La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) denunció este miércoles que efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un "allanamiento ilegal" en una sede que la organización tiene en el barrio porteño de Constitución donde tienen montado un comedor comunitario. "Están allanando ilegalmente buscando una cooperativa que no tiene dirección ahí y no funciona ni funcionó nunca en esta dirección", indicaron desde la UTEP a El Destape.
Según detalló la organización, los efectivos ingresaron a la sede -ubicada en la calle Pedro Echagüe1587- buscando "datos de una cooperativa llamada 'Hilando pueblos", pero desde la organización afirmaron que no funcionó "nunca" en esa dirección. El allanamiento se produjo bajo órdenes del juez Julián Ercolini y desde la organización estiman que es parte de investigaciones en el marco de la causa de presuntas irregularidades en la compra de guardapolvos del ex Ministerio de Desarrollo Social cuando era dirigido por Victoria Tolosa Paz durante la anterior gestión del Ejecutivo. "En el barrio donde los transas están más que tranquilos, la policía y 'la justicia' persigue a una cola de gente esperando que le sirvan el alimento", advirtieron en un comunicado.
"Claramente creemos que esto es un hecho más de intimidación y persecución post San Cayetano", aseguraron desde UTEP. Hace una semana, movimientos sociales, la CGT y las dos CTA realizaron una marcha por San Cayetano que culminó con un acto en Plaza de Mayo, donde los referentes de esos espacios cargaron contra el gobierno de Javier Milei al responsabilizarlo por el "hambre" en el país. "Otro show que se da curiosamente luego de la gran jornada del 7 de agosto. No nos vamos a dejar intimidar por otra muestra de persecución y hostigamiento hacia las organizaciones populares", remarcaron en un comunicado.
En esa línea, la organización repudió el allanamiento al afirmar que en esa sede de Constitución hay "un comedor que tiene para bañarse, peluquería, abogados, psicólogos, atención médica", actividades que debido a la orden judicial ahora están "canceladas". "En el barrio donde los transas están más que tranquilos, la policía y 'la justicia' persigue a una cola de gente esperando que le sirvan el alimento", se quejó la UTEP.
Al respecto, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), perteneciente a UTEP, Nicolás Caropresi, indicó que la orden judicial es parte de una supuesta "malversación de fondos por algunos convenios que tomó la cooperativa (Hilando Pueblos)", la cual -reiteró- "no está en el lugar". "Se pueden llevar en el acta del allanamiento 'no encontramos nada, solo un montón de gente hambrienta esperando a ser servida, lo cual nosotros retrasamos para hacerle este show a Ercolini'", apuntó en diálogo con Futuröck.
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