"Necesitamos esos 22 diputados para llegar a 129 y vamos a hacer lo posible para conseguirlos. El problema es que muchos nos confiesan que no quieren aparecer votando con nosotros", explicó un integrante del bloque de Unión por la Patria activo en el contacto con los legisladores que podrían considerarse más afines ideológicamente, que manifestaron públicamente su rechazo al DNU y a buena parte de la ley ómnibus. El decreto estará en condiciones de ser tratado en el recinto a partir del viernes 19, mientras que se estima que el oficialismo buscará que la ley ómnibus se debata el jueves 25. "Si conseguimos los 129 podríamos rechazar los dos la misma semana y ahí el gobierno de Milei quedaría muy golpeado", se ilusionaba una diputada. No hay indicios firmes de que eso pueda concretarse.
El bloque de Unión por la Patria tiene 102 diputados y otros cinco el FIT. Ambas bancadas desde el vamos se mostraron totalmente en contra de las iniciativas del Ejecutivo, sin los peros ni las vueltas que se ven en los otros bloques. Son 107 votos sólidos, pero que todavía necesitan de mucha colaboración para conseguir el rechazo. El heterogéneo bloque que comanda Miguel Angel Pichetto, con 23 diputados, aparece como el primer sitio de donde conseguir aliados.
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En menor medida, el bloque de la UCR que preside Rodrigo de Loredo, de 34 miembros, otro. La bancada Innovación Federal tiene nueve legisladores provenientes de fuerzas provinciales y otros tantos andan por ahí sueltos. En cambio, ven pocas chances de que los 37 del Pro que dirige Cristian Ritondo no acompañen las propuestas de la Casa Rosada. "El más enojado debe ser Ritondo por cómo lo dejaron afuera de todo, los otros van a votar lo que sea", imaginaba un diputado de UP.
De acuerdo al escueto cronograma que el viernes recibieron los legisladores, la agenda de Diputados de la semana tiene una sola actividad. El lunes, a las 10, el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales recibirá a representantes de organizaciones no gubernamentales, quienes expondrán sus puntos de vista respecto a la ley. Fue un insistente reclamo de la bancada de UP que encabeza Germán Martínez, que vino haciendo ese trabajo por su cuenta. El viernes, por ejemplo, atendieron a representantes de los gremios industriales, a farmacéuticos, dirigentes feministas, a rectores de universidades, empresarios del sector pesquero y personas con discapacidad. Algunos de ellos, no sabían cuáles, podrán expresarse el lunes.
En cambio, el oficialismo no quiso saber nada con que expusieran los principales responsables del proyecto enviado: el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el flamante encargo de la Unidad de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger. El tratamiento exprés que buscaron imprimirle al debate tiene como objetivo sacar dictamen de comisión esta semana para cumplirle el deseo a Milei de que la ley quede aprobada antes de fin de mes, probablemente con media sanción el jueves 25, luego del paro y movilización de la CGT.
Pese a que se planteó como un proyecto que debía votarse a libro cerrado, el Ejecutivo debió ceder en varios puntos para sumar respaldos para la aprobación de la ley ómnibus. La extensión de facultades extraordinarias a Milei no será de dos años prorrogable por otros dos como pretendía, sino de uno prorrogable por otro más. La reforma política que incluía un drástico cambio al sistema de circunscripçión uninominal quedó para otro momento, según debió admitir el ministro del Interior, Guillermo Francos. No menos insólita, la restricción de reunión de tres o más personas en la vía pública, la bajó la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los gobernadores, en tanto, consiguieron que se modifiquen las desregulaciones establecidas para la pesca y al porcentaje de corte de los biocombustibles.
Pero no resultó suficiente y el viernes pasado por primera vez Toto Caputo participó de una reunión junto a Francos para recibir a los diez gobernadores de Juntos por el Cambio. Los mandatarios provinciales sumaron el reclamo por las retenciones a los productos regionales y los cambios en hidrocarburos, en el caso de las provincias petrolíferas. El problema en este caso es que choca con el plan de superávit del 2% que Caputo le prometió al FMI, pero el ministro prometió estudiar los pedidos. Los gobernadores, además, están ansiosos por una resolución del Ejecutivo que les ayude a cubrir el bache que les dejó la eliminación del impuesto a las Ganancias a los trabajadores, ya sea con la restitución del tributo o alguna otra medida. Es una carta que el Gobierno tiene para negociar.
