Carlos Stornelli apeló su apartamiento y pretende ser el fiscal de un caso clave de espionaje

El fiscal Carlos Stornelli, el mismo que esquivó durante 8 meses un llamado a indagatoria en 2019 escudado en sus fueros, pidió ser querellante en una causa por un interés personal y ahora pretende ser el representante del Ministerio Público Fiscal en ese mismo expediente.

Stornelli apeló el martes la decisión que había tomado ese mismo día el juez Marcelo Martínez de Giorgi de apartarlo del caso de espionaje ilegal que involucra al expolicía devenido en periodista Ariel Zanchetta. “El fallo que vengo a recurrir es de una gravedad institucional inusitada y extrema”, criticó y lo calificó de “inédito” y “atropello”. La insistencia del fiscal para intervenir a pesar del conflicto evidente en el que está inmerso revela la importancia política del expediente. Ahora la Cámara Federal porteña definirá si confirma la decisión de Martínez de Giorgi o la revoca y Stornelli sigue en el caso.

Atento a lo que está en juego, Stornelli le dijo a la Cámara: “No me considero incurso en ninguna de las causales objetivas de excusación y recusación contempladas en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, ni tampoco se halla afectado mi ánimo actual o mi capacidad de cumplir con objetividad mi rol en estos autos”.

Es de esperar que la cámara le corra vista al Fiscal General ante ese tribunal, José Luis Agüero Itrube, quien tiene la potestad de no sostener la apelación de Stornelli y así dejar firme lo resuelto por el juez de primera instancia.

La apelación que parece una declaración de guerra

El martes Martínez de Giorgi había decidido correr a Stornelli del caso porque antes de ser designado como acusador público en ese expediente se había presentado como pretenso querellante. Señaló que “el rol de querellante pretendido por el Dr. Stornelli resulta incompatible con la función de titular de la acción penal recientemente asignada a la Fiscalía a su cargo, contradicción que podría implicar una afectación al principio de imparcialidad en su actuación como fiscal en concreto en esta causa”. Stornelli consideraba que había sido víctima del sargento retirado. Según confirmó El Destape, efectivamente había un informe de Zanchetta con datos sobre su familia –su pareja e hijos-, sus bienes y notas publicadas por el expolicía en distintos portales que tuvieron al fiscal por protagonista. Es evidente que hay un interés particular de Stornelli en el proceso.

Para decretar su apartamiento, el juez explicó que Stornelli ya había solicitado ser tenido por querellante “por considerar que en los dispositivos secuestrados al imputado Ariel Zanchetta había, presuntamente, informes de inteligencia vinculados a él”. Este lunes, el fiscal tuvo acceso al material que da cuenta del presunto espionaje en su contra y “sin efectuar mención alguna respecto al interés particular primeramente invocado, solicitó conocer la totalidad del contenido de los dispositivos secuestrados, en ejercicio de su función de representante del Ministerio Público, en reemplazo del Dr. Pollicita”. Es decir, a pesar de tener un interés personal en el caso Stornelli intentó avanzar con su rol de fiscal en la misma causa.

Además, como publicó El Destape, un planteo que realizó Stornelli a finales de octubre en la causa Operación Puf es otra evidencia de que debe apartarse de este expediente de alto volumen político en el que fue designado como acusador público en los últimos días luego de que su colega Gerardo Pollicita se excusara. En aquel caso, que armó la AFI macrista y lo tiene por querellante, pidió que se sume el material producido por Zanchetta contra su persona.

Pero Stornelli se mostró empecinado en ser el fiscal de este caso. Parece un interés más político que jurídico. El mismo martes, el fiscal le respondió a Martínez de Giorgi y apeló su apartamiento, al que definió como arbitrario. El fiscal dijo que el juez “exhibe una palpable parcialidad, a la vez de una determinación totalmente invasiva de la autonomía del Ministerio Público Fiscal”. Entre los cuestionamientos, indicó que la recusación solo la podía plantear alguna de las partes en el proceso pero no él. También aseguró que su objetividad no está en duda.

