La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley "Alcohol Cero" que reforma la Ley de Tránsito para reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir. El expediente, que pasó al Senado, fue aprobado por 193 votos a favor, 19 negativos y 4 abstenciones. Además, se aprobó el expediente que reconoce a la Lengua de Señas Argentina como lenguaje natural y originario.
El titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, celebró la aprobación de la iniciativa de "Alcohol Cero" y aseguró que "es fundamental para tener un país más seguro en materia de seguridad vial”. Y le envió un mensaje a los legisladores al destacar "su compromiso con la vida y con todos los familiares de víctimas de tránsito y distintas fundaciones y asociaciones por el esfuerzo y acompañamiento para lograr este avance tan importante en el Congreso”.
En el inicio del tratamiento del proyecto de "Alcohol Cero", el presidente de la comisión de Transporte, Jorge Rizzotti (Unión Cívica Radical), señaló que la iniciativa "no tiene que ver con la prohibición no de beber sino de no conducir cuando se ha consumido alcohol". Para el diputado jujeño, "esta legislación intenta un cambio cultural, pretende luchar contra la violencia vial y configurar una práctica de conciencia y responsabilidad ciudadana. En términos andinos, 'el buen vivir': el tránsito de la vida con respeto por uno mismo, los otros y la madre tierra".
"Familiares y organizaciones expusieron sus trágicas historias de muerte evitables como resultado del manejo de conductores ebrios. Hay demasiadas familias que han perdido a sus seres queridos por automovilistas que conducen en estado de ebriedad", remarcó el miembro informante del proyecto, que consideró que este expediente es "producto del esfuerzo que hicieron quienes están en los balcones, la movilización y compromiso de muchas ONGs que hoy nos acompañan".
Por el Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez observó que “esta es una ley que construye derechos para las víctimas basada en evidencia y que tiene una finalidad clara y directa, mejorar la seguridad vial en Argentina, por eso retiramos el alcohol del volante de los argentinos”.
A su turno, el diputado de Identidad Bonaerense y ex ministro de transporte Florencio Randazzo señaló que “la ley de alcohol cero es muy sencilla, hay un solo interés a defender que es la vida", y agregó: "Por eso celebro la media sanción de esta ley para que finalmente esto redunde en mejor seguridad vial en la Argentina”.
En contraposición, la diputada nacional de la UCR por Mendoza Jimena Latorre opinó que “abordar un tema tan serio y sensible sin la responsabilidad del caso nos hace caer en la demagogia, en la mezquindad de utilizar demandas sociales legítimas para levantar slogans pero no para cumplir con nuestro trabajo que es legislar sancionando leyes que sean herramientas de transformación de esas realidades, y que sean soluciones a esas demandas sociales”. Protestó al asegurar que “es demagogia cambiar la tolerancia del alcohol en sangre permitida para conducir, sin cambiar las sanciones para el que infrinja tal tolerancia" y añadió que "es prohibir sin posibilidad de castigar”. Durante el trabajo en comisiones, la mayoría de los legisladores de Mendoza se manifestaron en contra del expediente. En la votación, siete de los diez senadores de esa provincia votaron en contra.
En la misma línea, el diputado de Avanza Libertad José Luís Espert descreyó del proyecto, señalando que es una norma "muy acotada, no hay un cambio sustantivo". En ese marco, indicó: “Estamos hablando de una ley que va a bajar el máximo del alcohol en sangre a 0.0 para conductores particulares, en rutas nacionales o de jurisdicción federal. Se necesita más educación vial”.
A su turno, el legislador de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy expresó su desacuerdo con el proyecto."Creo que no fuimos donde esta la clave del problema: en las penalidades, en la gestión y en la educación vial. Esta legislación no pone los énfasis donde deberían estar", opinó.
La actual Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5 gramos) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores hasta 200 miligramos (0,2 gramos); y para transporte de pasajeros de menores de edad y de carga, alcohol cero.
La "tolerancia cero" con el alcohol ya se implementa en siete provincias y 13 localidades del país, donde se obtuvieron mejores resultados en términos de siniestros viales que con la normativa actual. En tanto, en la provincia de Buenos Aires resta que la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa impulsada por el gobernador Axel Kicillof que ya recibió media sanción del Senado provincial a fines de octubre.
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Lenguaje de señas
En la jornada de hoy, la Cámara baja sancionó el proyecto que reconoce a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como lenguaje natural y originario en todo el territorio nacional y destaca la importancia de su preservación y difusión como parte del patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad.
