Juan Ignacio Buzali estaba detenido desde el 9 de enero por el intento de doble “homicidio en grado de tentativa” y, este viernes, la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, dictó la prisión preventiva para el imputado.
Tras conocerse el fallo, Juan Manuel Fontana y Juan Beluardo, abogados de Iván Coronel, uno de los dos jóvenes atropellados, afirmaron a El Destape que la prisión preventiva “era el resultado que esperábamos”. Además indicaron que “desde que sucedió el hecho existió un claro y evidente riesgo de fuga y entorpecimiento probatorio”.
Desde la defensa señalaron: “Entendemos que si el señor Buzali al momento del hecho intentó fugarse de la escena del crimen, nada obstaculiza que, de obtener la morigeración de la pena, pueda adoptar el mismo temperamento”. En ese sentido, tanto Beluardo como Fonta recordaron que “todos los llamados que hicieron al 911, posterior al hecho vial, nunca mencionaron que habían sufrido un accidente, siempre dijeron que les quisieron robar y eso es una forma de eludir la investigación judicial”.
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Por otra parte, la defensa, a cargo de Marcelo Peña, señaló que en la causa “faltan pericias”, como la accidentológica oficial, y pruebas “clave” que podrían cambiar el sentido de la causa. Fue así que pidió la ampliación de la pericia mecánica.
Peña detalló al portal 0221 que posee un “informe por un perito de parte de la pericia accidentológica” y que, con dicho estudio, podría verse que “la embestida fue con una velocidad final de 25 kilómetros por hora”, por lo que “con esa velocidad resulta imposible que Buzali tenga intenciones de matar”.
Para la querella dicha hipótesis no es posible. Si bien existe una pericia de parte y falta la oficial, “no hay indicio alguno que haya viajado a 25 kilómetros por hora”, enfatizó Juan Beluardo y agregó: “El modelo Fiat 500 L posee un sensor de movimiento que se desactiva en dos circunstancias, cuando vas a menos de 5 kilómetros y cuando vas a más de 30 kilómetros por hora, con lo cual, si hubiese transitado a 25 kilómetros por hora ese sensor se hubiese activado y habría marcas en el asfalto y no hay”.
El sensor al que se refirió la defensa se llama Low Speed Collision Mitigation (LSCM),y es un sistema de seguridad que posee el auto de Piparo y Buzali, que reconoce la presencia de vehículos u obstáculos frente al automóvil y ayuda al conductor a evitar colisiones a baja velocidad.
El mismo evita colisiones y/o mitiga las consecuencias de estas si se circula entre 5 km/h y 30 km/h. Por debajo de los 5 km/h el sistema queda desactivado y, por encima de los 30 kilómetros, mediante un haz láser analiza los vehículos y obstáculos estáticos o móviles que se encuentran a una distancia de hasta 10 y 12 metros en la trayectoria del vehículo.
Amén del sensor, Juan Beluardo explicó que “se dio una persecución por más de 10 cuadras y en un enjambre de 7 motos, Buzali sabía a las claras lo que estaban haciendo”.
¿Separados o casados?
Si bien Carolina Piparo y Juan Ignacio Buzali están casados, la pareja estaría separada de hecho hace meses. De constatarse la causa podría cambiar rotundamente ya que ambos podrían acusarse del hecho penal.
En la primera declaración de la diputada, Piparo dio su domicilio en el country de Grand Bell en La Plata, pero en la segunda otorgó uno nuevo en Puerto Madero. Por su parte, Buzali habría dado un domicilio diferente lo que generó ciertas dudas en la querella.
“Nunca estuvo claro el domicilio de Buzali, por lo que entendemos que no se da supuesto arraigo judicial que requiere un beneficio de morigeración de la pena”, agregó Fontana. La nueva hipótesis podría avanzar en los próximos días.
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