El bloque radical emitió ayer un comunicado en el que sumó la suspensión de la movilidad jubilatoria -junto al rechazo al aumento de las retenciones- como otra objeción a a la ley. Ya había trascendido durante el plenario de comisiones un supuesto pedido al oficialismo para que colocara alguna garantía de los futuros aumentos de las jubilaciones como condición indispénsable para avalar la muerte de la fórmula. Por ejemplo, un piso mínimo desde el cual se decidirían los incrementos. El tira y afloje debería definirse esta semana. ¿Hasta dónde estará dispuesta a ceder la oposición dialoguista?
Mayor expectativa hay con el bloque de Pichetto, en el que diputados de la Coalición Cívica, socialistas y peronistas cordobeses expresaron muchos reparos al kilométrico articulado del proyecto. Pero, lo reconocen en la bancada de Unión por la Patria, también les confesaron que no querían aparecer formando causa común con el peronismo. "Nos convertimos en mancha venenosa", sostenía un diputado veterano. Recordaba que algo similar ocurrió luego de la derrota de 2016.
Mejores perspectivas hay con el DNU, con múltiples objeciones de constitucionalistas y varios amparos ya admitidos por la justicia laboral. Por algún motivo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, todavía no designó a los integrantes de la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo que debe discutir y dictaminar sobre el decreto. Igual que en el Senado, Unión por la Patria reclama la mitad de los ocho integrantes de Diputados, pero sospechan que nuevamente los desoirán y designarán sólo tres. Con todo, pasó una semana y Menem no lo hizo. Sospechan que es porque prefiere estirar los plazos todo lo posible.
Desde el ingreso del DNU empezaron a correr los 10 días hábiles para dictaminar. El vencimiento operará el viernes 19. A partir de entonces, podrán tratar su derogación directamente en el recinto, sin dictamen. Unión por la Patria deberá decidir si es más sencillo conseguir sumar cuatro senadores o 22 diputados para resolver por dónde empezar. "Sería extraordinario que se rechazaran en las dos cámaras el mismo día", se ilusionaba un integrante de UP.
Activa como pocas veces, la conducción de la CGT que encarnan Héctor Daer y Pablo Moyano no sólo tomó la iniciativa en cuanto a presentaciones judiciales y la convocatoria a un paro y movilización frente al Congreso para la semana que viene, sino que viene intentando hablar con los demás bloques opositores en busca de ganar adhesiones. Con Pichetto ya hablaron y tuvieron una coincidencia general. También conversaron con el radical Facundo Manes, quien les adelantó que volvería esta semana desde México para ponerse al frente de un grupo de diez diputados de la UCR que rechazará la aprobación. Elisa Carrió negó un diálogo con la central obrera, pero mantiene una postura contraria al decreto.
En el Senado, el número parece al alcance de la mano porque a los 33 del interbloque de UP se agregarían los tres peronistas disidentes de Unidad Federal, más los senadores de fuerzas provinciales de Río Negro y Neuquén. Allí parece la cosa resuelta, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel ya se anotó algunas votaciones sorpresivas. "En este caso no es lo mismo y hubo senadores por fuera de nuestro bloque como el entrerriano Edgardo Kueider y la cordobesa Alejandra Vigo que expresaron su rechazo", aseguraban en UP.
Con respecto al DNU, quedaba por resolver una cuestión que probablemente se termine definiendo en la Justicia. En una extraña maniobra, el último artículo de la ley ómnibus establece la aprobación del decreto. Según la interpretación de Pichetto y Carrió, eso habilitaría la posibilidad de "abrir" la discusión respecto al DNU y tratarlo artículo por artículo como su fuera un proyecto de ley. De esa manera, plantean "desmalezar" el decreto y sacarle las partes para ellos invotables y dejar en pie lo que avalan.
"Un decreto es válido o inválido, se lo aprueba o se lo rechaza, no se lo puede desmenuzar", aseguró la diputada de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, una de las designadas para ocupar un lugar en la comisión bicameral, si es que finalmente se conforma. Con tan extenso articulado y temática, las tribulaciones en torno al DNU y a la ley ómnibus parecen no tener fin.
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