Una causa en la que se investiga cómo los cuadernos Gloria que supuestamente escribió el chofer Oscar Centeno se ocultaron a la justicia hasta la previa de las elecciones del año pasado ganó relevancia mediática en los últimos días, luego de que el juez Marcelo Martínez de Giorgi impulsara una serie de medidas de prueba. Es que desde que aparecieron los anotadores nunca se profundizó cómo es que volvieron de las cenizas. El derrotero del caso es muy particular: si bien la denuncia es de 2019 y fue a sorteo en Comodoro Py, terminó en manos de Claudio Bonadío. El expediente se ató al de los Cuadernos por “conexidad”. ¿Quién es el fiscal que interviene? El procesado Carlos Stornelli. Es decir, el titular de la Fiscalía Federal N° 4 actúa en la causa principal, de la que fue un protagonista excluyente, y a la vez en la que podría revelar que el caso se sustentó en una farsa.
La denuncia que dio origen a este expediente “paralelo” numerado 8005/2019 la realizó el empresario Néstor Otero, titular de la concesión de la terminal de Retiro, quien fue involucrado en la causa de las fotocopias. Otero fue aceptado como querellante por Martínez de Giorgi el 29 de julio pasado.
¿Qué denunció Otero? Que al esconder los supuestos cuadernos originales por más de un año alguien cometió el delito de encubrimiento: “Al mismo tiempo que la denominada ‘causa de los cuadernos’ ocupaba las primeras planas de todos los diarios del país, existía una o más personas que, sin poder desconocer cuan trascendentales eran, ocultó los originales del accionar de la justicia por un plazo mayor a un año”, sostuvo en la presentación que hizo en 2019.
“Vengo a denunciar la posibilidad de que una o más personas hayan sustraído los cuadernos originales del domicilio del imputado (el chofer Centeno) para evitar que sean agregados al expediente. Asimismo, también existe la posibilidad de que los cuadernos originales hayan sido entregados a un tercero voluntariamente, a la espera de que concluya la instrucción y la causa sea elevada a juicio”, se indicó en la denuncia que entonces terminó en manos de Bonadio, luego de que el juez Ariel Lijo decidiera no tomar el caso. “Un hecho que tampoco puede soslayarse es el momento en que los originales habrían reaparecido”, se remarcó, en referencia a las elecciones presidenciales que sucedieron a los pocos días de la presentación de los anotadores en Comodoro Py.
¿Qué implicó la desaparición de los originales en el marco de la causa central? Que “a partir de la supuesta destrucción de los cuadernos, se generaron diversas máculas y cuestionamientos en torno a la imposibilidad de peritarlos. Estudio de especialidad que hubiese echado luz a cuestiones fundamentales como son la fecha en que fueron escritos, el autor de los mismos, la diferencia temporal en la grafía que presentaba cada uno de ellos”. Al momento de la reaparición de los supuestos cuadernos originales la instrucción de la causa había concluido.
El punto central de la causa 8005/2019 es que según relató el periodista de La Nación, Diego Cabot, un supuesto anónimo le entregó los originales de los cuadernos, el 22 de octubre del año pasado. Cabot fue finalmente la persona que los acercó a tribunales al día siguiente de aquel encuentro. Una vez más, un periodista de un medio hegemónico de comunicación se transformaba en vehículo para acercar información sensible a Comodoro Py. No puede obviarse que si la persona que le entregó los cuadernos a Cabot se dirigía a Comodoro Py y presentaba los originales hubiera sido interrogado por posible encubrimiento.
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El testimonio del periodista de La Nación fue tomado por Stornelli el 23 de octubre del año pasado, en la Fiscalía Federal N° 4. Es el mismo fiscal al que llamó el periodista cuando se hizo de los anotadores originales, tal como declaró en la Justicia. La comunicación se dio a media mañana del día de la declaración.
“Según el relato del periodista Cabot, la persona que le habría entregado los cuadernos sería un hombre de cabello canoso, de unos 60 años y alrededor de 1,60 metros de altura, vestido con un saco azul y con una mochila negra”, se sostuvo en la denuncia de Otero, que se basó en dichos del periodista.
Como Martínez de Giorgi subroga el juzgado federal 11 desde la muerte de Bonadío ahora tiene en sus manos la causa 8005/2019. Y decidió investigar si detrás de esa maniobra hubo algún delito. Por eso ordenó una serie de medidas de prueba el pasado 3 de noviembre.
Por ejemplo, solicitó que los juzgados de Comodoro Py informen “si tramita o tramitó causa alguna donde se investigue el presunto ocultamiento a la justicia de los cuadernos” y que el Municipio de Vicente López informe los registros de las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas dentro del cuadrante donde se habría producido el encuentro de Cabot y el supuesto anónimo que le entregó los cuadernos. Pidió las filmaciones del 22 de octubre. Según informó Luciana Bertoia en Página 12, el municipio que comanda el intendente Jorge Macri comunicó que el material requerido no se pudo encontrar.
