Los puntos clave de la negociación entre JxC y La Libertad Avanza por la ley ómnibus

Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio se reunirán con Guillermo Francos, ministro del Interior, y Luis Caputo, de Economía, este viernes para analizar los apoyos a dos iniciativas clave, la ley ómnibus y el futuro del posible retorno del impuesto a las Ganancias. 

Después de reafirmar la unidad de la alianza al menos en lo que hace a la articulación entre las provincias y el correlato -esperan- en el parlamento, los mandatarios no ven con malos ojos dar su apoyo a la ley pero con algunas garantías, dado que la situación fiscal de sus distritos es bastante compleja.

Aprovechando esa problemática, el Gobierno volverá a insistir con brindar un auxilio a través de la restitución del impuesto a las Ganancias que, ahora se dieron cuenta desde un sector de Juntos por el Cambio, les costó bastante. El voto en contra de su eliminación, el año pasado, fue perjudicial para la campaña por haber quedado enfrente de una mejora salarial. En este contexto de ajuste, eso se repetiría en caso de avanzar. Sin embargo, el apoyo no está cerrado. No está clara la posición de los mandatarios que todavía analizan las consecuencias que este tributo tiene sobre el indicador de inflación. 

Francos mantiene, hace días, importantes reuniones con dirigentes provinciales para intentar avanzar en modificaciones a la ley ómnibus que permitan un apoyo. Horas antes del encuentro pactado para las 11 de la mañana por Zoom con los ministros, el jefe de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, tuvo un mano a mano con el titular de Interior a quien le expresó su "apoyo a la mayoría de leyes enviadas al Congreso". Su intención es la de generar "cambios que sean sostenibles en el tiempo y terminen con los privilegios de unos pocos".

Con apuro, el oficialismo tiene la intención de avanzar lo más rápido que se pueda con su tratamiento para evitar pérdida de apoyos que puedan surgir con el correr del tiempo. Tras ese objetivo, se abrieron claros canales de diálogo para modificar muchos puntos que puedan acercar al ex Juntos por el Cambio a un apoyo del dictamen, sin firmar uno propio que, por la división de la derecha, deje en una mejor posición a Unión por la Patria.

Por eso, se vio una apertura del oficialismo para negociar y sumar las voluntades de los cambiemitas. Como circuló por estas horas, la reforma político-electoral podría no ingresar, al igual que una reducción de la temporalidad y el alcance de la declaración de emergencias. La materia impositiva, también resistida, todavía se encuentra en debate, al igual que la eliminación de la fórmula de movilidad. 

Si quedaran algunos puntos en suspenso, la oposición colaboracionista podría acompañar el dictamen en disidencia para no dividir votos y buscar impulsar este texto como el primero a debatir en el recinto. Pero todavía restan muchos debates, como por ejemplo la elusión del Congreso a la hora de tomar deuda. Un diputado de JxC entendió que el gobierno no hará nuevas colocaciones y que sólo, por lo que se vio hasta el momento, reconducirá el barco sin necesidad de un paso por el parlamento.

Dentro de esos debates, se comenzó a plantear la chance de quitar el artículo 654 para ratificar el decreto de necesidad y urgencia 70/23, el que planteó la desregulación del Estado para evitar que algún creativo se aproveche del error para introducir modificaciones a un texto que demanda un tratamiento legislativo diferente al de cualquier ley pero que, llamativamente, fue presentado como una más.

El impulso de leyes espejo quedó en la nada. El radicalismo presentó dos textos, uno en Diputados con la firma de Martín Tetaz y otro en el Senado con la de Carolina Losada, ambos con amplios apoyos del bloque. Pero también hubo raspado desde el oficialismo, particularmente en la Cámara Alta, donde hubo varios que se mostraron de acuerdo con la iniciativa que aguarda dormida.

