El bloque de Legisladores y legisladoras del Frente de Todos decidió reunirse de manera virtual con distintos familiares de las víctimas de la tragedia de Iron Mountain. Al cumplirse cinco años de lo sucedido, un fallo reciente de la Cámara de Casación Penal habilitó a que los familiares de las diez víctimas que murieron en el incendio del depósito de Barracas el 5 de febrero de 2014 puedan ser querellantes en la causa.
Los familiares celebraron la posibilidad de que les da la justicia de llevar a juicio a los responsables y expresaron sus sensaciones. “Para la fiscal y para nosotros no hay dudas de que el incendio fue intencional. Esta noticia nos da esperanza porque queremos que nos den explicaciones los responsables”, manifestaron.
Hasta el momento el gobierno de la Ciudad, no presentó en la causa el expediente de habilitación que tenía el deposito. Al respecto, Juan Manuel Valdés, legislador porteño, destacó el proyecto de creación de una comisión investigadora en la legislatura, los distintos proyectos y pedidos de informes de los legisladores del bloque sobre las habilitaciones del depósito que se encuentran en la Legislatura Porteña para esclarecer el hecho.
Al mismo tiempo, el hombre del FdT agregó: "Reafirmamos nuestro compromiso con los familiares de las víctimas y los acompañamos en su búsqueda de la verdad y la justicia". Participaron del encuentro los legisladores porteños: Juan Manuel Valdés, Claudio Ferreño, Matías Barroetaveña y Laura Velasco; los diputados nacionales Mara Brawer e Itai Hagman; y Alberto Toro, funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación.
A cinco años de la tragedia
Recordemos que el hecho sucedido durante el 2014, donde se incendió un depósito de Iron Mountain, se llevó la vida de 10 personas, ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil. A pesar del tiempo transcurrido, los distintos familiares no tienen ninguna respuesta con respecto al tema. Aún así, la Comisión Nacional de Valores develó que el incendio no fue un accidente.
En tres peritajes diferentes se dejó en claro que el incendio fue intencional y durante la investigación del Juzgado en lo Comercial y Correccional Nro. 18, se procesó a 12 funcionarios porteños, cuatro directivos de Iron Mountain y a un responsable de la seguridad. Por ahora, sólo se trabaron embargos. Como si fuera poco, las familias denunciaron que fueron escuchadas, espiadas y hasta perseguidas con camionetas del Gobierno de la Ciudad.
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