La iniciativa fue enviada al Senado, tras los 229 votos aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Interbloque Federal, Provincias Unidas, Movimiento Popular Neuquino, Ser, Frente de Izquierda, la Libertad Avanza y Avanza la Libertad. El dictamen que se debatió en el recinto se diseñó en base a los proyectos impulsados por los diputados del oficialismo Lucia Masin y Leonardo Grosso y el radical Julio Cobos.
Al abrir el debate de la iniciativa, el diputado de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giácomo, presidente de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, destacó que se trata de "una lengua particular visogestual" y puso de relieve que "las áreas del lenguaje se activan escuchando y a los niños sordos no les llega información", al sostener que la lengua de señas "tiene que estar oficializada y se pueda reproducir a partir de la propia comunidad sorda".
"No sólo no son discapacitados sino que aprenden dos idiomas, el materno y el de señas", aseguró el legislador, quien afirmó que "esta ley apunta al reconocimiento de la lengua de señas para eliminar barreras comunicacionales y otorgar visibilización en un medio de comunicación no verbal para poner en pie de igualdad a las personas sordas con el resto de las personas".
En el cierre del debate, Grosso habló en lenguaje de señas en el inicio de su discurso y señaló que lo que están "sintiendo los diputados en este momento sienten todos los días los miembros de la comunidad sorda cuando no se puede usar la lengua de señas, cuando no garantiza el Estado la accesibilidad".
Grosso resaltó el acuerdo alcanzado entre todos los bloques y señaló que "no es una ley que nace de un partido político, sino que nace de la comunidad sorda organizada en nuestro país y que llega al Congreso por el impulso de ellos".
La sesión contó con la presencia de miembros de la Confederación Argentina de Sordos, que observaron el debate desde el recinto y pudieron seguir las alternativas gracias a la intérprete de lengua de señas que siempre está presente en todas las deliberaciones del cuerpo legislativo. Además, los diputados colocaron pañuelos azules en sus bancas con inscripción "Lengua de Señas Argentinas".
El reclamo histórico de la Confederación Argentina de Sordos tuvo su correlato también con una campaña de recolección de firmas lanzada a través de la plataforma de Change (www.change.org/LeyLSA) en la que lleva reunidas más de 130.000 adhesiones en reclamo de la ley.
El proyecto tiene por objeto reconocer a la LSA como una lengua natural y originaria, que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas, y que garantiza su participación e inclusión plena, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en ese lenguaje.
El dictamen señala que se entiende a la lengua de señas como aquella que se transmite en la modalidad visoespacial y explica que la LSA posee una estructura gramatical completa, compleja y distinta del castellano.
"Al ser visual, la LSA es completamente accesible desde el punto de vista perceptual para las personas sordas, como así también para todas las personas que, por cualquier motivo, elijan utilizar la LSA para comunicarse, transmitir sus deseos e intereses, informarse, defender sus derechos y construir una identidad lingüística y cultural positiva que les permita participar y trascender plenamente en todos los aspectos de la vida social", sostiene el dictamen.
También establece que serán organismos de legítima consulta sobre la LSA aquellas organizaciones constituidas íntegramente por personas sordas que las representen en todo el territorio de la República Argentina y que se encuentren oficialmente constituidas e inscriptas con reconocimiento de los Estados nacional, provincial y municipal.
El proyecto además faculta al Gobierno Nacional a fomentar el uso de la LSA de todas las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua, con el objetivo de tener una accesibilidad efectiva y plena a la vida social; eliminar barreras comunicacionales y actitudinales, a fin de facilitar el acceso a la comunicación e información.
Otros proyectos
Además, la Cámara de Diputados aprobó otros proyectos. Uno de ellos, establece el traspaso del Estado Nacional a la provincia de Córdoba del predio que ocupa el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex centro clandestino de detención La Perla, ubicado en el departamento Santa María de Córdoba.
El plenario legislativo aprobó, por 210 votos a favor y 3 en contra, el pasee de este terreno donde funcionó La Perla, en una votación conjunta con la transferencia de otros terrenos del Estado Nacional a otras provincias o municipalidades. La iniciativa girada al Senado fue presentada por el presidente de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, y la exlegisladora y actual senadora Alejandra Vigo.
La Perla fue un sangriento centro de detención clandestino que funcionó en la dictadura cívico militar bajo la conducción del III Cuerpo de Ejército, a cargo del entonces general Luciano Benjamín Menéndez y se estima que fue uno de los más grandes que hubo en el interior del país y que allí estuvieron detenidos unos 3.000 militantes políticos.
Por otra parte, Diputados aprobó la transferencia de terrenos del Estado Nacional a la localidad santacruceña de Río Turbio, departamento de Güer Aike, a la ciudades entrerrianas de Paraná y de Gualeguaychú, y un inmueble ubicado en la ciudad de Buenos Aires a la Universidad Nacional del Comahue.
Con información de Télam
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