La provincia de Córdoba superó los graves incendios forestales que azotaron el territorio y se encuentran en plena etapa de reparación de daños. En este marco, la Cámara de Diputados avanzará este martes con un proyecto de ley impulsado por el gobernador Martín Llaryora para aumentar las penas contra quienes cometan este tipo de desastres ambientales, aunque seguirán siendo excarcelables.
La iniciativa, que busca modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal, se trata desde las 16 en la Comisión de Legislación Penal, que preside la cordobesa Laura Rodríguez Machado, y obtendría dictamen favorable con apoyo de todas las fuerzas políticas.
El texto original fue presentado por Ignacio García Aresca, quien responde al gobernador Llaryora, y el democristiano Juan Brügge, quienes plantearon llevar las penas mínimas de tres a cuatro o hasta cinco años (según el caso), pero finalmente se mantendrán como en la actualidad por pedido de Unión por la Patria (UP).
En la negociación con el oficialismo y Rodríguez Machado, el diputado y exministro de Justicia Martín Soria planteó que el castigo era excesivo y, en busca de sellar los votos del kirchnerismo en el recinto, se decidió retocar el proyecto inicial. Por eso, Brügge firmará el dictamen en disidencia junto a su par de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño.
El territorio cordobés registra un total de 69 mil hectáreas quemadas en lo que va del año, de acuerdo a la información del medio local Puntual. De ese número, 47 mil corresponden a las zonas más afectadas en esta última oportunidad: Capilla del Monte, Chancaní y Villa Berna. Desde el inicio de los incendios en la Provincia, once personas fueron detenidas, tres ya fueron condenadas y cuatro permanecen en prisión.
Según el borrador de dictamen, al que accedió La Voz, si hay “peligro común para los bienes”, las penas se mantienen como en la actualidad, de tres a diez años. Mientras que si se provoca un incendio o destrucción de distintas plantaciones o producciones, la mínima se mantiene en tres años, pero la máxima se eleva de los diez actuales a doce.
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Paralelamente, se agravan las sanciones para quienes causen incendios u otros estragos por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia. Actualmente van de un mes a un año de cárcel, y con el proyecto ascienden de seis meses a cuatro años.
Si el hecho intencional causa la muerte inmediata de una persona, se impondrá prisión de ocho a veinte años, y si hubo imprudencia, de dos a seis años. Y si pone en peligro la vida de una persona, tendrá de tres a quince años en el primer caso, y de uno a cinco años en el segundo. Asimismo, se incorporan nuevas penas por lesiones “graves o gravísimas”.
Además, se agregaron penas por daños a “áreas naturales protegidas o con objetivos de conservación, en cualquiera de sus categorías, definidas por las jurisdicciones provinciales, o el Estado Nacional”. En todos los casos, si participan funcionarios públicos, sufrirán inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
Luego de lograr la emergencia ambiental, Llaryora busca un nuevo guiño de Diputados
La modificación del Código Penal es la segunda reacción del Congreso Nacional ante los incendios en las sierras cordobesas, que ya motivaron la declaración de la emergencia nacional por 180 días. A través de esa ley, sancionada por unanimidad el pasado 2 de octubre, el Gobierno nacional debe enviar partidas extraordinarias a la Provincia para atender las consecuencias del fuego.
Contrario a lo que ocurrió en el Senado, donde los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) se abstuvieron, la sanción en la Cámara baja sí contó con el apoyo de la bancada libertaria que encabeza el cordobés Gabriel Bornoroni. De este modo, quedó firme la normativa y no será vetada por el Poder Ejecutivo.
La norma sancionada hace foco en las localidades y en aquellos departamentos afectados por las llamas durante los meses de agosto y septiembre de este año. Frente a esto, Llaryora ejecuta su plan de remediación. Esta semana, el Gobierno provincial realizó la entrega de insumos y aportes a los productores afectados por los incendios de los departamentos Cruz del Eje, Punilla, Colón y Totoral. En total, en las tres localidades se otorgaron elementos por más de $700 millones a quienes sufrieron profundas pérdidas por incendios.
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