En medio de la operación macrista, la Bicameral de Inteligencia respaldó a Moreau

En medio de la operación macrista para desacreditar el trabajo de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia (CBI) -que investiga en el Congreso el espionaje ilegal cambiemita- el plenario de esa comisión parlamentaria se reunió y ratificó por mayoría la legalidad y validez de todos los actos realizados por su presidente, el diputado nacional Leopoldo Moreau. Hubo fuertes cruces con la oposición que este jueves presentó dos denuncias penales contra Moreau en Comodoro Py. Una de ellas está en manos del fiscal procesado Carlos Stornelli.

El plenario de la bicameral de inteligencia se reunió este jueves y ratificó la "legalidad y validez" de todos los actos realizados por el presidente de la comisión y, en particular, "se convalidó lo actuado en relación con el caso de San Nicolás”. Ese punto es clave. Ese caso fue el que detonó la maniobra opositora contra Moreau. Se trata de una causa que tramita en la justicia de San Nicolás en la que se detuvo a dos dirigentes del sindicato de Camioneros y que se abrió por una denuncia de la firma Distribuidora Rey, que está representada legalmente por la abogada Florencia Arietto, exasesora de Patricia Bullrich.

La avanzada contra el presidente de la bicameral de inteligencia se inició luego de que el 10 de mayo pasado el abogado del sindicato de Camioneros, Javier Moral, se presentara ante la CBI y denunciara que en ese expediente contra Camioneros se repite la matriz del caso Gestapo antisindical. Las irregularidades surgen de un legajo fiscal reservado en la que constan escuchan ilegales y hasta la posible intervención de personajes relacionados a los servicios de inteligencia. Moreau se hizo eco de ese planteo y tomó una serie de medidas que provocaron la reacción de la oposición, que incluyó tres denuncias penales. Para el macrismo, el diputado se excedió en sus funciones.

En el comunicado de apoyo a Moreau que se emitió en la Comisión este jueves se resaltó que el actual juez a cargo de la pesquisa de San Nicolás, Román Parodi, “coincidió con el criterio de la comisión parlamentaria respecto de la necesidad de investigar la posible comisión de ilícitos en la sustanciación del legajo fiscal de trámite en el expediente judicial”.

En el encuentro plenario también se apoyó la presentación de la comisión parlamentaria para ser tenida como amicus curiae en una megacausa de espionaje ilegal conocida como de los “Super Mario Bros”, donde se investiga el rol que cumplió la cúpula de la AFI macrista en tareas de inteligencia ilegal llevadas a cabo contra dirigentes políticos, sociales, sindicales, empresarios, periodistas y hasta presos políticos.

Y se allanó el camino para convocar al Congreso a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, tal como viene pidiendo la oposición.

Una reunión tensa

En una reunión que se extendió por casi dos horas y se realizó en el salón Arturo Frondizi del anexo del Senado, la mayoría del oficialismo en la comisión (8 sobre 14 legisladores) votó por ratificar la legalidad y validez de todos los actos que llevó adelante Moreau y la bicameral en general en los últimos dos años y medio.

La oposición, no obstante, cuestionó al presidente de la bicameral parlamentaria. Quienes tomaron la voz crítica fueron los diputados de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, y Gerardo Milman, exsecretario de seguridad interior en el ministerio que conducía Bullrich. Sus planteos estuvieron en sintonía con las operaciones mediáticas y denuncias penales que se realizaron contra Moreau por su rol en el caso de San Nicolás. Lo que sostuvieron desde la oposición fue rechazado por la mayoría de la comisión por improcedente.

Hubo tres puntos en el orden del día. El primero de ellos fue el caso de San Nicolás. Ritondo y Milman sostuvieron que hubo una intencionalidad política de Moreau de meterse en una causa judicial y que se excedió en sus facultades. Quedaron en minoría. La votación la perdieron 8-4 (el radical Alfredo Cornejo no fue de la partida y otro legislador cambiemita dejó el encuentro antes de votar). En pos de ratificar lo actuado por Moreau, desde el oficialismo se le recordó a los opositores el reglamento de la comisión que faculta al presidente a realizar lo que hizo el diputado del FdT.

