estos temas podrían abordarse esta semana, el miércoles por Boleta Única y el jueves por los fondos reservados de la SIDE y el presupuesto universitario.
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