Además de la efectiva cautelar presentada en el fuero laboral contra el DNU de Javier Milei y del paro general convocado para el 24 de enero contra la poda a los derechos laborales y el ajuste, la cúpula de la CGT viene reuniéndose a diario con las diferentes bancadas de la oposición en busca de sumar adhesiones en rechazo al decreto y a la ley ómnibus, para lo que intenta convencer a los diputados de a uno. Este protagonismo contra la avanzada libertaria seguro influyó para que el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich empezara a enviar notificaciones a sindicatos y organizaciones sociales intimando a pagar multas millonarias por el operativo de seguridad por las protestas realizadas el 22 y el 27 de diciembre. "Por más que intenten este y otro tipo de maniobras y decisiones, creen que nos quedaremos cruzaditos de brazos. Defenderemos a los trabajadores", afirmó el co-secretario general, Pablo Moyano, uno de los principales apuntados por el Gobierno.
La CGT tomó la iniciativa del rechazo a los proyectos de Milei. Primero hubo una movilización a Tribunales para acompañar la presentación del amparo, que luego consiguió el primer fallo favorable de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y dejó en suspenso que suspendió el capítulo laboral del DNU. Entre otras cosas, la norma establecía la extensión del período de prueba, cambios en los juicios laborales, reducción de licencias por maternidad, reducción de indemnizaciones, limitación al derecho a huelga y la realización de asambleas y eliminación de la ultraactividad, por la cual los convenios colectivos se renuevan automáticamente. La decisión desarmó toda la estrategia judicial del Gobierno, que planeaba concentrar todos los amparos en el fuero contencioso administrativo, donde el procurador Rodolfo Barra tiene mayor influencia.
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Hubo en el oficialismo quienes especularon con la posibilidad de que, a partir de ese fallo favorable, la CGT bajara la protesta a la espera de la resolución judicial. Todo lo contrario. Esta semana la central obrera convocó a los delegados regionales que ratificaron el acompañamiento, por lo que no sólo que el paro y movilización del 24 de enero está confirmado, suno que tendrá réplicas en varios puntos del interior del país. Los jefes sindicales imaginan que encabezarán uno de los actos más grandes de los últimos tiempos frente al Congreso, como forma de presión a los diputados que -calculan- ese mismo día o al otro sesionarán para aprobar la ley ómnibus.
Respecto al parlamento, la cúpula de la central viene manteniendo encuentros con todos los sectores afectados y con los bloques de la oposicón para plantear su rechazo a las iniciativas. Héctor Daer y Pablo Moyano ya estuvieron con algunos de los legisladores del bloque que encabeza Miguel Angel Pichetto y hasta con Elisa Carrió, quien no quiere saber nada con la delegación de facultades que el proyecto le otorga a Milei. También hablaron con el radical Facundo Manes y esperan una respuesta al pedido de encuentro que le hicieron llegar al jefe de la bancada, Rodrigo de Loredo. Ayer conversaron con los representantes del FIT y también quieren reunirse con los del bloque Innovación Federal, que integran partidos provinciales.
En unas declaraciones posteriores a la reunión con los delegados de todo el país en la sede de Azopardo, Moyano dijo una obviedad: que el objetivo de la central era voltear tanto el DNU como la ley ómnibus, además de subrayar que "la CGT está más unida que nunca". Por algún motivo, la declaración del representante de Camioneros enardeció al Gobierno. "Acá tienen a los enemigos de la reforma, los que quieren voltear la ley para que nada cambie", salió a decir Milei. En sintonía, ayer a primera hora desde el Ministerio de Seguridad adelantaron que notificarían al gremio de los Moyano con una multa de 40 millones de pesos por la protesta del 27 de diciembre frente a Tribunales. Luego sumaron otros gremios y organizaciones sociales, pero del primero que salieron a hablar fue de Camioneros.
Como ya le sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando lo amenazaban frecuentemente con meterlo preso, Moyano aceptó gustoso el rol en el que lo colocó el Presidente. "Por primera vez coincido con Milei, quien hoy me identificó como 'uno de los enemigos de la reforma' que propone su Gobierno. Soy el principal enemigo", ironizó. Respecto a las multas a sindicatos y organizaciones sociales dijo que era "una locura". "La CGT es el último bastión y muro de contención que tiene el Gobierno, porque el PJ está muerto y los gobernadores se cuidan y solo les resta derrotar al movimiento obrero, pero jamás lo lograrán", advirtió.
La CGT emitió un comunicado respecto a las multas evaluándolas como "un nuevo intento del gobierno de Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país". Advirtió que la central no representaba los intereses de una "casta", sino los de todos los trabajadores del país.
La central obrera se mantendrá activa y en rol protagónico aún luego del paro. En el encuentro que mantuvieron días atrás con Sergio Massa, anunciaron que a fin de mes realizarán una mesa debate en Mar del Plata bajo el título "Hay otro camino", a la que invitarán a gobernadores, legisladores y representantes del empresariado para discutir propuestas de modelo económico diferente al mega ajuste que la derecha plantea como condición inevitable para la marcha de la economía.
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