La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, se refirió a la causa de Vialidad que se lleva adelante y que tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner como principal acusada y lo definió como un "disparate judicial". Asimismo, sostuvo que el presidente Alberto Fernández "siempre compartió el parecer" del Grupo de Puebla respecto de que la causa por presuntas irregularidades en la obra pública "es de clara persecución judicial" y "no tiene ni pies ni cabeza y es un disparate".
"El Presidente lo expresó yendo a declarar al tribunal y en un hilo de tuits", recordó Cerruti en conferencia de prensa desde Casa Rosada. Asimismo, marcó que “la causa es una causa de clara persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner, que no tiene ni pies ni cabeza, que es un disparate judicial absolutamente”.
En otro tramo de la conversación con periodistas, la portavoz afirmó que de los 9 millones de hogares que solicitaron mantener subsidios de luz y gas “el 80% gasta menos de 400 kilowatts por mes, por lo que van a mantener el subsidio”, en relación con la segmentación de tarifas. “Del 20% restante no esperamos que paguen más tarifas sino que reduzcan un poco sus gastos” energéticos, agregó Cerruti durante su habitual conferencia de prensa semanal en la que brindó pormenores de la reunión mantenida hoy entre el presidente, Alberto Fernández, y su ministro de Economía, Sergio Massa. "Recuperamos una cierta sensación de estabilidad", destacó.
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La funcionaria también indicó que la nueva política en relación con las tarifas no tiene solamente un objetivo fiscal, sino que también persigue “una idea de empezar a considerar que tanto el gas como la luz son bienes de difícil acceso en el mundo, que son bienes que tenemos que cuidar porque tienen que ver con la crisis climática, y que por lo tanto el ahorro tiene que pasar a ser una acción voluntaria pero persistente de los argentinos y las argentinas”.
Por otra parte, la portavoz afirmó que el Gobierno "tiene políticas activas de conversación con todos los sectores, y todas las discusiones se dan en el Parlamento, que es el lugar donde se expresan las mayorías y las minorías en la política". Mientras que destacó, en relación al flamante ministro de Economía, sostuvo que las consultoras privadas "ven con optimismo las medidas" que ya están siendo implementadas.
Causa vialidad: los alegatos del fiscal contra CFK
El pasado 1° de agosto, tras concluir la feria judicial de invierno, comenzó en Comodoro Py una nueva audiencia a través de la plataforma Zoom en el marco del juicio Vialidad contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner junto a otros exfuncionarios y empresarios. Cabe recordar que la Corte Suprema ya dio vía libre e incluso avaló que el control de la sentencia lo hagan los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, recientemente sobreseídos -sin ser investigados- por sus reuniones con Mauricio Macri en la quinta de Olivos.
Cuando CFK declaró, al inicio del juicio de Vialidad, sostuvo que "fue un plan ideado por el Gobierno saliente" de Mauricio Macri y que la causa "forma parte del lawfare". En este marco, el fiscal Diego Luciani sostuvo que hay una "enorme prueba relevante" para formular la acusación por supuestos delitos en la obra pública en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. En este período, afirmó que funcionó una "asociación ilícita" encabezada por quienes "se desempeñaron como jefes de Estado".
Fue frente al Tribunal Oral Federal N° 2, donde el fiscal dio estos argumentos. Y agrego: "Al asumir Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández, instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se han instalado en el país", con "ausencia absoluta" de controles. Además, criticó a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) que pidió, el mes pasado, la absolución de todos los acusados por falta de pruebas.
"No podemos menos que catalogar su trabajo como temerario, poco serio y hasta irresponsable", sostuvo Luciani. Esto ocurrió en la última jornada previa a la feria, el pasado 18 de julio. En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo "Austral Construcciones" de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.
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