Los seis diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) que fueron al penal de Ezeiza a reunirse con represores de la última dictadura cívico militar serán citados al plenario de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y Asuntos Constitucionales la semana que viene. Esto lo definió el plenario de las dos comisiones que se realizó este martes, en el que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y los Trabajadores presionaron para que se conforme una comisión investigadora. Esta posibilidad se presenta diluída, tras una jornada que fue comandada por el PRO, que tomó el rol de cruzarse con la oposición más dura.
La diputada del PRO Silvia Lospennato argumentó que la comisión que preside, Peticiones, Poderes y Reglamento, solo podía dictaminar un proyecto para que se conforme una comisión investigadora y que, ya en el recinto, ahí se pueda armar. De esta manera, la legisladora macrista citará a Beltrán Benedit, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, Rocío Bonacci, Guillermo Montenegro, y María Fernanda Araujo.
"Voy a cursar una invitación para que vengan personalmente, o si pueden hacerlo, por escrito y puedan hacer su descargo o lo que consideren pertinente. Si algún otro diputado se sintió aludido, mencionado, aparece en algún chat y quiere venir, puede hacer uso de la palabra", remarcó.
Esto último, en relación con los otros diputados nacionales de LLA que figuran en los chats de Whatsapp publicados por Arrieta - que estuvo en el tour de genocidas y se desmarcó de sus ex compañeros de bancada- y que revelaron una intención de impulsar un proyecto para aliviarle las condenas a los represores.
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También tiró por la borda una de las estrategias de Unión por la Patria, que pretendía que comparezcan los 16 diputados de LLA que figuraban en el chat, no solo los seis que asistieron. La diputada nacional Vanesa Siley también propuso adjuntar un "pliego de pruebas" que probaban la existencia de un "plan de impunidad".
El socialista de Encuentro Federal Esteban Paulón había pedido que se cite a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para determinar su responsabilidad, habida cuenta de que el Servicio Penitenciario Federal está bajo la órbita de su cartera y fue mencionada por Benedit en los chats. Siley también lo propuso, pero también sumó al secretario Privado de la Presidencia de la Cámara, Sharif Menem, el juez de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, y al ex camarista Eduardo Riggi
A la defensa férrea de Lospenatto, se le sumó la de su par Silvana Guidice que negó una "conspiración" en la que Bullrich estuviera involucrada. La diputada de Creo, Paula Omoedo, aliada al oficialismo, afirmó que Unión por la Patria y la izquierda "no quieren el repudio".
"¿Estuviste comiendo entraña?", le espetó el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, a Lospenatto, aludiendo al menú de las recientes reuniones entre Milei y Mauricio Macri, donde se comenzaron a digitar los acercamientos legislativos entre LLA y el PRO. El jefe de bloque expresó su rechazola posibilidad de un "repudio light". "A muchos les gusta hablar de cuestiones reglamentarias, pero no sobre las posiciones políticas", acotó Paula Penacca, aludiendo a la titular de la comisión.
Por su parte, el diputado nacional del FIT Christian Castillo pidió que en la comisión estén presentes organismos de derechos humanos. "Porque no es lo mismo venir acá a un debate entre diputados y mirar a la cara a los hijos de las madres que fueron arrojadas y los que fueron toturados por (el represor Alfredo) Astiz. El otro día decían que había que investigar y ahora piden que no se investigue", lanzó, apuntandole a Giudice y Omoedo.
De los seis diputados que fueron al penal de Ezeiza, solo Arrieta estuvo un instante. Acompañada de su abogado, se sentó, primero, sola y luego se acercó a los dos legisladores del MID, Eduardo Falcone y Oscar Zago. Cuando comenzó a hablar el jefe de la bancada de LLA, Gabriel Bornoroni, se retiró.
Bornoroni fue el único oficialista que hizo uso de la palabra el el plenario de comisión. "Se está montando un circo político", dijo, leyendo, el cordobés, que sostuvo que su bloque se puso a disposición y que el pedido de sanción o expulsión es "llevar a una esfera que no corresponde" que puede "dejar antecedentes muy peligrosos para esta Cámara".
El derecho a defensa de los seis que participaron del tour de genocidas fue propuesta por el radical Fernando Carbajal, aunque contaba con el aval de los otros bloques. Desde el PRO estimaban que el peronismo no tenía los números para llevar al recinto la conformación de una comisión investigadora. El escenario avizora que se está más cerca de un apercibimiento que de una expulsión, como había promovido inicialmente Unión por la Patria.
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