A las 10 de la mañana, el plenario de comisiones de la Banca de la Mujer, Justicia y Salud comenzó con las exposiciones de cara a la discusión del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional. Fueron 20 oradores, diez a favor y diez en contra, divididos en dos tandas de tres horas cada una. El miércoles a la misma hora habrá una jornada similar y esperan firmar dictamen de mayoría el jueves para llevar la iniciativa al recinto el 29 de diciembre.
Al igual que en Diputados, el debate fue abierto por los ministros de Salud, Ginés González García, y de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y por la Secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. Los tres funcionarios del Poder Ejecutivo designados para defender el proyecto ante los legisladores.
Expertos en derecho plantearon hoy sus diferencias respecto a la constitucionalidad del proyecto de ley que prevé la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Además disertaron sobre si se debe proteger o no la vida desde la concepción. También fueron ejes de la jornada la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y la mortalidad de las mujeres por el ejercicio del aborto inseguro.
El primero de los expositores, el profesor de derecho constitucional Pablo Garat, consideró que esta iniciativa "tiene que pasar el test de constitucionalidad", afirmó que "todo nuestro orden constitucional se apoya en el interés del niño, que aparece ausente en los debates" y dijo que Argentina aún "debe aclarar" su posición respecto a si "se es niño desde la concepción".
El exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra declaró que "no hay ninguna regla constitucional que obligue a penalizar el aborto", sostuvo que quienes se oponen a la práctica "personifican u humanizan al proyecto de vida" y remarcó que "el embrión no es una persona ya nacida" y "el derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer" ya que "la vida necesita un desarrollo para nacer".
Ursula Basset, especialista en derecho de familia, afirmó que "nuestra Constitución protege la vida desde la concepción", señaló que el Estado "debe ofrecer opciones" a la mujer gestante que no desee la maternidad, como la adopción, y consideró que este proyecto "da derecho a abortar pero no a decidir". "Lo peor de todo son las discriminaciones invisibles. No está regulado pensando en las mujeres y se criminaliza a los médicos en desacuerdo con la práctica", dijo la abogada.
Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional, aseguró que "no hay ningún tipo de incompatibilidad" entre el proyecto de ley en discusión y la Convención sobre los Derechos del Niño" sino que "por el contrario, con esta iniciativa se está honrando el derecho a la vida de las niñas, niños y adolescentes".
En tanto, para el abogado Alberto Bianchi, doctor en derecho de UBA, la ley se contrapone en el orden constitucional y con el Código Civil y Comercial, que entienden que hay vida humana desde el momento de la concepción y cuestionó que la ley "pase de despenalizar a la mujer que aborta a penalizar a los médicos que se oponen".
Por su parte Gala Díaz langou, directora de protección social de Cippec, consideró que la iniciativa "puede saldar una deuda y, a la vez, contribuir al desarrollo con equidad" y advirtió que "la criminalización repercute sobre las trayectorias vitales de las personas y afecta a las mujeres más pobres". En tanto, María Elena Critto, socióloga, señaló que "hay muchos mitos respecto al aborto" como el hecho de que "la muerte por aborto es la principal causa de muerte materna" en el país o la idea de que "la legalización del aborto reduce la mortalidad".
Finalmente, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, hizo hincapié en el hecho de que la penalización del aborto conlleva "maltratos y discriminación", mientras que Luciana Sánchez, abogada penalista, se refirió a la cantidad de mujeres de bajos recursos en peligro por no poder acceder al misoprostol, el medicamento utilizado para la interrupción del embarazo. Télam.
Los expositores
Este martes fueron convocados para el primer bloque, de 10 a 13, Pablo Garat, Profesor de Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la UCA; Ricardo Gil Lavedra, abogado e integrante del tribunal que en 1985 realizó el Juicio a las Juntas; Úrsula Cristina Basset, profesora titular en Derecho de Familia; Alejandro Osio, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Pampa, Especialista en Derechos Humanos; y María Cristina Álvarez Traviesa, Magister en Ciencias Políticas, especialista en Políticas Públicas para la infancia.
Además, disertaron Gala Diaz Langou, directora de Protección Social en Cippec; María Elena Critto, Socióloga; Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; Alberto Bianchi, abogado penalista, y Luciana Sánchez, abogada penalista y fundadora de la línea "Más información menos riesgos" iniciativa del grupo "Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto".
De 15 a 18 expusieron Edgardo Young, especialista en fertilización asistida; Aida Kemelmajer de Carlucci, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y de Córdoba; Alfredo Vitolo, abogado constitucionalista; Melisa García, abogada feminista; Débora Rainieri, abogada e investigadora de UCA y UBA; Natalia Gherardi, abogada y directora ejecutiva de ELA, y María Inés Franck, licenciada en Ciencias Políticas y abogada, miembro del Centro de Bioética, Persona y Familia.
También fueron convocados Marta Lamas Encabo, antropóloga y catedrática del Instituto tecnológico autónomo de México (ITAM); Santiago Alfonso, doctor de derecho y abogado por la UBA, y Susana Chiarotti, abogada argentina de prolongada trayectoria internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Cada uno habló por siete minutos y respondieron preguntas de los senadores en tres minutos.
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