Según pudo reconstruir este medio, en el marco de los cruces entre legisladores oficialistas y opositores, el diputado Rodolfo Tailhade mencionó que Florencia Arietto –hoy abogada denunciante en el caso de San Nicolás- le dio cuerpo junto al entonces espía de la AFI Alan Ruiz a la causa de Independiente con la que se persiguió a los Moyano durante el macrismo. Justamente, Arietto es una de las que denunció este jueves a Moreau en Comodoro Py.

“Rechazamos enfáticamente las críticas de la oposición. Repasamos el reglamento de la comisión y la denuncia de Camioneros que no solamente se refiere a los hechos de San Nicolás. Menciona en total tres causas en que se verifica el mismo patrón: presencia de servicios de inteligencia, Florencia Arietto impulsando la denuncia y los medios hegemónicos de comunicación haciéndose eco de las operaciones”, indicaron desde la comisión. “En definitiva rechazamos por completo este intento de descalificación de la labor de la comisión”, indicaron.

En defensa del presidente de la bicameral, señalaron que el juez de San Nicolás que recientemente tomó la pesquisa ordenó que se iniciara una causa penal para que se investigue el legajo que Moreau pidió desde la comisión para ver si se violó la Ley Nacional de Inteligencia. Es decir, “coincidió con la posición de la bicameral porque ordenó que se investigue penalmente lo que la comisión quiere investigar en el Parlamento”, agregaron desde el Congreso.

Este jueves, la bicameral de inteligencia también ratificó por mayoría lo actuado por la subcomisión que se creó para seguir el caso Gestapo antisindical. En el marco de esa investigación parlamentaria fueron desfilando por el Congreso directivos de la AFI y espías investigados en ese expediente en que se analiza el armado de causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.

Por otro lado, el oficialismo usufructuó su mayoría para respaldar la presentación de la bicameral de inteligencia como amicus curiae en la causa de los Super Mario Bros. La comisión fue aceptada como tal por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

A su vez, desde la oposición pidieron que se cite al Congreso a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Milman lo solicitó con “carácter de urgente”. Se terminó por resolver su convocatoria pero en día y hora a definir. La cita será con “agenda abierta”.

Milman, que se mostró muy activo, retomó el tema Nisman. En sintonía con las recientes operaciones de los medios hegemónicos pidió que se convoque a declarar a los agentes de inteligencia que se mencionaron en artículos periodísticos como que espiaron a la fiscal Viviana Fein cuando lo que en verdad hicieron fue seguir los movimientos del entonces denunciado exagente Antonio “Jaime” Stiuso. No se hizo lugar al planteo de Milman.

Tres denuncias penales

El sábado pasado, Moreau había advertido que “en los próximos días se pondrá en marcha un operativo de denuncias judiciales con complicidad mediática que tiene como objetivo desacreditar el accionar de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los servicios de Inteligencia que contribuyó a desnudar el plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política más grande de la historia democrática de nuestra patria”. No se equivocó.

Este jueves, el diputado nacional recibió dos denuncias penales en su contra en los tribunales de Comodoro Py. La abogada y exasesora de Patricia Bullrich, Florencia Arietto, junto al empresario Gustavo Rey (los denunciantes de Camioneros en el caso de San Nicolás), acusaron a Moreau de atentado contra la autoridad, violación de los deberes de funcionario público y coacción. La denuncia quedó radicada en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas que este año está de turno con la fiscalía del procesado Carlos Stornelli.

A su vez, desde la Coalición Cívica se realizó una presentación similar en esta misma jornada que quedó radicada en el juzgado federal Nº 2 de Comodoro Py, a cargo de Sebastián Ramos.

Estas denuncias se suman a la presentada el martes contra Moreau también por abuso de autoridad y la violación de los deberes de funcionario público que hizo el denunciador serial relacionado a la oposición, Santiago Dupuy de Lome. Esa primera denuncia, también por el caso San Nicolás, quedó radicada en el juzgado federal Nº 12 del edificio de Retiro.

Al anoticiarse de la denuncia del martes, Moreau tuiteó: “Es la vendetta mafiosa. No soportan que hayamos contribuido a desnudar el plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política más grande de la historia argentina. Ahí está con su amigo Macri. #NuncaMas”. Moreau acompañó el texto con una fotografía de Dupuy de Lome junto a Macri. Las vinculaciones con Macri de sus dos nuevos denunciantes son mucho más explícitas.