Negociaciones de bajo perfil

Todas las discusiones para generar modificaciones se dan por canales de diálogo paralelos con enorme cantidad de versiones sobre lo que el gobierno podría o no ceder. El misterio recién terminará de develarse con la llegada del dictamen final propuesto por el oficialismo. Según lo incorporado e la propuesta, contará con los apoyos necesarios o no, sin margen –ni para La Libertad Avanza ni para Juntos por el Cambio– de provocar una división que beneficie al que pueda presentar el peronismo.

En ese marco, durante el tercer día de reuniones informativas, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, intentó hacer a un lado las molestias generadas, puntualmente en la UCR, por la reforma propuesta para la materia, la no obligatoriedad de la presencialidad a partir de los nueve años.

“Se ha hablado de homeschooling, cosas rarísimas que no sé cómo se derivan de la redacción del artículo y que muestran una gran capacidad de imaginación”, sostuvo el funcionario que completó los presuntos deseos del gobierno de “promover el desarrollo de una educación presencial que pueda integrar instancias de virtualidad”.

Puntualmente, la ley ómnibus plantea la legalización de “estudios a distancia híbridos” que funcionen como “alternativa a la educación presencial a partir del segundo ciclo”. Esto fue cuestionado por la diputada de la UCR, Danya Tavela, que criticó la educación a distancia por no tener “buenos resultados” y perjudicar “el desarrollo de niñas y niños”. La legisladora lo consideró “inviable” y puntualizó que está pensado para la libertad del deseo del individuo y no para garantizar igualdad.

Este punto fue señalado, también, por el PRO Alejandro Finocchiaro, lo que dio pie a otra puerta de negociación de parte del Gobierno ya que el secretario adelantó que modificarán el texto para que “quede claro que lo que se habilita es una presencialidad con posibilidad de hibridez desde el segundo ciclo del nivel primario”. 

Desde el oficialismo todavía se le dejó la puerta abierta a cualquier posibilidad de cambio, dando a entender que aún no están cerradas las modificaciones, por lo que la palabra del Gobierno deberá esperar la confirmación oficial con el dictamen. Los retoques propios, como la eliminación de la prohibición de reuniones de más de tres personas, parecen estar consolidados pero no los ajenos. 

Los bloques se dispondrán a un debate minucioso para establecer una posición. El macrismo pareciera encaminarse a pedir delegación de facultades por un año prorrogable por otro año con autorización del Congreso. También querrá que, en materia jubilatoria, se delimite el tiempo de la situación excepcional y se establezca desde ahora un indicador para encarar los aumentos que serán perjudiciales pero quieren que sean lo menos perjudiciales posible. 

El PRO se dividió los temas para poder analizar con algo más de profundidad cada uno de los títulos y hay uno que, por ahora, demandó mucho debate y todavía no derivó en una conclusión, las retenciones. Para acompañar, el gobierno debería establecer plazos, criterios y segmentaciones. Pero el macrismo también podría elegir no arriesgarse a apoyar una iniciativa como esta que va a fracasar por falta de votos. 

Los amarillos no se pusieron a buscar voluntades ni convencer a nadie, sino a mirar más acciones de los de al lado. Con el mapa posible del naufragio de esta iniciativa, se podría optar por mantener la bandera electoral de no subir impuestos y no acompañar. Con ganancias, por ejemplo, quedaron mal parados ante la sociedad y volver a hacerlo, en este caso con el agro, no sonó atractivo. Pero la definición dependerá del gobierno y si capacidad para negociar. 

En el PRO reconocen que, de haber ganado las elecciones, hubieran implementado un plan muy parecido al actual, por eso la dificultad para sentar posición. El texto complicado por Federico Sturzzenegger fue pensado para Patricia Bullrich y Javier Milei lo aceptó casi tal cual. Durante dos años, trabajó para identificar leyes y regulaciones para derogar pero, como economista ortodoxo, se colaron algunos conceptos mal implementados que pasaron a ser cuestionados.