Organizaciones como Fopea criticaron al magistrado porque consideran que está avanzando contra la fuente de un periodista. Repudiaron su accionar y rechazaron “por inconstitucional la decisión del juez”.
Otero también había pedido un “inminente peritaje caligráfico” y “la realización, por intermedio de la división de la Policía Federal especializada, de un estudio sobre las celdas del celular del periodista Cabot para determinar la ubicación y el número desde donde recibió las llamadas del martes 22 de octubre de 2019”. Esta decisión, que hasta el momento no impulsó Martínez de Giorgi, fue uno de los puntos que criticó Fopea. En esa misma presentación, el empresario había enfatizado “que con la interposición de la presente denuncia no se busca afectar la garantía constitucional de los periodistas de no revelar sus fuentes, ya que está claro que las fuentes de información periodística representan el manantial necesario para el normal funcionamiento de la prensa, esta no es una denuncia enderezada en contra del periodista”. Punto seguido, resaltó “la importancia que tiene arbitrar todos los medios a nuestro alcance para esclarecer los hechos aquí denunciados”.
En una nota que publicó el 2 de diciembre Joaquín Morales Solá en La Nación, titulada “Ahora van por el periodismo”, escribió que “Martínez de Giorgi tomó la decisión de hurgar en las fuentes de información de Cabot sin la intervención de Carlos Stornelli, que es el fiscal de la causa iniciada por Otero. La no intervención de Stornelli podría terminar en la nulidad de la decisión del juez”. Pero según se desprende de un dictamen firmado por el fiscal en el que le dio impulso penal a la presentación –donde constaban los pedidos del querellante-, afirmó que “sin perjuicio de ello y de toda otra medida que V.S. entienda apropiada y que a su vez resulte útil y pertinente, a los fines de la individualización del autor o los autores del hecho objeto de autos, se sugiere se libre oficio a Policía Federal Argentina, a sus efectos”. Que fue lo que hizo el juez.
Martínez de Giorgi también le dio intervención a las partes del caso Cuadernos. Ocurrió el 9 de noviembre pasado cuando acumuló las causas. Por lo que no se debieran descartar nuevos planteos al respecto. Sobre todo, porque el hecho de que no se hayan encontrado las filmaciones no hace caer la pesquisa.
Lo que parece claro es que Stornelli debiera excusarse de intervenir en este expediente paralelo, que de avanzar podría arrojar revelaciones que impacten en la “causa madre”. No brinda muchas garantías que el principal interesado en que el expediente principal no se caiga sea quien intervenga en el que se investiga quién ocultó los cuadernos Gloria y por qué aparecieron justo en la víspera de una elección determinante para el país. Si Stornelli no se excusa podría haber un debate en torno a su recusación. Si el fiscal se corriera o fuese corrido, podría traer coletazos en la causa de las fotocopias ya que los expedientes quedaron acumulados.
Modus operandi
El accionar de Stornelli no debiera sorprender. Su intervención cruza diversos casos vinculados al Lawfare. Por ejemplo, en el caso que se investiga la operación mediático-judicial contra el juez Sebastián Casanello, en el que se instaló que estuvo en la Casa Rosada junto a CFK, aparece Stornelli a los dos lados del “mostrador judicial”. El fiscal fue quien le tomó declaración a los testigos falsos Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, quienes dijeron haber visto a Casanello en Olivos. Ambos fueron condenados a tres años de prisión el pasado 30 de noviembre por ese “falso testimonio”. El propio Sotrnelli fue quien investigó el delito. El TOF 3 que juzgó a quienes mintieron pidió ahora investigar a los autores intelectuales del hecho. Detrás de esa maniobra se estima que estuvo la AFI macrista. Siguiendo la lógica judicial, el caso estaría en manos de Stornelli, cuyo hijo revistó en el organismo de inteligencia durante el gobierno de Macri, tal como reveló este medio.
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Stornelli también aparece en la causa Operación Puf –que instruyó Bonadío- intentando “blanquear” las escuchas ilegales que realizó la AFI macrista en la cárcel de Ezeiza sobre dirigentes políticos detenidos. Luego de que se reprodujeran las interceptaciones ilegales en los programas de televisión que conducen Luis Majul y Jorge Lanata, el 26 de mayo de 2019, el fiscal, que es querellante en ese expediente, presentó las grabaciones ilegales ante el juzgado 11 de Comodoro Py como prueba. De esa forma, se le dio cobertura a la operación ilegal de la AFI. Porque si eran citados, los periodistas tienen el derecho de preservar a su fuente. Era una forma de evitar que se llegue a la agencia de inteligencia. Parte de esas escuchas tomadas en el penal de Ezeiza se acumularon a la causa Cuadernos y a la de Operación Puf, desde la que se buscó derribar el D’Alessiogate, donde Stornelli fue procesado por su vinculo con una organización paraestatal dedicada al espionaje ilegal.
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