La operación

El disparador de la embestida opositora contra Moreau fue el accionar de la comisión bicameral de inteligencia en un caso que tiene a dos integrantes del sindicato de Camioneros detenidos, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, y a otros seis imputados en el marco de una huelga. Se trata de una causa que tramita en la justicia de San Nicolás que se abrió por una denuncia de la firma Distribuidora Rey, que está representada legalmente Arietto, exmano derecha de Patricia Bullrich.

La avanzada contra Moreau se inició luego de que el 10 de mayo pasado el abogado del sindicato de Camioneros, Javier Moral, se presentara ante la bicameral de inteligencia y denunciara que en la causa contra Camioneros se repite la matriz del caso Gestapo antisindical.

Según la denuncia, en la causa –que se inició en febrero de 2021- se encontró un legajo reservado en el que constan transcripciones de escuchas a abogados y clientes, algo prohibido por ley. En el mismo legajo, de acuerdo a la denuncia del gremio, constan intercambios de mensajes entre uno de los miembros de la empresa y un “empleado infiel” del sindicato que le entregó información confidencial de Camioneros a cambio de dinero. A la vez, esta “fuente” lo fue guiando sobre los pasos a seguir en su presentación y hasta le comentó de sus vínculos con periodistas que reportan en medios ultra-opositores. Esa persona que pasa la información, sospechan en Camioneros, podría ser un infiltrado relacionado de alguna manera a los servicios de inteligencia.

En ese marco, la comisión de inteligencia que preside Moreau realizó una serie de pedidos. Eso provocó la reacción de la oposición, que activó la operación contra el presidente de la bicameral parlamentaria.

¿Qué solicitó Moreau desde la CBI que enardeció tanto al macrismo? Lo que requiere en casos similares. Por un lado, pidió copia del expediente a la jueza que estaba al frente de la pesquisa, María Eugenia Maiztegui. Hizo lo propio con la fiscal del caso, María Del Valle Viviani. La fiscal se negó a enviar lo pedido por lo que la comisión se limitó a requerirle el legajo reservado del escándalo. A la par, la bicameral parlamentaria le consultó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) sobre las pinchaduras que hubo en la causa mencionada (la comisión tiene por función "controlar" a la DAJUDECO). Y a la AFI le preguntó si el vendedor de información está relacionado a la agencia.

La reacción opositora fue inmediata. La jueza Maiztegui apenas anoticiada del pedido de la CBI pidió licencia. El 11 de mayo, el periodista de Clarín Daniel Santoro –quien estuvo procesado en una causa de espionaje ilegal junto al espía ilegal Marcelo D’Alessio- publicó: “Denuncian que Leopoldo Moreau buscaría interferir en la causa en que están detenidos dirigentes de Hugo Moyano”. Adelantó que “le harían una denuncia penal por ‘carecer de facultades legales’” para pedir copia del expediente a la jueza de San Nicolás.

El 12 de mayo, Ritondo y Milman, que integran la CBI, le elevaron una nota a Moreau en la que definieron como “unilateral y arbitraria su decisión” de requerirle información a la jueza y a la fiscal del caso. Sostuvieron que lo hizo “sin ostentar representación alguna de esta Comisión”.

El 13 de mayo, el diario La Nación publicó que la Asociación Argentina de Fiscales (AAF) manifestó su preocupación por la situación de la jueza Maiztegui.

Y el 14 de mayo el propio Macri se hizo eco del caso y se solidarizó con la jueza Maiztegui desde su cuenta de Facebook.

Un día después, el 15 de mayo, Arietto tuiteó contra Moreau: “Yo te voy a denunciar por obstrucción de justicia y abuso de autoridad en representación de la familia Rey, dueños de una pyme sanpedrina extorsionada por la mafia sindical de camioneros. Voy a pedir ser querellante. No te tengo miedo ni a vos ni a tus escraches”. Y agregó: “También deberías explicar por qué te arrogarse facultades jurisdiccionales en la comisión y arrancaste confesiones extrajudiciales que luego fueron usadas como escrache en los medios k o para armar causas penales. Te faltó la picana nomás. Se llama apremios ilegales”.

El martes, el juez Román Parodi, que reemplaza a Maiztegui tras su pedido de licencia, ordenó la prisión domiciliaria de los dos gremialistas de Camioneros imputados por extorsión en el caso de San Nicolás. A la par, ordenó que se investigue en una causa aparte si se cometieron delitos de acción pública en el legajo reservado cuestionado por la defensa, y que motivó el accionar de la CBI. Es decir, se expresó en sintonía con lo planteado por Moreau.