El gobierno de Alberto Fernández le restó importancia al fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a Horacio Rodríguez Larreta al ponderar la autonomía de la Ciudad, pese a que la rebeldía del jefe de Gobierno atenta contra la salud de los argentinos en medio de la pandemia. Asimismo, el Poder Ejecutivo defendió el nuevo DNU.
En un comunicado firmado por el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, el Gobierno manifiesta que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia "no resolvió un caso particular y concreto, sino que realiza consideraciones indicativas". Y rescata que ya no se encuentra vigente el decreto cuestionado.
Tras resaltar que se encuentra vigente el DNU 287/2021, el Gobierno detalla que en el último DNU se ha calificado los distintos partidos, departamentos y aglomerados urbanos en Alto, Mediano o Bajo riesgo epidemiológico y sanitario, o en Alerta Epidemiológica y Sanitaria. "En esta última clasificación se incluye a la Ciudad de Buenos Aires y a los partidos de la provincia de Buenos Aires que conforman el aglomerado del AMBA", apunta.
Destacan, también, que dicho DNU "explica con claridad los motivos por los cuales se adoptan las medidas allí dispuestas y se encuentra plenamente vigente". Y deja una cuestión en claro sobre el reciente decreto: "Se trata de una norma federal que no ha sido cuestionada judicialmente por el GCBA". Esto, en referencia al gobierno porteño que conduce Horacio Rodríguez Larreta.
El gobierno nacional vuelve a ratificar que, en los próximos días, enviará al Congreso, para su consideración, una ley marco para regular la gestión de esta gravísima pandemia por parte del Gobierno Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí se establecerán parámetros para cierres de actividades.
En el párrafo más duro contra la Corte, el Gobierno afirma: "El gobierno nacional fue elegido en elecciones democráticas, en el marco del Estado de Derecho, para adoptar las medidas que considera pertinentes para proteger la salud pública y la vida de las personas, así como la oportunidad, mérito y conveniencia de las mismas, en el marco de una pandemia producida por un virus que no reconoce límites políticos y que el año pasado, desde el AMBA, se extendió a todo el país".
Mostrando resultados de la medida adoptada, sostiene que valió la pena ese decreto de dos semanas de cierres: "Se verificó con la disminución de la curva de contagios en el AMBA, y en forma más marcada esta disminución se verifica en la provincia de Buenos Aires. En cambio, resulta contra fáctico y no puede verificarse qué hubiera sucedido si el Gobierno Nacional no hubiera adoptado medidas a tiempo, ante la pasividad del GCBA", afirma.
Por último, destaca: "También el GCBA ha demostrado que ha constatado y comprendido, al menos en parte, la utilidad de las medidas dispuestas, en atención a las últimas disposiciones que implementó y que implican una reducción de la presencialidad en la actividad educativa y, por lo tanto, de circulación de personas, en el marco de la segunda ola de Covid-19".
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