Referentes de organismos de derechos humanos y diputados opositores avanzaron en la idea de expulsar de la Cámara baja a los seis integrantes del bloque de La Libertad Avanza que días atrás visitaron a genocidas en las cárceles y proponen que terminen sus condenas en prisión domiciliaria. "Esa visita es un delito político", sostuvo Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, invitada a exponer. El tema promete elevar la temperatura del inicio de la sesión prevista para el miércoles, la primera luego del receso invernal.
Al mismo tiempo, también por Diputados, ingresó el proyecto del Ministerio de Defensa que propone modificar la ley de Seguridad Interior para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante actos "terroristas", toda una provocación. Se le suma a las propuestas oficialistas de los últimos días de baja de la edad de imputabilidad a los 13 años y al decreto que otorgó 100 mil millones de pesos de gastos reservados a la Side, que hasta a la oposición diloguista le resultó intolerable. En medio de esta ofensiva en cuestiones de seguridad y organismos de inteligencia se conoció el asesinato de Susana Montoya, viuda de Ricardo Fermín Albareda, torturado y desaparecido por patotas de la policía de Córdoba en 1979.
"La convocatoria es para que hagamos una evaluación de la situación de los derechos humanos en nuestro país hoy", explicó el diputado de Unión por la Patria y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, en el inicio del encuentro al que fueron invitados dirigentes de los organismo. Originalmente, era para analizar la visita a represores que realizó un grupo de diputados libertarios -Beltrán Benedit, Rocío Bonacci, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo- tres semanas atrás, pero luego se le añadieron preocupaciones extra. "No podemos dejar que este gobierno inhumano siga avanzando, destruyendo y tirando por tierra todo lo que hemos logrado", subrayó Taty Almeida.
La dirigente de Madres evaluó que la visita de los diputados a los genocidas era algo así como "un delito político" por lo que los diputados deberían resolver políticamente que ese grupo de legisladores libertarios no podían seguir representando al pueblo, separándolos de la Cámara. La nieta recuperada y legisladora porteña Victoria Montenegro pidió también avanzar con pedidos de informe para conocer cuál fue el rol de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a cargo del Servicio Penitenciario. "Buscan repetir la historia", alertó. La cuestión será planteada este miércoles, en la vuelta de las sesiones en el recinto de Diputados.
La sesión de este miércoles 7 fue convocada por el oficialismo para tratar temas vinculados a seguridad aunque en los que no habría mayores discrepancias. Uno prevé la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual y el otro establece la regularización de armas de fuego, una especie de "blanqueo" de armas que también recibió cuestionamientos. Pero se aguarda que las discusiones más fuertes ocurran en la previa: imaginan que se irán unas cuantas horas entre cuestiones de privilegio y pedidos de apartamiento del reglamento.
No sólo figurará en la lista la visita a los represores. La oposición dialoguista -o al menos buena parte de ella- aún no digiere el DNU por el que le otorgaron a la reflotada Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) la friolera de 100 mil millones de pesos en gastos reservados y quieren que se discuta en el recinto. Es muy probable que se haga en la próxima sesión porque son muchos legisladores los que quieren derogarlo -podría convertirse en el primer decreto rechazado por el Congreso, dado que el 70/2023 sólo lo rechazó el Senado y sigue vigente-, pero es de imaginar que habrá diputados que se anticipen y abran la discusión este miércoles.
El vocero Manuel Adorni anunció la semana pasada el envío al Congreso de un proyecto para modificar el artículo 27 de la ley de Seguridad Interior y habilitar la participación de los militares frente a actos terroristas. La iniciativa contempla que “las Fuerzas Armadas actúen en caso de acciones terroristas que tengan por fin aterrorizar a la población, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio”. Cuando lo anunció Adorni, la propuesta fue replicada por medios paraoficialistas y el habitual enjambre de trolls que difunden las ideas del gobierno de Javier Milei. Eso da la idea de que es una iniciativa que quieren amplificar en el marco de la "batalla cultural" que se proponen contra las ideas progresistas.
Con todo, ayer, en el encuentro realizado en Diputados, se planteó la preocupación por este proyecto y la necesidad de salir al cruce de esta avanzada oficial. Este fin de semana, se conoció en Córdoba el asesinato a golpes y cuchillazos de Susana Beatriz Montoya, de 74 años, viuda del militante desaparecido Ricardo Albareda y madre de Fernando Albareda, integrante de la Agrupación HIJOS y empleado de la Secretaría de Derechos Humanos. Fernando -quien reveló que desde hacía años tanto él como su madre vivían amenazados- encontró el cadáver de Susana y una inscripción en una pared de su casa: "Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos", escrito con lápiz labial. Todo esto está ocurriendo al mismo tiempo.
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