Stornelli intentó mostrar en su escrito que quien estaría en falta es el juez que lo apartó y no él. Una estrategia que ya utilizó en el caso D’Alessio cuando esquivó 7 llamados a indagatorias y para justificarse atacó al juez Alejo Ramos Padilla, quien lo convocaba a dar explicaciones por sus vínculos con el espía ilegal Marcelo D’Alessio. Por eso no sorprende que este martes Stornelli haya criticado a Martínez de Giorgi y afirmarse que su apartamiento “reviste una extrema gravedad institucional, pues avasalla –quizás como nunca antes se vio- la autonomía del Ministerio Público Fiscal, erigiéndose el juez en una suerte de alzada o superintendencia de los magistrados fiscales, decidiendo, por un imperio que se atribuyó pero que no existe, cuál es el fiscal que debe representar al órgano acusador, y cuál no”.

En su apelación Stornelli remarca que no fue aceptado como querellante como si la sutil diferencia entre haber pedido ser parte interesada y habérsele confirmado esa solicitud sea determinante para poder ser fiscal del caso. La lógica indica que ya el haber pretendido ser querellante lo muestra como parte interesada del proceso. A lo que se suma que aún puede ser aceptado como querellante porque el juez aún no resolvió si lo acepta o no en esa calidad. Para el fiscal el no haber sido aceptado todavía vuelve “abstracto” ese argumento.

A la vez, Stornelli sostiene que Martínez de Giorgi también aparece mencionado en la causa. “Llamativamente, se omite señalar en el fallo que idéntica situación se habría presentado en relación a Vuestra Señoría”, le espetó Stornelli al magistrado. Acto seguido, agrega que no tiene precisiones sobre cuáles son las referencias al juez: “Si bien se desconoce el contenido de tales documentos vinculados a Vuestra Señoría, puesto que pese al requerimiento formal realizado en autos, se vedó a esta parte –también arbitrariamente- el correspondiente acceso a la prueba, lo cierto es que, en todo caso y de atenernos a ese argumento esgrimido en la resolución, la situación de V.S. no distaría de la de quien suscribe”.

Allí hay un punto destacable. No para que Stornelli siga en el caso, sino para que se determine si Martínez de Giorgi debe seguir al frente del expediente. Según pudo reconstruir El Destape, Zanchetta elaboró 1.193 informes sobre dirigentes políticos, jueces, empresarios y otras víctimas. Uno de esos informes es el de Stornelli. Es decir: todo indica que puede ser considerado una víctima en este proceso. Fuentes judiciales aseguran que no hay informes sobre Martínez de Giorgi. Aunque sí está mencionado en algunos archivos, lo mismo que casi la inmensa mayoría de los integrantes de Comodoro Py. Según cómo se interprete esa cuestión, la imparcialidad del juez en esta causa puede ser analizada. Por eso Stornelli le dice al magistrado que “debería ser, en todo caso, Vuestra Señoría quien se inhiba, eventualmente, de entender en este proceso”.

La controversia que busca instalar Stornelli no es ingenua. Pretende a todas luces ser parte de una causa que tiene por eje central tareas de inteligencia ilegal que desde los medios hegemónicos de comunicación buscan adjudicar al kirchnerismo. De hecho se buscó instalar que el jefe de esa supuesta red de inteligencia era el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade y el lunes se conoció que el legislador fue una de las víctimas de Zanchetta.

Tal como publicó este medio, el juez notificó a Tailhade de que Zanchetta había elaborado el “Informe reservado Tailhade”, de 64 páginas. El diputado se hizo eco de ese informe en la red social X (exTwitter): “Martínez de Giorgi me permitió acceder a la data que juntó Zanchetta sobre mí, como el ‘Informe Reservado Tailhade’ de 64 páginas que escribió el 21-9-22, días después de contactarme por primera vez. Allí queda claro que yo no era su jefe. ¿A quién le envió ese informe entonces?”, se preguntó.

A esto se suma que Stornelli pretendía unir este caso al de Operación Puf, causa creada por la AFI macrista para derribar el D’Alessiogate y donde es querellante.

