Este martes la reforma a la ley de alquileres que la semana pasada aprobó la Cámara de Diputados comenzará a ser discutida en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Mientras que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomará hoy el proceso que se sigue a los miembros de la Corte Suprema, con una nueva citación al exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. De no asistir podría ser intimado a concurrir con intervención de un juez.
En este marco, en el Senado, si bien en principio el debate por la ley de alquileres había sido convocado para mañana, los legisladores de las principales fuerzas políticas acordaron adelantar el tratamiento para hoy. Así, la comisión de Legislación General, que será la cabecera en el debate del proyecto, se reunirá a las 17 para constituirse y designar autoridades y luego se unirán los miembros de la comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce Ricardo Guerra.
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La iniciativa que reforma la norma aprobada en 2019 a instancias del por entonces bloque de Cambiemos establece que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzca de tres a dos años, con una actualización que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, con un sistema de actualización acordado entre las partes.
En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el último miércoles por 125 votos aportados por la mayoría de las bancadas opositoras, a excepción de la Izquierda y de los legisladores libertarios.
La iniciativa, que fue considerada en el marco de una sesión especial que duró cerca de cuatro horas, deja sin efecto la actualización anual de los contratos y el indicador que rige en la actualidad, que es un mix que promedia la evolución del IPC y el índice de variación salarial, que es realizado por el Banco Central.
El proyecto fue rechazado por 112 diputados, de los cuales 99 fueron aportados por el Frente de Todos (FdT), 4 por la izquierda, 3 libertarios y 2 del interbloque Federal; mientras que 3 legisladores se abstuvieron de votar (2 socialistas y una legisladora del FdT).
Juicio político
En tanto, en Diputados, la Comisión de Juicio Político convocó la reunión para las 13 luego de haberla suspendido la semana pasada por la ausencia de varios diputados por el fin de semana largo. La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), fue ls encargada de la convocatoria.
Además de D'Alessandro, que afronta su tercera citación, la comisión convocó a Miguel Federico de Lorenzo, secretario de Jurisprudencia de la Corte Suprema, y a Gabriel Astarloa, procurador general de la Ciudad. Hasta ahora, según fuentes parlamentarias, ninguno de los convocados se comunicó con las autoridades de la comisión para justificar su ausencia, con lo cual estiman que asistirán.
Al hacer referencia a ese proceso, el presidente del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, consideró que esa comisión "está haciendo las cosas bien" y dijo que "no hay ningún estudio técnico que justifique el índice de la coparticipación que se ha establecido para la Ciudad", a la vez que señaló que Sergio Robles, colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, "hizo un papelón" semanas atrás al comparecer ante los legisladores.
En declaraciones a Diputados TV, Martínez puso de relieve además que "está claro que había una relación promiscua entre D' Alessandro y Robles, mano derecha de Rosatti, que vino acá e hizo un papelón, le hizo un perjuicio enorme" al presidente de la Corte.
En la última reunión, y ante una nueva ausencia de D'Alessandro, el oficialismo propuso que se adopte "la misma tesitura que tomamos con los otros testigos, citándolo nuevamente para la próxima reunión, bajo apercibimiento de darle conocimiento al juez competente", debido a que, de no asistir, se trataría del tercer rechazo.
Gaillard recordó que esa misma situación se había dado con Aldo Tonón, exdirector de la obra social de los trabajadores judiciales, quien compareció ante ese cuerpo en mayo pasado, luego de que un juez le notificara que debía presentarse a declarar, tras haber sido citado en tres oportunidades.
En el oficialismo sospechan que D'Alessandro habría intercambiado chats a través de WhatsApp con Robles, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
En la última reunión de la comisión, que se desarrolló sin la presencia de la oposición, que denunció la existencia de "nuevas irregularidades vinculadas con la citación de testigos", se aprobó además un pedido para solicitar a la Corte Suprema sanciones a Robles, el principal asesor no letrado de Rosatti, y quien concurrió semanas atrás a la comisión pero se negó a contestar la mayoría de las preguntas, por lo que el oficialismo lo calificó como "reticente a aportar información" y pidió que se lo sancionara.
En relación a la reunión de hoy, la diputada oficialista María Rosa Martínez señaló que "la comisión tiene un rol muy activo vinculado al tema de coparticipación" y que desde el Frente de Todos están "en el tramo final de dictaminar sobre las causas de este juicio político que fueron numerosas".
"Teníamos la idea de que el Poder Judicial es patriarcal y no nos da bolilla con las cuestiones de género o de abusos sobre la niñez; pero fue más allá, me encontré con cortesanos que abiertamente infringen la ley", agregó la legisladora en declaraciones a DiputadosTV.
Para la diputada por la provincia de Buenos Aires, "todo lo que se hizo hasta ahora sirvió para que la ciudadanía pudiera ir haciendo esa misma lectura; y a que otros puedan decir cómo otro Poder está juzgando a la Corte y ver que no es intachable".
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