El caso

El espionaje masivo adjudicado a Zanchetta surgió de la causa en que se investiga un presunto espionaje a un grupo de jueces, entre los que se encuentran ministros de la Corte Suprema como el presidente supremo Horacio Rosatti y jueces de Casación y de tribunales de juicio como Mariano Borinsky o Andrés Basso, entre otros. Allí los delitos que se investigan son variados: Rosatti denunció que le sacaron líneas telefónicas a su nombre mientras que Borinsky da cuenta de que intentaron ingresar a su celular vía la técnica del sim swapping. En el marco de ese expediente, Martínez de Giorgio detuvo al expolicía Zanchetta y al hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien reconoció que buscó información sobre algunos de los jueces así como de dirigentes políticos.

A la hora de analizar los dispositivos electrónicos y telefónicos de Zanchetta, el fiscal Gerardo Pollicita dio cuenta de que había algo más que una maniobra contra jueces. Para el fiscal había una red de espionaje ilegal mucho más grande. Zanchetta tenía más de mil informes con información sobre dirigentes políticos, empresarios, deportistas, periodistas y jueces, tomadas de distintas bases de datos y mantenía contacto con tres agentes de la AFI que cumplieron funciones en La Casa desde 1987 a 2017; de 2002 a 2020; y de 1991 a 2016. Es decir, tres agentes históricos, quienes le pedían información por mail sobre diversos “objetivos”. El juez está analizando toda esa información.

Pollicita también apuntó al exintegrante de la AFIP e histórico referente en cuestiones de medios de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez por un hecho puntual que lo vincula a Zanchetta y tuvo por víctima a Victoria Tolosa Paz. Llegó a pedir su detención lo que fue rechazado por Martínez de Giorgi.

Según pudo saber este medio, el expolicía, por ejemplo, también se vinculaba con periodistas de Clarín. Y en 2010, siendo policía, escribía notas en contra del kirchernismo para el Informador Público con pseudónimo. Lo que evidencia la amplitud “temática” del acusado. Desde el entorno legal de Zanchetta rechazan la denuncia en su contra, dicen que los informes que hay en su computadora son producto de su trabajo como periodista y que no tiene ninguna relación con el hacker misionero. Dicen que no lo conoce. Y advierten de que fue amenazado de muerte en el penal en el que está detenido, lo que provocó una presentación judicial. Martínez de Griogi ordenó que se extremen las medidas de seguridad para preservar su integridad.

Por lo pronto, Pollicita dejó el caso que involucra a Zanchetta luego de que se anexara a la causa principal un expediente abierto por una denuncia del exministro de Seguridad y Justicia Marcelo D’Alessandro contra Tailhade que tramitaba en otro juzgado. Pollicita se excusó porque lo hace en toda causa en que aparece involucrado el diputado kirchnerista ya que considera que Tailhade tiene animosidad en su contra y eso le hace perder su objetividad. Así fue que Stornelli pasó a sucederlo, que fue quien imputó a Tailhade en el caso de la denuncia de D’Alessandro.

Tal como publicó este medio desde el momento que estalló el caso que involucra a Zanchetta, el listado de espiados que elaboró Pollicita no permite identificar una terminal política precisa. Aparecen como presuntos espiados desde Sergio Massa a Patricia Bullrich, desde Axel Kicillof hasta Javier Milei, desde Elisa Carrió a Máximo Kirchner. Hay jueces como Sebastián Casanello y Stornelli. También funcionarios macristas como Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y Guillermo junto a kirchneristas como Juan Martín Mena, Sergio Berni y Nicolás Kreplak. Los periodistas espiados van de Roberto Navarro a Luis Novaresio, pasando por Jorge Fontevecchia, Baby Etchecopar, Pablo Duggan y Claudio Savoia. Hay empresarios como Ángel Calcaterra, Marcelo Tinelli y Alfredo Coto. También artistas de todas las ideologías, desde Teresa Parodi a Alfredo Casero. Fueron espiados Daniel Angelici y Juan Sebastián Verón y dirigentes sindicales. Varios de ellos se presentaron ante Martínez de Giorgi y pidieron ser querellantes. El juez resolvió que se le informe qué material había sobre cada pretenso querellante para definir si efectivamente fue espiado como considera Pollicita.

La hipótesis que trabaja el juez del caso es que Zanchetta habría sido un agente de inteligencia inorgánico que se abastecía de fuentes ilegales de información y traficaba lo que reunía con distintos clientes.